Una imagen: el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el lehendakari Juan José Ibarretxe en su primer encuentro tras el anuncio de tregua permanente de ETA. Una conversación: las primeras palabras entre ambos mandatarios giran en torno a las medidas de excepción adoptadas en relación a Marbella. El debate sobre el futuro de la ciudad malagueña eclipsó ayer hasta los preparativos previos al proceso de negociación de paz en el País Vasco.

Histórica. No cabe otra definición para la decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros -reunido con carácter extraordinario- de iniciar los trámites para la disolución de la Corporación Municipal de Marbella, al amparo del artículo 61.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, resaltó ayer que el Ejecutivo crea un precedente en la democracia española, pero entiende que este paso es fundamental para restituir la normalidad democrática de Marbella.

Éste es el mismo análisis que realiza la Junta de Andalucía. Su presidente, Manuel Chaves, comunicaba unas horas antes que Fernández de la Vega que la maquinaria se había puesto en marcha con el acuerdo del Consejo de Gobierno. Andalucía instaba al Gobierno central a ejecutar esta norma, que curiosamente fue legislada pensando en evitar casos de apología del terrorismo en algunos ayuntamientos vascos.

Situación «caótica»

Chaves justifica la medida de excepción a la vista de la caótica situación del Ayuntamiento marbellí, que resumió en tres grandes apartados: Vulneración de derechos constitucionales de los ciudadanos, a los que la actual situación causa un grave perjuicio; la situación de quiebra técnica del Consistorio, según un informe del Tribunal de Cuentas y, sobre todo, la corrupción urbanística que ha derivado, por un lado, en un expediente de retirada de competencias urbanísticas -impulsado por la Consejería de Obras Públicas- y, por otro, en una actuación judicial y policial que ha provocado el encarcelamiento, entre otros, de la alcaldesa, la primera teniente de alcalde y, otro concejal y el asesor de urbanismo.

Las administraciones central, autonómica y provincial quieren agilizar al máximo los trámites para que una comisión gestora dirija el día a día del Ayuntamiento marbellí antes del puente de Semana Santa. Es más, fuentes del Gobierno andaluz indicaron a este periódico que el deseo del presidente es que este ente comience a trabajar ya el lunes o el martes próximo. Se pretende evitar a todas costa un vacío de poder prolongado en Marbella.

Fruto de este espíritu, la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado analizará hoy la petición de disolución del Gobierno que, presumiblemente, aprobará horas más tarde el pleno de la Cámara Alta. Este requisito es básico para que el Consejo de Ministros del próximo viernes pueda poner el punto final definitivo a la actual composición del equipo de gobierno marbellí.

Si los acontecimientos ruedan según lo previsto, Salvador Pendón, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, convocará el próximo sábado a los cuatro grandes partidos andaluces -PSOE, PP, IU y PA- para consensuar la composición de este gobierno municipal alternativo que tendrá un máximo de 27 miembros -la misma cifra de concejales que existen actualmente en el Ayuntamiento de Marbella-, aunque el número podría ser sensiblemente inferior. El mandatario andaluz tiene claro que, con la ley en la mano, es imposible convocar elecciones anticipadas. Si la decisión de la Junta y del Gobierno central se hubiera producido una semana antes, los comicios podrían haberse celebrado apurando al máximo los plazos. Pero la gota que ha colmado la paciencia de las instituciones se produjo hace tan sólo unos días: El ingreso en prisión de la cúpula del equipo de gobierno marbellí.

Evitar partidismo

Manuel Chaves hizo un llamamiento al resto de formaciones- sobre todo al PP- para que se dejen a un lado cuestiones partidistas y se antepongan los intereses de los ciudadanos de Marbella a los que, dijo, hay que darles un mensaje de unidad para que recuperen la confianza en las grandes formaciones políticas andaluzas. Esta idea cobra mayor fuerza en una ciudad que, desde 1991, ha sido gobernada por un grupo independiente -el GIL.

El responsable del Ejecutivo andaluz insiste en que en Marbella se debe dejar claro que el imperio de las leyes es la base de las convicciones democráticas. Chaves indicó: «Comportamientos como los que hemos visto en Marbella nos avergüenzan a todos, pero no se debe arrojar dudas sobre los miles de alcaldes y concejales que cumplen con su deber en toda Andalucía».

Esfuerzo y coraje

El presidente también tuvo palabras para la esperanza. Se comprometió con los marbelleros a no regatear esfuerzos y coraje para solucionar el problema. Describió a la ciudad como una de las más bellas de Andalucía. Aspira, asimismo, a que pronto sólo se hable de ella por sus muchos atractivos turísticos que la han convertido en una de las localidades españolas más conocidas en el mundo.

Mientras todos esto ocurre, el alcalde accidental, Tomás Reñones, expresó ayer su decisión de no dimitir del cargo, pese a que se lo había reclamado la Junta de Andalucía. Reñones argumenta que no se va para no crear un vacío de poder que perjudique más si cabe a la ciudad.