La última sesión de control al Gobierno andaluz en este trimestre -el próximo pleno será en mayo- puso en evidencia, una vez más, cuál es el tema estrella en esta legislatura: La reforma del Estatuto de Andalucía.
Dos de las tres preguntas que los grupos parlamentarios le hicieron ayer al presidente Manuel Chaves versaban sobre aspectos tan candentes en la negociación como la denominación de Andalucía y la no coincidencia de convocatorias electorales. Ambas cuestiones se incluyeron en el bloque de nueve puntos prioritarios pactados por los líderes políticos en la reunión que mantuvieron a principios de marzo con Chaves.
Las posiciones sobre la polémica entorno a la definición de Andalucía están claras: El PP pide que se eche pie a tierra, mientras que IU, y sobre todo el PA, quieren que los socialistas galopen hacia el término nación.
Teófila Martínez, portavoz del PP, escenificó los reproches de su formación. Los populares entienden que, desde el 7 de octubre de 2005, tienen un pacto con los socialistas en el que cerraban la siguiente definición: «Andalucía, como expresión de su identidad y en el ejercicio del derecho al autogobierno que toda la Constitución reconoce a toda nacionalidad histórica, se constituye en comunidad autónoma en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».
El PSOE ha cambiado parte del contenido por el continente. Los socialistas presentaron una enmienda el 24 de marzo en la que mantenían el término de nacionalidad histórica, pero constriñen el resto de alusiones a la nación española por una referencia al artículo 2 de la Constitución española que, en definitiva, establece el mismo principio.
Puntos y comas
Martínez preguntó a Chaves los motivos de este cambio e insinuó que estaba provocado por la aprobación del Estatuto de Cataluña y lo que a su juicio era un plan de Zapatero para establecer y para acabar con el concepto de España, tal y como se conoce en la actualidad.
El presidente entró pronto en faena. Le dijo a Martínez que para respetar la Constitución no hace falta transcribirla, «con puntos y comas», en el nuevo Estatuto andaluz. Es más, explicó que sólo cuatro de los 17 articulados autonómicos que existen en España hacen una referencia directa a la unidad indisoluble de España -Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla-, por lo que consideró más que razonable modificar su redacción, pero manteniendo intacto su espíritu.
Preámbulo
La controversia subió un escalón más con la referencia que, con casi toda seguridad, albergará el preámbulo del Estatuto andaluz a la realidad nacional de nuestra comunidad autónoma. El PP insiste en que Andalucía no gana nada con esta fórmula y, por el contrario, renuncia a ser el contrapeso a estatutos insolidarios como el catalán y, además, viola el sentir de la mayoría -según los sondeos-. El mandatario quiso dejar claro que en amor y mimo a la defensa de la indisoluble unidad de España, el PSOE tiene una trayectoria más intensa que la del PP. Asimismo, puso el acento en que la fórmula de realidad nacional sólo irá en el preámbulo -que carece de importancia legal- y no es de la cosecha del PSOE, sino que está inspirada en una propuesta de Manuel Clavero, ex ministro de UCD.