El PSOE reforzó ayer su petición de transparencia en la «opaca» gestión urbanística del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar reclamando en esta ocasión a su alcaldesa, Laura Seco (PP), explicaciones sobre los intereses en el municipio de dos imputados en la Operación Malaya, Tomás Olivo y Julio de Marcos.

El portavoz socialista en el consistorio sanluqueño y secretario local, Germán Mora, reclamó información sobre el vínculo con la construcción de una gran superficie en la carretera de El Puerto, en el polígono de Rematacaudales, de Olivo -la licencia fue concedida a Gestión y Desarrollo de Espacios Comerciales (Gedecom), aunque al parecer por una transacción pasa a manos del empresario murciano -, del que recordó está en busca y captura por su relación con el caso del consistorio de Marbella.

Mora apuntó que ya en marzo de 2004 denunciaron en un pleno municipal que la licencia de obras concedida a este centro permitía construir 8.000 metros cuadrados más de edificabilidad, a pesar de un informe técnico en contra de la propia Gerencia Municipal de Urbanismo. Algo que consideró «es un regalo a la empresa de Tomás Olivo», ya que el precio estimado de esa superficie extra era de unos 9,7 millones de euros.

En cuanto al caso de Julio de Marcos, imputado, detenido y en libertad bajo fianza de 12.000 euros, los socialistas quieren que se aclare su relación con la Empresa Municipal de Autobuses de Sanlúcar, a la que se le concedió la gestión de la estación de autobuses sin concurso público, de manera urgente y provisional. A pesar de admitir que TUSSA lleva más de una década operando en el municipio, Mora insistió en que el proceso para la concesión ha sido «a dedo».

Tras las denuncias, otros partidos como IU y los independientes Aldesa y Bloque de Progreso, los sindicatos CC OO y UGT -comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento incluidos-, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos y Ecologistas en Acción coincidieron en la «alarma social» que suscitan los hechos.