El juez que investiga la red de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella prosigue hoy los interrogatorios a los detenidos en el marco de la operación Malaya. Hoy declara un grupo de abogados de Madrid, mientras que el próximo miércoles lo hará el jefe de la Policía Local. En paralelo, el debate político se centra en la forma de gestionar el consistorio marbellí hasta la convocatoria de elecciones.

Lo más relevante de las últimas horas es la citación judicial para el próximo miércoles del jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo. Por el momento se desconoce si comparecerá en calidad de testigo o de imputado, ya que en la notificación no se especifica el motivo por el que ha sido citado.

El propio Rafael del Pozo ha explicado que fue informado de esta comparecencia la pasada semana y ha estimado que la citación puede deberse a "las declaraciones de algunas personas". Asimismo, ha rechazado que la Policía Local realizase funciones ajenas a su competencia para evitar que se investigaran las acciones de los ahora detenidos.

Por otro lado, los seis abogados integrantes del despacho de Madrid Soriano Sánchez Zubizarreta, permanecen a esta hora en dependencias judiciales. El letrado que ejercerá su defensa, Horacio Oliva, ha asegurado a Efe que desconoce las acusaciones que pesan contra los abogados y la actuación por la que se les vincula con esta trama.

Siete personas en la cárcel

Hasta la fecha, el titular del Juzgado de Instruccion número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ha decretado el ingreso en prisión de siete inculpados y libertad con cargos para otros diez de un total de 23 detenidos en el marco de la operación Malaya.

Los encarcelados hasta la fecha son la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, ambas en la misma celda de la prisión de Alhaurín de la Torre; el asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez; el empresario detenido en Madrid Ismael Pérez Peña; Montserrat C.C., acusada de ser una de las principales testaferros de Roca; y Oscar Benavente por fraude a Hacienda Pública y blanqueo de dinero.

El concejal de Cultura del consistorio marbellí, José Jaén Polonio, y los empresarios José Luis Alonso Boyer y Julio de Marco, salieron ayer, domingo, en libertad tras depositar sus abogados las fianzas fijadas el sábado por el juez por cuantías de 30.000, 20.000 y 12.000 euros, respectivamente.

Ayer domingo, el juez Torres decretó prisión incondicional por blanqueo de dinero para Montserrat C.C, acusada de ser una de las principales testaferros del "cerebro" de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, y para Oscar Benavente por fraude a Hacienda Pública y blanqueo de dinero.

En el marco de la operación 'Malaya', coordinada por el juzgado de instrucción número 5 de Marbella y por la Fiscalía Anticorrupción, han sido bloqueadas más de un millar de cuentas bancarias, se han efectuado hasta veinte registros domiciliarios y se han incautado bienes por valor de unos 2.400 millones de euros.

Petición de disolución de este Consistorio

El próximo miércoles, el Parlamento andaluz celebrará un debate general, a petición del PP, IU y PA, sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella en el que las tres formaciones abogan por la disolución de este Consistorio.

En opinión del consejero andaluz de la Presidencia, Garpar Zarrías, "se dan las circunstancias objetivas" para la disolución de la corporación municipal marbellí, decisión que podría pedir la Junta el martes próximo, mientras que el PP ha insistido en la necesidad de convocar elecciones anticipadas.

Así opina la portavoz municipal del PP en Marbella, María Ángel es Muñoz, que ha comparecido en la sede de Génova, acompañada por el secretario general del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, y el portavoz en el Senado, Pío García-Escudero, que instó al Ejecutivo a dirigirse a la Cámara Alta, cuyo acuerdo es necesario para disolver por decreto el consistorio marbellí.

En conferencia de prensa en Madrid, la portavoz municipal del PP de Marbella, María Ángel es Muñoz, pidió al Gobierno que disuelva la corporación en el próximo Consejo de Ministros y permita las elecciones anticipadas, para que la ciudad no quede en manos de una "comisión gestora" hasta mayo de 2007, cuando están previstos los comicios municipales en todo el país.

Mariano Rajoy ha decidido mostrar su respaldo a la portavoz popular en el Ayuntamiento marbellí y, por eso, tiene previsto participar el próximo jueves en un acto del partido en la localidad malagueña para reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas.

Mientras tanto, una decena de cargos de IU -encabezados por el coordinador provincial en Málaga, Jose Antonio Castro- se ha concentrado esta mañana en el recibidor de entrada del Ayuntamiento de Marbella en favor de la disolución del Consistorio. Los concentrados desplegaron una pancarta con el lema "Llevábamos razón".

Cruce de declaraciones

Las evidentes diferencias en las propuestas de los dos principales partidos políticos para buscar una solución a la complicada situación del consistorio marbellí han provocado el cruce de declaraciones entre dirigentes andaluces de ambos bandos.

Así, el secretario de organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, ha reclamado al PP que actúe con responsabilidad y que abandone su estrategia de "abusar de forma escandalosa con un interés partidario" de este asunto. Pizarro ha denunciado que el objetivo del PP es "desgastar" y "debilitar" políticamente al PSOE para las elecciones municipales de mayo de 2007.

Por su parte, el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, ha acusado a las Administraciones Públicas y, especialmente, a la Junta de Andalucía de haber actuado con "dejadez" en el Ayuntamiento de Marbella ante un "problema que se estaba engordando" y que ha llevado a una "situación límite".

El PSOE pide la creación de una fiscalía contra el delito urbanístico

En Madrid, el secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, ha anunciado que el grupo socialista presentará previsiblemente mañana una proposición no de ley para promover la dotación de más medios a la fiscalía especial para perseguir la delincuencia urbanística.

Además, Blanco ha adelantado que los socialistas pedirán la comparecencia del jefe del ministerio público, Cándido Conde-Pumpido. El PSOE quiere fortalecer la lucha de la fiscalía general del Estado contra este tipo de fenómeno y quiere que Conde-Pumpido informe de los trabajos relacionados con la lucha contra los delitos urbanísticos, especialmente en el ámbito local y en la zona del litoral.