Se repite como un mantra cada vez que un cargo público debe responder ante la Justicia por la toma de una decisión errónea, prevaricadora. La respuesta es similar siempre: la culpa fue del técnico. Los responsables políticos que salen en las fotos, se esconden de esos mismos actos cuando toca dar explicaciones a un tribunal.

El juicio que se está celebrando desde este martes en la Audiencia Provincial por la concesión de una subvención a una empresa para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) de Jerez no está siendo una excepción.

En la segunda jornada han prestado declaración otros dos acusados, los exconcejales, Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez (PSOE). El primero ejerció de delegado de Fomento y vicepresidente del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC); la segunda, era la responsable de la concejalía de Seguridad, Movilidad y Medio Rural.

La Fiscalía los acusa a ambos de haber participado en la manipulación de informes y valoraciones para favorecer a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria S. L. (TISA). Una sociedad del ámbito sanitario que consiguió una subvención de más de 244.000 euros para instalarse en un parque que nació para potenciar el sector agroalimentario en Jerez.

Lebrero, que se enfrenta a una posible pena de cuatro años y medio, negó conocer los convenios que servían de base del PTA, la normativa que los amparaba e incluso los procesos de selección de empresas; pese a participar en las comisiones donde se tomaban esas decisiones y a ser la cara visible del PTA cuando tocaba vender el proyecto en los medios.

El exdelegado se ha remitido en su declaración, una y otra vez, a «los informes técnicos» sobre los que simplemente, según sus palabras, plasmaba su firma.

El exedil ha señalado a la concejalía que dirigía la otra acusada, María del Carmen Martínez, como el departamento responsable en la selección de proyectos, descargando la responsabilidad de la elección de TISA y la aprobación de la subvención en su compañera de banquillo.

No hizo lo mismo con la exalcaldesa de Jerez, de la que aseguró que no recibió ningún tipo de instrucción para beneficiar a la sociedad de origen sevillano.

La declaración de Lebrero fue anodina ya que se reiteró hasta la saciedad en desconocer a la empresa que está bajo sospecha e incluso «las tripas» del propio PTA.

Según su testimonio, el que fuera responsable de la cartera de Fomento en Jerez y con cargos en varias sociedades municipales, tenía un conocimiento muy somero de lo que se vendió a principio de la década pasada como la apuesta por crear un gran polo industrial de referencia en la ciudad gaditana.

La paciencia del tribunal, a prueba

La paciencia de la presidenta del tribunal se puso a prueba cuando le tocó declarar a la exdelegada de Medio Rural. Lebrero había asegurado que la valoración de las empresas que entraban a formar parte del parque industrial estaba dentro de las competencias de María del Carmen Martínez.

Pero ésta siguió con la misma estrategia que el otro acusado, negando que la elección de las empresas fuera responsabilidad de su concejalía. «Están ustedes echándose el balón uno a otro y no hay forma de enterarse», le llegó a espetar la magistrada a la acusada. Martínez acabó devolviéndole la 'culpa' a Francisco Lebrero, afirmando que todo los trámites previos hasta la instalación y entrada en funcionamiento de las empresas en el parque eran competencia suya.

La situación procesal de la exdelegada de Medio Rural es más delicada porque el testigo clave en el procedimiento, el técnico que reconoció en instrucción que hubo instrucciones políticas para favorecer a TISA, la señala a ella como una de las personas que le presionaron para que elaborara un informe «ad hoc» que sirviera para autorizar la financiación del proyecto sanitario con fondos del Ministerio de Agricultura y firmarlo como técnico responsable.

Objetivo, perito

María del Carmen Martínez negó que diera instrucción alguna y arremetió contra el técnico, acusándole de haberse enfrentado a ella y al Gobierno local socialista porque no le dieron el puesto de gerente del PTA. «No admitió que se diera esa plaza por concurso». Sugirió que las declaraciones comprometedoras que realizó el trabajador en instrucción son una suerte de venganza personal.

El fiscal acusa a la exconcejala de haber buscado a un empleado del PTA, el capataz responsable del mantenimiento de las viñas, para que firmara el informe favorable a la entrada de TISA pese a que no reunía los requisitos. Fue la solución de urgencia ante la negativa del técnico de rubricar un documento que estaría cuajado de irregularidades.

Ese empleado no cualificado está también sentado en el banquillo. Declarará hoy y puede dejar en evidencia buena parte del testimonio de la concejala, quien sostuvo que él estuvo de acuerdo en firmar la documentación y que fue su secretaria la que lo eligió para que supliera al técnico.

Martínez, al igual que hiciera Lebrero, también desvinculó a Pilar Sánchez de cualquier decisión tomada con TISA. Pero el fiscal sacó un correo electrónico que el técnico dirigió a la pareja sentimental de Sánchez, el cual ejerció de jefe de gabinete, en el que le pasaba un borrador del informe manipulado, asegurando que había sido redactado a instancia de la concejala María del Carmen Martínez.