Un acuerdo unánime que puede suponer la salvación económica del Ayuntamiento de Marbella. El Parlamento andaluz acordó ayer personarse como acusación particular en la instrucción del denominado caso Malaya y solicitar la restitución a las arcas municipales de los más de 2.400 millones de euros que se han incautado en el transcurso de esta operación contra una presunta trama de corrupción urbanística.

Los portavoces de PSOE, PP, IU y PA coincidieron, además, en solicitar la creación de una comisión mixta Estado-Junta de Andalucía para que colabore con la comisión gestora que regirá el Consistorio marbellí una vez que el Consejo de Ministros de mañana acuerde la disolución del Ayuntamiento de Marbella, en lo que será una decisión histórica.

El pleno, pese al entendimiento final, fue una especie de ajuste de cuentas político entre todas las formaciones que tuvo como referente las distintas vinculaciones que cada partido tuvo con el GIL desde que llegó al poder en Marbella en 1991. El germen de la discordia fue la posibilidad o no de celebrar elecciones anticipadas algo que, según los gobiernos central y autonómico, es legalmente imposible.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, inició el turno de intervenciones en clave institucional. Puso el acento en la importancia histórica que supone anular la voluntad expresada por un pueblo y reclamó consenso a todas las formaciones para ofrecer a la ciudadanía andaluza una imagen de unidad.

Sin atajos

Zarrías abogó por restablecer en Marbella un precepto básico en democracia: que siempre impere la ley. Por ello tildó de inaceptable que algunas formaciones pretendan buscar atajos para convocar unos comicios sin las garantías democráticas necesarias. «Marbella ya está cansada de atajos legales», apostilló.

El PP insiste en que hay margen y acusa a los socialistas de evitar tal posibilidad porque su partido está por debajo en las encuestas. Es más, el portavoz popular, Antonio Sanz habló de que el PSOE tendrá un «candidato a palos», en alusión a las supuestas reticencias de Paulino Plata para aceptar el reto. El PA reclamó un esfuerzo por lograr la convocatoria, aunque sin pisar el acelerador con la misma fuerza que los populares. La portavoz andalucista, Pilar González, reclamó autocrítica general, por que a su juicio, todos los partidos han cometido errores en la aludida ciudad malagueña.

IU quiso poner en valor su inquebrantable postura al respecto del núcleo central del debate: la coalición de izquierdas ha pedido en los últimos años hasta nueve veces la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Y lo ha hecho en el Parlamento andaluz, en el Congreso, en el Senado y hasta en los tribunales de Justicia. Por todo ello, su diputado Antonio Romero inició su alocución: «Damos la bienvenida a todos los que se han apuntado al club de la disolución, porque eso supone que, finalmente, nos han dado la razón a Izquierda Unida».

La candela se repartió en el segundo turno de intervenciones. Los argumentos de unos y de otros hacían recordar una frase que le gustaba pronunciar al desaparecido Jesús Gil: «Mi partido es como una prostituta, todo el mundo la quiere en su cama, pero en la calle ni nos saludan».

Sanz reprochó a Zarrías que sólo hiciera alusiones a la estancia en prisión de la alcaldesa, Marisol Yagüe. El portavoz popular espetó que en la misma celda se encuentra la que fue candidata del PSOE en las elecciones de 2003, Isabel García Marcos. Sanz también le hecho en cara a Zarrías que hubiese traído un paquete con numerosos expedientes que la Junta ha abierto a Marbella en los últimos años. Le acusó de frivolidad política y dejación de funciones por parte de la Junta, por no actuar antes y comentó que el PSOE vio en Gil a un ultraderechista que podía quitarle millones de votos al PP.

La respuesta de Zarrías fue contundente: «Señor Sanz, con su intervención sólo le está haciendo el caldo gordo a los corruptos y a los mafiosos».