El Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez de la Frontera ha admitido a trámite la ampliación de la querella de la sociedad Urbanos Amarillos, la que fuera concesionaria del servicio de los autobuses urbanos en el municipio, contra el gobierno local y ha citado a declarar a 13 personas, entre los que se encuentran cuatro concejales del PP, como imputados.
En el auto dictado por el juez, el titular del Juzgado de Instrucción número 4, cita a declarar a los 13 imputados entre -delegados municipales y altos cargos- por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, prevaricación y administración desleal por el caso del rescate de la concesión del servicio de transporte urbano en junio de 2012.
Entre los citados a declarar se encuentran el primer teniente de Alcaldía, portavoz municipal y secretario provincial del PP, Antonio Saldaña; el concejal de Seguridad, Javier Durá; el de Urbanismo, Agustín Muñoz; y el de Economía, Enrique Espinosa.
Tanto Saldaña como el resto de acusados tendrán que acudir a declarar entre los días 14 y 16 de abril tras haber sido admitida a trámite la ampliación demanda de la empresa sevillana por la decisión municipal de «secuestrar el servicio» en vísperas de la Feria del Caballo de 2012 ante los «reiterados incumplimientos» de la entonces concesionaria alegados por el gobierno municipal del PP. Sobre la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, que ya declaró de forma voluntaria en noviembre -antes de la ampliación de la querella- el juez considera que «procede inadmitir a trámite la querella, al ostentar ésta la condición de senadora y estar aforada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), por lo que invita a Urbanos Amarillos a «dirigir la acción penal» a esa instancia.
El Ayuntamiento de Jerez ha reaccionado a estas imputaciones con una denuncia cruzada contra la empresa Urbanos Amarillos por un posible delito de estafa procesal. Entiende que está utilizando las querellas presentadas contra miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales, «a sabiendas de que no se ha cometido ningún delito», con el objetivo de «presionar para obtener un beneficio en el proceso de resolución del contrato con la propia empresa».
El Ayuntamiento insiste en manifestar su «máxima tranquilidad» ante la ampliación de querella presentada por Urbanos Amarillos, al considerar que «no tiene ningún fundamento» y que «es un paso más para mantener vivo el tema en los tribunales, además de ser un caso flagrante de deslealtad de la empresa en las negociaciones». El gobierno local jerezano recuerda que en el proceso de liquidación se ha incluido la valoración de los autobuses adquiridos en la época del PSOE, por lo que «no se entienden las acusaciones vertidas en la querella».
