Lula decreta la emergencia para salvar a los yanomami

«Es inhumano lo que he visto aquí», declaró Lula, rodeado de autoridades e indígenas. El presidente anunció medidas de emergencia para combatir la desnutrición, los casos de malaria y otros problemas de salud producto de la contaminación de la sangre con el mercurio usado en la minería para separar el oro de las rocas o de la arena de los ríos. La ministra de Sanidad, Nísia Trindade, confirmó la llegada de una Fuerza Nacional de Salud para atención de emergencia a partir de ayer.

Habitada por más de 30.000 indígenas, el territorio Yanomami es la mayor reserva indígena de Brasil, en el norte del país, cerca de la frontera con Venezuela, y se ha convertido en un área peligrosa e impenetrable por la presencia del crimen organizado y de 20.000 mineros ilegales, conocidos como 'garimpeiros'.

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La denuncia publicada el pasado viernes por el portal Sumaúma tuvo repercusión inmediata en las redes sociales al saberse que niños tan pequeños, pero también mayores y ancianos, estaban muriendo de causas tratables, como desnutrición, neumonía, diarreas y malaria, fruto de la explotación ilegal de oro que contamina ríos y como consecuencia, el agua y la alimentación de los Yanomami.

«Puedo deciros que no habrá más minería ilegal. Y sé lo difícil que es eliminar la minería ilegal, lo hemos intentado otras veces, pero vuelven», afirmó el mandatario, que usaba un collar yanomami.

Las fichas médicas reveladas por el medio muestran el aterrador caso de un niño de 3 años que pesaba 3,6 kilos, lo mismo que un recién nacido. Los datos también dan cuenta de la muerte de 99 pequeños en 2022. Los casos de malaria pasaron de 2.928 en 2014 a 20.394 en 2021. Hay relatos de niños echando lombrices por la boca.

Para empeorar la situación, empleados públicos han declarado el abandono de servicios médicos y de datos, que dejaron de funcionar durante los cuatro años del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, abiertamente a favor de la explotación de la minería con mercurio en tierras indígenas. El 'apagón estadístico' sugiere que las cifras están subnotificadas y que el número de muertes podría ser mayor aún.

Lula viajó el pasado sábado a Roraima y visitó el Centro de Salud Indígena Yanomami (Casai), en la zona rural de Boa Vista, acompañado por ocho ministros de su Gabinete, autoridades y la primera dama, Rosângela 'Janja' da Silva. La presencia de los ministros de Desarrollo Social, Sanidad, Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Justicia y Defensa mostró el peso del asunto para el nuevo Gobierno.

El mandatario prometió mejorar el transporte ofrecido a los indígenas y llevar el servicio de sanidad directamente a las aldeas para que no tengan que dejar el territorio. Ordenó, además, la distribución de 5.000 cestas de alimentos básicos y el envío de 200 latas de suplemento para alimentar a los niños más graves.

Lula decretó la creación de un Comité Nacional de Coordinación, similar al que se monta en períodos de guerra o de epidemias, para estudiar y adoptar medidas entre los poderes. El plan debe entregarse en 45 días y el comité debe trabajar durante tres meses, prorrogables. También se evaluará si los datos que constan en el sistema de sanidad se corresponden con la realidad.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, pidió a la Policía Federal la investigación de presuntos delitos medioambientales y de genocidio contra el pueblo indígena yanomami. «El presidente Lula ha ordenado que las leyes se apliquen en todo el país y lo haremos en relación con el sufrimiento criminal impuesto a los yanomami. Hay pruebas sólidas de un delito de genocidio, que será investigado por la Policía Federal», afirmó el ministro presente en la delegación de Lula.

La situación no era totalmente desconocida, imágenes de niños y ancianos esqueléticos ya circulaban en la prensa, pero no habían datos como los revelados esta semana. En 2021, la Corte Suprema y la Fiscalía ya habían solicitado informaciones sobre la crisis al Gobierno de Bolsonaro, y recomendaron un plan estratégico en la región.

Lula da Silva asumió su tercer Gobierno el primero de enero con la promesa de atender las demandas de los pueblos indígenas. En su ceremonia de investidura subió la rampa al Palacio del Planalto, acompañado por Raoni Metuktire, el líder indígena más importante del país. Su Gabinete es el primero a tener un Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por la ministra Sonia Guajajara.