E stá claro que la Ley de VPO acaba afectando a todo aquel que intenta comprar una vivienda, pero quienes se sienten más perjudicados siguen siendo los actuales propietarios de viviendas protegidas. La asociación que les agrupa ya está organizada a nivel provincial, y en Jerez reside su portavoz, María Luz Rojo, quien tiene muy claro que la normativa andaluza «hace más pobre al pobre».

Desde la organización se calcula que un 70% del parque de viviendas jerezano está protegido, por lo que Rojo insiste en la gran incidencia de la ley. Y no sólo para quienes, como en su caso, pretenden vender su piso, sino para todos los propietarios porque, simplemente, ven reducido su patrimonio.

En la asociación ya han hecho cuentas, y calculan que, con la limitación de precios impuesta por la Junta de Andalucía, una VPO de 50 metros cuadrados cuesta desde la entrada en vigor de la ley «2,5 millones de pesetas menos -15.000 euros menos-», mientras un piso o casa de 90 metros ve reducido su valor «en cuatro millones de pesetas -24.000 euros-. ¿Quién puede prescindir de una cantidad así cuando, en todos los casos, la venta se plantea para comprar otra vivienda?».

Éste es, precisamente, el caso de María Luz Rojo, que reside en El Almedral y compró un unifamiliar. Pidió un préstamo familiar confiando en disponer de fondos suficientes y, a finales del año pasado, vio interrumpida la operación por la nueva normativa autonómica.

Estaba en un callejón sin salida, porque la casa la compró por un precio que creía podría afrontar con la venta de su piso, cuyo valor vio reducido por obra y gracia de la Junta. Aparte, debía superar una larga lista de autorizaciones y afrontar el derecho de tanteo y retracto de la Administración (que ejerce la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA).

La única salida, explica, es la descalificación. En ello está, al igual que otros propietarios. En los últimos tres meses, la asociación sólo tiene constancia que en la ciudad se han concedido dos descalificaciones, ambas correspondientes a VPO con más de quince años de antigüedad.

Para la portavoz del colectivo siguen sin estar muy claras las ventajas de la ley, aparte del control del fraude en la compra-venta de VPO «que la Junta ha consentido durante años». Para la Asociación de Propietarios el único objetivo de la Admnistración autonómica es «conseguir un amplio parque de vivienda a un precio reducido, sin importar que nosotros veamos reducido nuestro patrimonio familiar».

Para luchar contra esta situación se organizan. Las últimas asambleas fueron en El Puerto y San Fernando, para informar a afectados sobre los detalles de la ley y solventar dudas que «la Junta no resuelve». La próxima movilización será una lenta caravana de vehículos por las principales calles de la ciudad.