En la tercera sesión del juicio por el 'caso PTA' se ha confirmado que el Ayuntamiento de Jerez concedió en 2008 una subvención de más de 244.000 euros a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria S. L. (TISA) para que adquiriera una parcela en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) con un informe favorable firmado por un capataz agrícola. El cometido de este supuesto experto era el mantenimiento de los jardines y el edificio singular que se levantó en esas instalaciones.

El autor de la rúbrica, Salvador Rubio, lo ha reconocido ante el tribunal. Él es uno de los siete acusados y para quien la Fiscalía le pide dos años y tres meses y multa de diez meses a razón de seis euros diarios.

Rubio ha admitido que fue contratado para realizar tareas de jardinería, que no tiene capacitación para estudiar la viabilidad de una empresa y que lo hizo porque se lo pidió la concejala María del Carmen Martínez, responsable en 2008 del área de Medio Rural.

El trabajador ha explicado que la edil le citó en el Ayuntamiento y allí le pidió que plasmara su firma en un informe porque su verdadero autor no estaba.

El fiscal le ha recordado que en instrucción había declarado que la exedil le dijo que el técnico responsable de ese cometido se había negado. Sin embargo, en el juicio se ha desdicho de ese detalle. «Me dijo que no podía y yo confié en ella. No creía que iba a meterme en un problema».

Ese informe otorgaba la máxima puntuación a TISA y servía para aprobarle el porcentaje de ayuda pública más alto. Con esos 244.720 euros, procedentes de los fondos aportados por el Ministerio de Agricultura, se financiaba el 40% de la compra del suelo.

Además, sostiene el fiscal, que el contenido de ese informe fue tergiversado para adecuar la empresa al perfil de sociedades que podían concurrir a esas subvenciones, reconvirtiendo una empresa del sector sanitario al tratamiento y limpieza de instalaciones vinculadas a la acuicultura.

Miedo a perder su trabajo

«¿Tenía miedo a perder su trabajo?» , le ha preguntado el representante del Ministerio Público al trabajador. «Había rumores, mal ambiente, se pagaba mal y tarde».

La declaración de este trabajador sitúa en la picota a la concejala María del Carmen Martínez, al pedirle a un empleado sin cualificación que validara un informe para lo que no estaba capacitado ni era su competencia.

Un día antes, la exedil aseguró que la elección del capataz para que supliera al técnico fue una decisión de su secretaria y que creía que éste era un técnico más del departamento.

Sin embargo, Salvador Rubio, ha negado cualquier posible confusión con sus cometidos en el parque: "Todo el mundo sabía a lo que me dedicaba allí".

Sánchez: «Yo confiaba en mi equipo»

La alcaldesa Pilar Sánchez ha sido la última en declarar, cerrando el turno de los interrogatorios a los acusados. Para ella, el fiscal solicita la pena más grave: siete años de cárcel y 17 de inhabilitación por ser supuestamente la persona que dio la orden para amañar el proceso de concesión de ayuda y favorecer a la empresa.

Sánchez ha asegurado que desconocía quién había firmado el informe y que se enteró cuando fue denunciada. Ella también ha señalado a la concejala de forma sutil: «Le pregunté a María del Carmen y me contó quién había sido».

La exregidora socialista asegura que nunca tuvo conocimientos de los informes que se hicieron sobre la viabilidad de TISA para que entrara a formar parte del parque, que no conocía a los empresarios que estaban detrás de la sociedad y que tampoco dio instrucciones para favorecer a esta empresa en detrimento de otras que no obtuvieron el mismo tipo de subvención.

A preguntas de su letrado, ella ha descargado responsabilidades en otros: «Yo confiaba en mi equipo. No se puede trabajar sin confiar».

Sí ha defendido la iniciativa empresarial que al final no cumplió con las expectativas de creación de empleo y riqueza productiva. «Era la mayor inversión que se iba a hacer en Jerez en 20 años». Y sobre la entrada de TISA en unas instalaciones destinadas al sector agroalimentario, afirma que al llegar a la Alcaldía en 2005 quiso redimensionar el parque para transformarlo en algo más.

Hasta ahora, todos los acusados han negado haber recibido órdenes o haber mantenido contacto, en el caso de los empresarios, con la exalcaldesa. El fiscal esgrime dos pruebas para relacionarla con la polémica subvención: el testimonio del técnico que se negó a firmar el informe y un correo electrónico que éste manda al marido de Sánchez, quien fuera nombrado jefe de gabinete cuando ella se hizo con el control del Gobierno municipal.

En este 'mail', el técnico remite un borrador del informe. Para el fiscal es una prueba de que Pilar Sánchez estaba al corriente de todo el proceso. Sobre esta comunicación, Sánchez asegura que su pareja ya explicó en instrucción que nunca llegó a abrirlo «y puso el ordenador a disposición del juez». El fiscal le ha preguntado para rebatir esa idea si conoce que hay una opción en el programa informático para convertir un correo leído en no leído. La alcaldesa ha insistido en la línea defendida por su jefe de gabinete.

La semana que viene prestará declaración el testigo que incriminó a Sánchez, asegurando que recibió órdenes de ella para que emitiera una valoración positiva sobre TISA y que al negarse fue presionado por los otros concejales.

Las defensas saben que es la prueba más sólida que presenta el fiscal y desde el inicio del juicio han tratado de desacreditar al técnico. En esa línea, Pilar Sánchez, a preguntas de su abogado, ha afirmado que nunca se reunió con él ni lo conoce; pero que sabía que era un foco de conflictos en el departamento en el que trabajaba porque aspiraba a ser el gerente del PTA y no aceptó que el puesto fuera concedido mediante un concurso.

Preguntas similares sobre las aspiraciones del técnico, dibujado por las defensas como el responsable de una suerte de 'vendetta' política, fueron formuladas al capataz. Pero éste dice que sólo escuchó rumores sobre él.