Fueron más de tres horas de interrogatorio en las que el juez Miguel Ángel Torres no quiso dejar cabos sueltos. Durante casi toda la tarde del miércoles, el superintendente de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, debió responder a preguntas que giraban en torno a su relación con la empresa concesionaria de las grúas, a su supuesto conocimiento de las irregularidades que se habían cometido en la adjudicación del servicio, y también a la procedencia de las tres pistolas sin documentación halladas en su despacho.

Del Pozo había sido citado a las once de la mañana, pero el interrogatorio no dio comienzo hasta pasadas las tres de la tarde. Cuando terminó, debió pagar una fianza de 20.000 euros para salir en libertad. El juez lo ha imputado por siete cargos: tres de tenencia ilícita de armas, dos de encubrimiento, uno de omisión del deber de perseguir el delito, y uno de tráfico de influencias. En total, cuatro delitos.

El registro realizado el pasado 29 de noviembre en el despacho de Rafael del Pozo durante el desarrollo de la operación Malaya tenía por objetivo recabar información sobre la concesión de la grúa, pero los policías se encontraron con una sorpresa que no esperaban: tres pistolas sin documentación. Durante el interrogatorio, Del Pozo aseguró que se las habían regalado.

Rolls Royce

Otro de los asuntos sobre los que se interesó el juez fue sobre el Rolls Royce propiedad del Ayuntamiento que estuvo más de dos años sin que se conociera su paradero y reapareció curiosamente dos días antes de la operación policial (el lunes 17 por la mañana) aparcado en los garages de la Policía Local. Este periódico ha podido saber que fue un subinspector del cuerpo quien condujo el coche de lujo hasta las dependencias policiales. El juez preguntó a Del Pozo si conocía dónde había estado el vehículo durante todo este tiempo y cómo había llegado hasta el edificio policial.

Pero la mayor parte del interrogatorio se centró en el escándalo de la grúa. El magistrado quería saber cuál es la relación de Del Pozo con Ismael P. P., apoderado de la sociedad Alquicamsa, adjudicataria del servicio, que se encuentra en la cárcel, si sabía que el empresario le había regalado vehículos a la alcaldesa y qué conocía acerca de las irregularidades supuestamente conocidas durante la adjudicación del servicio.

Otra parte del interrogatorio giró asimismo sobre la supuesta contravigilancia realizada a Roca por agentes de la Policía Local. Fuentes de la investigación han indicado que la voz del jefe del Cuerpo de seguridad local aparece en varias de las escuchas telefónicas realizadas. El vigilante no estaba a salvo de ser vigilado.