La Ley Orgánica de Educación (LOE), una de las iniciativas legislativa estrella impulsada por el Gobierno socialista esta legislatura, vio ayer su luz definitiva, impregnada del espíritu que le quisieron insuflar el Ejecutivo y sus socios o adláteres durante su aprobación inicial en el Congreso y sin dejarse ensombrecer por las modificaciones introducidas, a iniciativa del PP, durante su trámite en el Senado gracias al singular reparto de fuerzas en esta Cámara.

La sexta ley educativa de la democracia entrará en vigor el próximo curso. Rodeada de controversia y una masiva contestación social desde que fue preñada, hace ya cerca de año y medio, nació ayer sin mayores impedimentos, tras su ratificación definitiva en la Cámara Baja y después de una travesía convulsa que se topó con la frontal oposición de la Iglesia católica y de organizaciones de signo conservador del sistema educativo. El frente común anti LOE vivió su punto crítico con la manifestación celebrada el 21 de noviembre en Madrid, a la que asistieron cientos de miles de personas.

Como era previsible, sólo el PP se quedó al margen del parto. El PSOE recibió a su retoño casi sin inmutarse y sólo percibió complicaciones menores por la abstención de CiU, que la justificó en base a la inclusión de un artículo de los considerados no esenciales y que permite la presencia de representantes municipales como concejales en los consejos escolares de los centros educativos.

Una táctica de CiU

Un asunto de relativa importancia, pero no fundamental en el grueso del nuevo texto, y que en diversas fuentes parlamentarias se interpretó como una reacción táctica de los nacionalistas catalanes para hacerse rogar en futuras negociaciones parlamentarias.

El Pleno del Congreso aprobó la LOE con 181 votos a favor -PSOE, ERC, PNV, IU-ICV y Coalición Canaria-, la única oposición del PP -133 votos en contra- y 12 abstenciones -nueve parlamentarios de CiU y de tres diputados del Grupo Mixto (dos del BNG y uno de la Chunta Aragonesista)-. ¿Sorpresas? Si acaso la de CiU, pero menos. A cambio, el PSOE atrajo a favor de la nueva norma legislativa a IU y la diputada de Nafarroa Bai, del Grupo Mixto, que durante el trámite inicial en el Congreso se abstuvieron y ayer votaron a favor. Además, garantizó el apoyo de ERC e Iniciativa per Catalunya, que consideraban esencial la presencia municipal en estos foros escolares.

La satisfacción más patente para los socialistas -y el Gobierno, por extensión- se vivió gracias a la correlación de fuerzas en la Cámara Baja. Durante el trámite en el Senado, donde el PP no reina pero casi gobierna, el principal partido de la oposición logró introducir modificaciones al texto, algunas sustanciales y simbólicas, que ensombrecían el contenido del proyecto legislativo, cuando no le desvirtuaban o le dejaban cojo y desequilibrado en aspectos sustanciales. Bien es cierto que, quizá como aviso a navegantes, el PP se vio apoyado, por acción u omisión, por algunos grupos nacionalistas -catalanes y vascos- que se abstuvieron o apoyaron algunas transaccionales pivotadas por los populares.

Enmiendas rechazadas

Pero ayer, el PSOE se dio el gustazo y tumbó y echó atrás todas las enmiendas incorporadas al texto provenientes de la Cámara Alta que fueron contaminadas por el PP. Algunas, más que simbólicas. Por ejemplo, la de la conocida asignatura de Religión. El PP, gracias a una enmienda introducida en el Senado, había conseguido que se garantizar la enseñanza de la Religión, ofreciendo distintas opciones confesionales y no confesionales, en condiciones académica iguales a todos los efectos. Es decir, que dispondría de una materia como alternativa pero, en cualquier caso, sería una asignatura con nota para la media y evaluable.

Un esfuerzo ímprobo para nada. El Congreso, ayer, volvió al texto original aprobado en su inicial trámite en esta Cámara y dejó las cosas como estaban entonces. Es decir, que la asignatura de Religión no computará ni para notas medias ni para becas, pero es que, además, será de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos.

Los intentos del PP por suprimir la polémica nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía en varios cursos de Educación Primaria, que consiguió colar en el Senado vía enmienda, también se vieron frustrados.

No quedó ahí la cosa. El PP tampoco pudo colar su intención de anticipar en cuatro años, a 2012, que el gasto público en educación alcanzara la media del PIB en la UE. El objetivo perseguido seguirá, según la ley definitiva, fijado para 2016. Asimismo, el Congreso echó atrás la enmienda popular que pretendía crear un fondo de cohesión interterritorial educativo para garantizar la cohesión social entre las comunidades autónomas.

Derecho de reunión

Lo que sí se aprobó en el Congreso fue la matización introducida sobre el artículo de los novillos escolares durante al trámite en el Senado. Así, el texto definitivo contempla que, a partir de 3ª de la ESO, los alumnos podrán decidir en asamblea no asistir a clase, con el argumento de ejercer su derecho de reunión y participación, sin que ello pueda ser objeto de sanción.

El PP también se enfrentó contra un muro con otra enmienda incorporada en la Cámara Alta por la que pretendía convocar pruebas extraordinarias para facilitar el acceso de los interinos a la función pública docente, ya que fue rechazada. Otras enmiendas de cierta envergadura, como la obligatoriedad de la Informática en 4º curso de la ESO o el carácter educativo-asistencial de la enseñanza hasta los tres años, decayeron en la votación final.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, vivió quizá ayer su jornada de mayor enjundia política desde que accedió al cargo. Vio triunfar, aún a costa de más de un disgusto en un largo peregrinaje de meses, cómo veía la luz su iniciativa más ambicionada. Durante su intervención en el pleno del Congreso, la madre de la LOE dio en calificar a su retoño legislativo como una norma «optimista y ambiciosa». Para San Segundo, si algo caracteriza a la norma es que «cree en el Estado de las Autonomías, en un sistema descentralizado que es el que ya utilizan los países más avanzados».

Sin embargo, desde el PP las críticas no se hicieron esperar. La portavoz popular, Ana Pastor, insistió en la crítica sustancial de su partido: la LOE contribuye a la desvertebración de España, ya que crea «17 sistemas educativos diferentes a partir de hoy».