Biden permite a Maduro el acceso a 3.000 millones de dólares del fondo humanitario de la ONU

El fondo, de 3.000 millones de dólares, fue acordado el año pasado entre el régimen del presidente Nicolás Maduro y la oposición, pero enfrentaba un problema que impedía su creación. No podía operar en concordancia con el sistema financiero estadounidense sin el riesgo de que los prestamistas y acreedores lo embargaran para pagar las numerosas deudas del régimen.

La decisión de Biden de protegerlo de los acreedores se dio a conocer a través de una nota enviada por la Casa Blanca este mismo mes a Naciones Unidas, según confirmaron fuentes informadas de la misiva a ABC esta semana, tras revelar su existencia Bloomberg y Reuters. El Gobierno estadounidense manifestó su disposición a trabajar con los bancos que poseen activos venezolanos, algunos de los cuales se destinarán al fondo, para garantizar su transferencia segura y sin riesgo de embargos. El fondo, con sede en Nueva York, tiene como objetivo ayudar a los civiles venezolanos que sufren los efectos de la crisis económica y humanitaria.

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Existe un Comité de Acreedores de Venezuela activo en EE.UU., que agrupa a acreedores que poseen más de 10.000 millones de dólares en bonos de ese país caribeño. En general, Venezuela y PDVSA, la petrolera estatal, acumulan deudas por más de 60.000 millones de dólares y dejaron de pagar a los bonistas a finales de 2017, entrando en 'default'.

El fondo desbloqueado por Biden se formará con más de 3.000 millones de dólares –unos 2.800 millones de euros al cambio actual– en activos actualmente congelados. En realidad, este fondo se pactó en las más recientes negociaciones entre el régimen y la oposición, llevadas a cabo en México a finales del año pasado. Es uno de los acuerdos de consenso para avanzar en los esfuerzos por organizar elecciones libres en Venezuela. Se espera que el próximo año se realicen nuevamente presidenciales en el país, después de que las anteriores estuvieran plagadas de denuncias de fraude e irregularidades.

Justo al mismo tiempo en que se creó el fondo mencionado, la oposición optó mayoritariamente por dar por terminada la presidencia de Juan Guaidó, después de cuatro años en los que fue reconocido como presidente interino por el Gobierno estadounidense y sus socios internacionales. En ese momento, Washington ya había entablado negociaciones directas con Maduro, llegando a acuerdos como la excarcelación de presos políticos en Venezuela.

La decisión de Biden llega en un momento en que las conversaciones en México se han estancado una vez más. Después de la última ronda, una queja del chavismo fue la negativa de EE.UU. a ofrecer garantías contra los acreedores del fondo. De hecho, el chavismo afirmó a través de sus portavoces oficiales el año pasado que la administración de Biden le había comunicado a Naciones Unidas que no podía garantizar la protección de los fondos frente a los acreedores. ABC solicitó confirmación sobre este extremo al Departamento de Estado, pero no recibió respuesta a sus preguntas.

Paralelamente, EE.UU. ha impuesto duras sanciones a Venezuela, que fueron parcialmente aliviadas por Biden desde que asumió el cargo en la Casa Blanca. Washington ha restringido el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales, incluyendo la congelación de activos venezolanos en territorio estadounidense y la prohibición de que el gobierno venezolano y la petrolera Pdvsa emitan nueva deuda en los mercados internacionales.

Además, se han restringido significativamente las importaciones y exportaciones de productos y servicios entre EE.UU. y Venezuela. También se ha prohibido la importación de petróleo venezolano por parte de empresas estadounidenses. Esta medida tiene un impacto significativo en la economía venezolana, dado que el petróleo es su principal fuente de ingresos.

La mayoría de estas sanciones fueron aplicadas durante la era de Trump. Con Biden en el poder, en noviembre el Departamento del Tesoro otorgó a la petrolera estadounidense Chevron una licencia de seis meses para reanudar la producción de petróleo en Venezuela, después de años de veto. La condición fue que los beneficios de la nueva producción de crudo se destinen al pago de la deuda de Chevron y no se conviertan en ingresos para la compañía petrolera estatal de Venezuela.

En esa misma línea, hace un año, el Departamento del Tesoropermitió nuevamente a Chevron y a otras empresas estadounidenses realizar el mantenimiento básico de los pozos en los que operan conjuntamente con Pdvsa.

Uno de los obstáculos para continuar las negociaciones en México sigue siendo la exigencia por parte de la dictadura de la liberación de Alex Saab, considerado testaferro de Maduro y que espera juicio en Florida. El chavismo ha pedido insistentemente la liberación de Saab, quien fue extraditado desde Cabo Verde.

El año pasado, Biden liberó a dos sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, quienes habían sido condenados en 2017 a 18 años de cárcel cada uno por intentar introducir 800 kilos de cocaína en EE.UU. A cambio, el chavismo liberó a siete estadounidenses, incluidos cinco ejecutivos de la petrolera Citgo, filial de PDVSA, detenidos en 2017.

Hace un año, la agencia de transparencia del Gobierno estadounidense llegó a la conclusión en un polémico informe de que en Venezuela «las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a un declive económico más pronunciado en Venezuela, principalmente al limitar los ingresos provenientes de la producción de petróleo».

Después de la aplicación de estas sanciones, muchos acreedores han apuntado a activos venezolanos en el extranjero congelados debido a las sanciones de EE.UU., en un intento de cobrar las deudas pendientes del chavismo y de la empresa estatal petrolera Pdvsa. El principal activo del país en el extranjero es Citgo Petroleum, que opera en el mercado petrolero de EE.UU. Citgo está en alto riesgo, ya que acreedores como Crystallex y ConocoPhillips han llevado el caso a los tribunales para solicitar la venta de las acciones de la empresa y cobrar los laudos arbitrales por la expropiación de sus activos en Venezuela.