Jesús Parra era el director técnico de la Delegación de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Jerez cuando se autorizó una subvención de 244.720 euros a la empresa TISA para que adquiriera a un precio rebajado una de las parcelas del Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) en 2008.

La concesión se basó en un informe de valoración positivo que firmó un jardinero que trabajaba en las citadas instalaciones jerezanas. Este trabajador puso la firma porque Parra se había negado a rubricar ese informe que otorgaba la máxima puntuación a la empresa sevillana.

Éste es el asunto nuclear del llamado 'caso PTA', que se viene juzgando desde el día 13 en la sección jerezana de la Audiencia Provincial. En el banquillo, la exalcaldesa Pilar Sánchez, dos de sus concejales (Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez), los dueños de TISA y el capataz agrícola, quien ya reconoció en la segunda jornada que avaló un informe que no había realizado y que ni tan siquiera sabía de que se trataba.

El técnico autor del 'peritaje' de TISA ha comparecido como testigo. Sobre su testimonio, el Ministerio Fiscal construye la acusación contra Sánchez y el resto de procesados. Jesús Parra no se desdijo de lo que había declarado durante la instrucción del caso.

Sostuvo que recibió instrucciones políticas para beneficiar a TISA y que se negó a firmar el informe que había elaborado tras «reiteradas insistencias» para que le «dejaran en paz». Describió un ambiente pésimo de trabajo, en el que circulaba el rumor de que había listas negras. «Hubo compañeros que se manifestaron porque se producían despidos. Sinceramente, hice el informe para quitarme el muerto encima».

Esa valoración técnica fue la que facilitó que TISA obtuviera una rebaja del 40% en el precio de compra del suelo. Un informe que fue firmado por un jardinero y cuyo contenido había sido alterado.

Los dos ediles, en la diana

Dos concejales y la exalcaldesa están acusados por haber dado o transmitido instrucciones para favorecer a estos inversores. Parra señaló a María del Carmen Martínez, delegada del área rural, como la persona que le insistía para que realizara ese informe, que venía a modificar uno primero en el que se autorizaba la entrada de TISA al PTA. Si bien en ése se otorgaba una puntuación que reducía considerablemente la ayuda que podía percibir la sociedad. «Me dijo que arriba estaban muy enfadados y que tenía que hacerlo».

Al técnico le preguntaron qué entendía él cuando le indicaban que las órdenes venían «de arriba». Y hasta en dos ocasiones respondió que al Instituto de Promoción y Desarrollo (el extinguido IPDC). Este organismo fue el firmante junto al Ministerio de Agricultura del convenio que sirvió de base para el desarrollo del parque tecnológico y estaba presente en la mesa que evaluaba los proyectos empresariales que optaban a entrar en él.

Su máximo responsable político era el edil de Fomento, Francisco Lebrero, y la alcaldesa. El testigo clave lo señalaba así de manera indirecta; si bien, admitió que nunca recibió instrucciones de manera directa de parte de Lebrero.

En cuanto a Pilar Sánchez, Parra desmintió lo que había declarado la exregidora días atrás, cuando negó con rotundidad haber tenido algún encuentro con el director técnico o tan siquiera conocerlo. «Estuve en su despacho en una cita fuera de agenda, me dio documentación de la empresa, unos números de teléfono de contacto y me pidió que los tratara con cariño».

El director técnico quiso restarle importancia a ese encuentro, afirmando que no se sintió presionado y que éste se produjo mucho antes de que se viera ‘obligado’ a redactar un informe que calificó como «una milonga» o «un acto creativo» que se negó a firmar.

El correo que nadie abrió

La otra prueba que esgrime el fiscal contra Pilar Sánchez es un correo electrónico que este empleado del Ayuntamiento remitió a la pareja de la exregidora y por entonces jefe de gabinete, Juan Carlos Jiménez. En esa comunicación, Parra les remitía un borrador del informe ‘milonga’ que se negaba a firmar. El técnico asegura que lo envió a la dirección de Juan Carlos Jiménez y a la del director del área económica del IPDC y colaborador estrecho de Francisco Lebrero porque se lo pidió la edil María del Carmen Martínez.

Los dos destinatarios de ese correo aseguraron no haberlo visto porque al día recibían muchos emails y no los atendían todos. Los dos también coincidieron en señalar que no conocían a Parra y que nunca leyeron ese borrador que sería la prueba de que Sánchez y Francisco Lebrero estuvieron detrás de las instrucciones para darle un trato preferente a TISA.

Ese borrador que acabó incorporándose al expediente de TISA con la firma del capataz agrícola no se pone en cuestión porque existió. Parra asegura que también le dio una copia a Martínez, aunque ésta afirmara en su declaración que se lo entregó su secretaria.

Atacando a la credibilidad

El abogado de Pilar Sánchez lideró la 'ofensiva' sobre la credibilidad del técnico, sabedor que su testimonio es la principal baza para incriminar a los políticos implicados en este caso de supuesto trato de favor a una empresa.

La mayoría de las preguntas que lanzó el letrado de la exregidora iban dirigidas a cuestionar el rigor del técnico a la hora de valorar las empresas. Así, empleó gran parte del interrogatorio en comparar las puntuaciones que había otorgado a TISA con otros proyectos empresariales que buscaron un hueco en Jerez.

Parra admitió que los estudios que se hacían para comprobar la idoneidad de las iniciativas y su ajuste con los objetivos del PTA fueron mejorando conforme adquirían experiencia en las valoraciones y que hubo errores en algunas puntuaciones; lo que aprovecharon las defensas para intentar desacreditar su testimonio.

Sin embargo, el técnico se reafirmó en que no se opusieron al ingreso de TISA en el PTA, siempre y cuando reorientaran su negocio de fabricación de oxígeno de hospitales. Y que la puntuación que obtuvo, lejos de la máxima, fue la correcta.

La defensa de Sánchez intensificó su interrogatorio al abordar el encuentro que mantuvo el técnico con su cliente. Le llegaron a preguntar si podía describir el despacho de Alcaldía o si conocía a la secretaria de la exalcaldesa.

También repasaron su trayectoria en el Ayuntamiento. Como llegó durante el último gobierno de Pedro Pacheco y si aspiraba a ser el gerente del PTA, al igual que su esposa había ocupado ese puesto en el parque de Los Toruños. El director técnico negó ambicionar ese nombramiento. Las defensas mantienen la línea de que este trabajador actuó por venganza. Pero pese a las críticas vertidas sobre su supuesto comportamiento conflictivo en su cargo, nunca fue expedientado.