La decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el acuerdo que el Gobierno tomó el pasado mes de febrero, autorizando la OPA de Gas Natural sobre Endesa, ha enmarañado aún más -si cabe- la situación que sufre nuestro sector energético. Tanto que la operación se considera ya en estado de coma profundo aunque, en principio, la suspensión sea cautelar y no una sentencia; lo que induce a pensar que cuando se conozcan las razones de los votos particulares, quizá el Gobierno se decida a presentar un recurso de súplica ante la misma Sala Tercera que, al tratarse de los mismos magistrados que han emitido el auto, difícilmente prosperará. Más importante es, sin embargo, la imposición en el mismo auto de un nuevo aval de mil millones a Endesa como garantía a posibles perjudicados, porque la existencia de otra decisión del Juzgado de lo Mercantil número tres de Madrid, imponiendo otro por la misma cuantía, abre la puerta o bien a sustituir uno por otro o a consolidar los dos.

Las reacciones de las partes enfrentadas han respondido a lo esperado. El Gobierno dice respetar la decisión pero se duele, y mientras los dirigentes de Endesa se ufanan de su triunfo, los de Gas Natural critican la misma diciendo que es contraria a la jurisprudencia. De los que nadie parece acordarse es de los auténticos protagonistas de la OPA, es decir, los accionistas. La hibernación de la operación, que podría llegar a durar hasta dos años, introduce tanta incertidumbre que muchos accionistas de Endesa podrían terminar abandonado, causando una peligrosa baja. De momento, las cotizaciones de la gasista y la eléctrica, después de conocerse la decisión del Supremo, han seguido las pautas esperables: la primera subió un 1,65% sobre la base de que, posiblemente, se libre del astronómico desembolso para comprar Endesa, y ésta cayó un 0,7% porque muchos de sus accionistas -cuyos títulos han subido casi un 60% desde el comienzo de esta saga- decidieron convertir en dinero sus ganancias antes de que las cosas empeoren. Desorientados por el inescrutable final de todo esto, los pequeños accionistas de Endesa basculan entre la opinión de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, que respalda la decisión del Supremo, y la recientemente creada Accionistas Asociados, que teme que el aval perjudique sus intereses y reclama que se deje a los accionistas atender la oferta del comprador que ellos libremente elijan. En cualquier caso, la decisión del Supremo es de un enorme interés por cuanto supone un espléndido ejercicio de democracia: es la primera vez que el Tribunal Supremo anula lo acordado en un Consejo de Ministros, aunque ello implique poner en evidencia la imprudencia y falta de moderación que ha mostrado el Ejecutivo en este asunto.