Batasuna asume que no podrá celebrar el próximo domingo en San Sebastián el acto en el que pretendía presentar su nueva dirección y su proyecto político tras la prohibición ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. Más allá de la responsabilidad del magistrado, la formación ilegalizada atribuyó la decisión al «sabotaje permanente» a todas sus iniciativas por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero, por lo que demandó una «respuesta conjunta» de las fuerzas contrarias a la prohibición para que se respeten sus «derechos civiles y políticos».

El coportavoz de Batasuna, Joseba Permach, señaló que es «más que evidente» que no será posible llevar a cabo el acto político previsto para el domingo en la capital guipuzcoana y en el que la formación ilegalizada iba a presentar a su nueva dirección y su alternativa para los próximos años.

Junto a las críticas al juez, Permach responsabilizó de lo ocurrido al Gobierno central y no ocultó su extrañeza ante su forma de actuar. Tras reconocer que en los 15 días transcurridos desde el alto el fuego de ETA anunciara ha habido aspectos «muy positivos», lamentó la existencia de otros «muy negativos». Se declaró sorprendido, por ejemplo, por la respuesta gubernamental porque «sería impensable para cualquier ciudadano de Euskal Herria imaginarse hace 15 días que el Estado español, con el PSOE a la cabeza, iba a responder a la nueva realidad que se ha abierto en Euskal Herria con el chantaje y el sabotaje permanente a las expectativas de paz» por medio de encarcelamientos, fianzas multimillonarias o prohibición de actos.

Emplazamiento

El Gobierno de Rodríguez Zapatero no quiso entrar en la polémica y se limitó a recomendar a la formación fuera de la ley que con el alto el fuego de ETA se ha abierto «un tiempo nuevo» en el que es necesario que «las viejas conductas se modifiquen». El secretario de Comunicación, Fernando Moraleda, recordó a los dirigentes de Batasuna que «se está dentro de la ley o no se está» y dijo que si Batasuna quiere volver a ser un formación legal debe «respetar» que ahora no puede tener actividad pública por la sentencia del Tribunal Supremo.