El 'caso PTA' es el asunto judicial que puede resultar definitivo para la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez.

Una vez condenada, tendrá que ingresar en prisión, ya que arrastra una sentencia en contra de un anterior procedimiento. El supuesto trato de favor que recibió la empresa TISA para instalarse en el parque tecnológico agroalimentario es el núcleo central de una causa compleja. Estas son algunas de las claves de una investigación judicial que ha sentando por tercera vez en el banquillo a la exregidora socialista.

El porqué

TISA y la cirugía estética

En el juicio que se viene desarrollando estos días en la Audiencia Provincial se trata de dilucidar si la empresa Tecnología Innovación Sanitaria (TISA) fue beneficiada de manera arbitraria por el Ayuntamiento de Jerez, facilitándole el acceso de una subvención y la rebaja del precio de la parcela que adquirió en el PTA. Sin embargo, no se está analizando qué pudo mover a la exregidora y los dos ediles a favorecer a estos empresarios. Si en caso de haberse cometido una prevaricación, ¿qué interés había?

La alcaldesa María José García-Pelayo declaraba el lunes y recordaba que en 2011 investigaron a TISA tras conocer la denuncia que había formulado el PSA. Y que comprobaron que la empresa tenía su domicilio social en una clínica de cirugía estética de Tomares (Sevilla). Al estallar el escándalo hace tres años, los populares preguntaron en reiteradas ocasiones qué relación tenía Pilar Sánchez con esa clínica, propiedad de uno de los inversores. Pero la investigación judicial nunca probar que hubiera conexión entre la exregidora y ese centro estético.

¿Quién es TISA?

El oxígeno y el sector agroalimentario

Esta empresa se constituye en septiembre de 2005 en Sevilla. Su objeto social es la fabricación de oxígeno para uso hospitalario. La discusión en el juicio es si esta iniciativa empresarial tenía cabida en el PTA, que nació para impulsar el sector agroalimentario. Solo aquellas empresas relacionadas con estas actividades tenían cabida en ese centro empresarial. Si bien, el técnico responsable de evaluar esos proyectos, asegura que se les indicó a los inversores que reorientaran su negocio hacia la industria alimenticia para poder tener sitio en el PTA.

El proyecto de TISA nunca salió adelante. En 2010 se abrían diligencias judiciales por supuesto delito de prevaricación y en 2011, esta empresa pedía rescindir su contrato con el PTA.

Las pruebas

El técnico y el jardinero

Después de varias sesiones, hay una irregularidad que ha quedado manifiesta en el proceso de concesión de la subvención a TISA y es que esta se basó en un informe favorable que fue manipulado y firmado por una persona que no estaba autorizada. El verdadero autor de ese documento ha explicado que se negó a firmarlo porque se trataba de «una milonga» y que además, la valoración final que se incorporó al expediente fue alterada. El testimonio de este director técnico del área de desarrollo rural es el que ha arrastrado a la mayoría de los acusados hasta el banquillo.

Uno de los procesados es el responsable de la firma, un jardinero que también ha reconocido que plasmó su rúbrica en un documento sin saber de qué se trataba y sin estar capacitado. Lo hizo, afirma, porque se lo pidió la concejala María del Carmen Martínez y confiaba en ella.

Las instrucciones

¿Quién dio la orden?

El técnico ha señalado a la edil María del Carmen Martínez como la persona que le conminó a que hiciera el informe que mejorara la valoración de TISA. También ha afirmado que las órdenes venían del departamento que dirigía Francisco Lebrero. Sin embargo, ha sido más sutil cuando se ha referido a la alcaldesa. Afirma que le dio documentación y teléfonos de contacto de TISA y le pidió que los tratara con cariño, pero no vio ninguna instrucción en esas palabras.