El desamparo de la familia de San Juan de Dios, acosada desde hace meses por un toxicómano con problemas mentales, vuelve a poner de manifiesto la inoperancia del sistema policial y judicial en materia preventiva. Es cierto que conviene distinguir entre una falta y un delito, pero no lo es menos que los mecanismos sociales de defensa contra este tipo de situaciones no pueden ni deben someterse a principios burocráticos que atentan contra la lógica más primaria. Si un individuo reitera en público su intención de forzar sexualmente a una mujer, y se regodea en que «más tarde o más temprano» cometerá un asesinato, nadie deberá extrañarse si, por desgracia, alguna de ambas cosas acaba ocurriendo. Está contrastado que el toxicómano mantiene una conducta agresiva, y que no guarda ningún miedo a la acción judicial. Sólo cabe esperar que las autoridades no se decidan a intervenir, o que intervengan demasiado tarde.