LLEGA la hora del relevo en el proceso de reforma del Estatuto de Andalucía. Los once ponentes encargados de redactar un nuevo articulado concluyen hoy un trabajo que comenzaron el 24 de septiembre de 2004. Estos parlamentarios -ocho hombres y tres mujeres- hilan el Preámbulo y el Artículo I, últimos pespuntes del traje estatutario que, pese a las buenas intenciones expresadas por todos los partidos, carecerá de un único patrón. Las diferencias sobre qué modelo adoptar, lejos de disiparse, han aumentado. De las 781 enmiendas que los cuatro grupos presentaron a la proposición de Ley que fue tomada en consideración en febrero, sólo se han incluido las 134 aportadas por el PSOE. De las 230 del PP; las 117 de IU y las 295 del PA, apenas sí se han admitido un puñado de ellas.
Este panorama transmite cierta sensación de decepción, sobre todo tras las loas al consenso que nacieron de la reunión que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, mantuvo el pasado 6 de marzo con los representantes de PSOE, PP, IU y PA.
La trinchera de las discrepancias alberga casi los mismos reproches que hace un mes. Pero ya no hay margen para grandes cambios de timón, sobre todo porque la Comisión de Desarrollo Estatutario examinará el próximo jueves el articulado, paso previo a su aprobación definitiva por el Parlamento -el pleno está previsto para los primeros días del mes de mayo-.
El protagonismo pasará después al Congreso de los Diputados, donde el Estatuto de Autonomía tendrá la misma criba que el valenciano o el catalán. Esta es una de las claves que puede explicar el comportamiento de los partidos andaluces. Mientras PSOE, PP e IU cuentan con representación en Madrid, el PA sabe que perderá todo protagonismo hasta que el articulado regrese a Andalucía para que sea rubricado en referéndum.
Posiciones firmes
Los andalucistas tensan la cuerda con una fuerza superior a la que le conceden sus cinco parlamentarios andaluces, pero siguen en sus trece y cada vez parece más obvio que votarán que 'no'. El PP, que reitera una y otra vez su decepción por el proceso, cede el signo de su decisión a los órganos del partido. Esta incógnita vuelve a dejar solos a PSOE e IU que, pese a ciertos encontronazos, es la única formación que valora los esfuerzos de los socialistas por el consenso.
El meollo del debate, más allá de las estrategias partidistas que puedan poner en liza unos y otros, se sostienen, según las declaraciones de los protagonistas, en tres cuestiones: Definición, financiación y competencias. Pese a ello, el capítulo de Derechos Sociales también ha dado pie a muchas discusiones. Estos son los posicionamientos actuales de los cuatro partidos.
PSOE
No cederá más
'Realidad nacional' y máximas competencias
El PSOE dice tener claro su objetivo: La reforma del Estatuto debe profundizar en el autogobierno, agotando el techo de las competencias señaladas en la Constitución, y fortalecer la organización institucional de Andalucía. Todo ello manteniendo su compromiso político con el bienestar social, de ahí la importancia que le han otorgado al capítulo de Derechos Sociales.
Las más de 130 enmiendas que presentaron los socialistas a su propia propuesta estatutaria tienen una razón clara: Igualar el articulado andaluz al catalán tanto en financiación como en competencias, siempre respetando el techo constitucional. En esta última cuestión, supera al de Cataluña: control de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y de todos los puertos y aeropuertos andaluces; remodelación del Poder Judicial; potestad en la regularización de los inmigrantes que trabajan en Andalucía; Agencia Tributaria compartida... Pero este esfuerzo irrita a los populares y no contenta al PA. IU, por su parte, quiere más, pero acepta las transnacionales del PSOE.
Hoy es el último día para debatir la definición de Andalucía, un escollo crucial en el camino hacia el consenso. El PSOE, con el presidente Manuel Chaves al frente, ha dejado claro por activa y por pasiva que Andalucía no se definirá como nación ni en el preámbulo ni en el Artículo I.
Este posicionamiento contentaba al PP, pero lastimaban de forma directa las aspiraciones de IU y PA. Los socialistas han aceptado parte de la fórmula propuesta por el ex ministro de la UCD, Manuel Clavero y, finalmente, introducirán el término 'realidad nacional' en el Preámbulo y mantendrán el de 'nacionalidad histórica' en el Artículo I. Manuel Gracia, presidente de la ponencia y portavoz del grupo parlamentario del PSOE, advirtió el pasado lunes de que su grupo ya no tenía más margen de maniobra. O lo que es lo mismo, que ya no habría más cesiones.
PP
Al borde del 'no'
Andalucía en una España indisoluble
Los populares mantienen su convicción de que Andalucía no necesitaba una reforma del Estatuto, porque aquí no existe ningún problema autonómico. Y eso se ha notado en el trayecto recorrido por la ponencia estatutaria. La decisión de abstenerse en la toma de consideración de la proposición de Ley sobre la reforma, encendió las alarmas.
La explicación de Javier Arenas, presidente regional de los populares, calmó los ánimos: La abstención era un 'no' que quería ser un 'sí' y, en cualquier caso, el 'no' a la propuesta final era algo poco menos que impensable. La decisión del PSOE de incluir el término 'realidad nacional' ha desmoronado ese convencimiento. Los populares califican de incomprensible este cambio de postura de los socialistas, a los que acusan de romper un pacto previo entre ambas formaciones. El PP se planta en 'nacionalidad histórica' y, sobre todo, descalifica una redacción donde se suprime la alusión directa a una España indisoluble.
Se queja, igualmente, de que las manos tendidas de Manuel Chaves al consenso no se han correspondido con la actitud de los ponentes del PSOE, que apenas les ha aceptado un ramillete de las 230 enmiendas que los populares han presentado.
IU
Negociar hasta el pitido final
Los derechos sociales como bandera
La coalición de izquierdas, una vez que se convenció de que Andalucía no pierde ni en competencias ni en financiación con Cataluña, desvió sus ojos al capítulo de Derechos Sociales. Ahí ha puesto la carne en el asador para que se incluyera la posibilidad de que los andaluces pudieran elegir una muerte digna -la penúltima redacción al respecto no les convenció mucho-, que se garantizará la subsistencia mínima de todos los ciudadanos o la inclusión de un apartado específico y diferenciado a la protección de las mujeres contra la violencia de género.
Desea un paso más en lo referente a la reforma agraria y al cierre de las bases militares norteamericanas en Rota y Morón, por eso no tira la toalla y negociará hasta el final.
PA
Erre que erre
Nación y todo lo que tenga Cataluña
El PA ansía un calco del Estatuto catalán. Sus dirigentes recuerdan que Rodríguez Zapatero y Artur Mas, de CiU, se reunieron para debatir la denominación, financiación y la codecisión, y que el resto del Estatuto eran meros flecos. Comparan este gesto con el trámite andaluz e insisten en que el sur pierde mucho respecto al modelo catalán. Por eso no se han movido ni un ápice de su casilla: Andalucía es una nación.
La cuestión es que, con cinco parlamentarios, una guerra sin concesiones les viene grande. Insisten en que dar el visto bueno al articulado que promueve el PSOE es traicionar a Andalucía y, si bien en política siempre hay espacio para cambiar de estrategia, dirán que 'no'.