La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), acudirá hoy a declarar ante el juzgado de Instrucción número 4 de Jerez en relación a la querella por prevaricación y apropiación indebida interpuesta por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos, a raíz del secuestro del servicio por parte del Ayuntamiento en 2012.
Fuentes municipales han confirmado que la regidora jerezana acudirá al juzgado este jueves. Cabe recordar que, tras conocer la presentación de la querella, García-Pelayo manifestó que «carece de fundamento», máxime cuando la actuación del Ayuntamiento en lo que respecta al secuestro del servicio de autobuses urbanos ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y también por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez.
La alcaldesa ‘popular’ dejaba claro que «no hay ningún tipo de imputación», sino que se trata de una querella por parte de estas sociedades que «son avalistas de Urbanos Amarillos», y hay «unas cuestiones internas entre ellos de lo que son sus relaciones contractuales». Asimismo, resaltaba que el Ayuntamiento procedió al secuestro del servicio «con un informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía».
Explicaba García-Pelayo que en este tipo de procedimientos «la Ley habilita al Ayuntamiento que recupera el servicio a mantener, que no a quedarse, los bienes que estén afectos a dicho servicio», que es lo que hizo el Consistorio para poder seguir prestándolo.
García-Pelayo explicaba que en este momento se está «en proceso de liquidación del contrato con Urbanos Amarillos» y, en el momento en que se produzca la finalización de ese proceso, cada una de las partes tendrá que saldar con la otra las cantidades que, en su caso, tenga pendientes.
El Gobierno local ha expresado también su «absoluta tranquilidad» ante esta querella, que confía en que sea archivada. Asimismo, considera que el objetivo de la querella es «presionar en el proceso de liquidación que se está llevando a cabo con la empresa Urbanos Amarillos tras rescatar el servicio».
Sostiene que el secuestro de la concesión fue «totalmente ajustado a derecho», ya que se debía a «incumplimientos de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público»
