El titular del Juzgado de lo Penal número dos de Jerez ha impuesto una pena de dos años de prisión a J. M. T. F, de 57 años de edad, por un delito de maltrato, dos de abusos sexuales continuados y otro más de abusos deshonestos cometidos contra sus propias hijas cuando éstas eran menores de edad.

La sentencia considera hechos probados que J. M. T.F. maltrató con «bofetadas, patadas e insultos» a sus hijas durante años, una actitud que se endureció tras la muerte de la madre. Muchas de estas palizas las propinaba con cualquier excusa, pero otras veces ni siquiera mediaba motivo aparente.

Además, el acusado les «tocaba los pechos y partes íntimas con ánimo lúbrico», y las amenazaba con pegarles y echarlas de casa si contaban algo. Estos tocamientos los realizó con una de sus hijas entre los 12 y los 16 años, y con las otras, entre los 10 y los 12. La actitud agresiva del condenado se fue recrudeciendo con el tiempo, hasta que una de las hijas y su novio se enfrentaron abiertamente al padre, y ella acabó abandonando la casa.

La situación con respecto a S. T. R. cesó cuando la echó de casa el 13 de junio de 1995, pero en el caso de las otras dos hermanas, se prolongó hasta 1997. S.T.R interpuso denuncia en 1998, en la que se ratificó posteriormente, tras marcharse a Madrid huyendo de su padre.

El peritaje psicológico realizado a las tres niñas, hoy ya mayoeres de edad, desvela que no presentan síntomas que denoten invención o simulación en su versión de los hechos. R. T. R. presenta un examen «con signos emocionales compatibles de haber sido víctima de maltrato», ya que sufre una situación de trastorno de estrés postraumático y estado de ánimo depresivo.

El informe especifica que necesitará tratamiento psicoterapeútico para corregir las vivencias que ha sufrido.

Las secuelas que han quedado en S. T. R .son muchos más graves, ya que ha sufrido depresiones de más de dos años de duración, y presenta ideas larvadas de suicidio, además de reexperimentar constantemente los hechos, lo que le lleva a necesitar tratamiento psiquiátrico. El peritaje psicológico especifica que «de no ser asistida, su vida corre peligro». El acusado deberá pagar además una multa de 1.500 euros y abonar los costes del juicio.