El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, opina que, en el caso de Marbella, la Justicia no ha actuado "todo lo rápido" que debería para atajar la situación de corrupción en el Ayuntamiento y ha insistido en que la Ley impide celebrar elecciones en el municipio.
En declaraciones a la SER, Zarrías ha precisado que la Junta de Andalucía ha hecho todo lo que estaba en sus manos, "todo lo que los jueces han permitido", para intentar solucionar la situación en Marbella, donde la administración autonómica impugnó la primera licencia urbanística en 1992 pero no obtuvo la primera resolución favorable hasta el 18 de marzo de 2003, dijo.
Hasta entonces se habían construido 5.000 casas, según Zarrías, que ha recordado que la Junta de Andalucía ha presentado un centenar de denuncias y ha enviado más de cuarenta requerimientos que la corporación marbellí ha desobedecido.
Por ello, subrayó, los últimos acontecimientos, especialmente la Operación Malaya, que ha culminado con la detención de 24 personas, entre ellas la alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe, colocan la situación en un punto álgido, que ha llevado a la administración autonómica a solicitar la disolución de la corporación.
En este sentido, Zarrías ha insistido en que la Ley impide que se celebren elecciones porque los plazos harían que los comicios se fijaran después del 27 de mayo, dejando menos de un año de margen antes de los próximos comicios municipales, previstos en 2007.
Zarrías ha señalado que en la sesión plenaria que hoy celebra el Parlamento andaluz, el Gobierno autonómico comparece para explicar "una decisión sin precedentes", tomada tras los últimos acontecimientos y que dará lugar a la creación de una gestora para regir el Ayuntamiento de Marbella hasta los próximos comicios.
"Se están dando los pasos para volver a la normalidad democrática"
En el Senado, la consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, ha opinado que "estamos ante un momento histórico en el que se están dando los pasos para el restablecimiento de la normalidad democrática e institucional" en el Ayuntamiento de Marbella.
La consejera de la Junta se ha mostrado convencida de que se está avanzando para "recuperar el buen hacer de un Ayuntamiento, no sólo para los intereses municipales sino también para los de todos los ciudadanos de Marbella".
A la pregunta de por qué la Junta no ha actuado antes en la corporación, Naranjo ha señalado que en política "hay que tener en cuenta las consideraciones objetivas y no subjetivas", y ha precisado que en este caso el Consejo de Gobierno, una vez vistos los resultados de las investigaciones policiales, judiciales y de la fiscalía, "tenía ya los instrumentos objetivos para actuar en este preciso momento".
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