Claves de Latinoamérica
Uruguay y El Salvador enfrentan el crimen con la institucionalidad como diferencia
Lacalle ha visto ratificada por referéndum la ley estrella de su mandato, con la que dio más poderes a la Policía
El pasado domingo los uruguayos aprobaron en referéndum mantener la totalidad de ley de seguridad impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou y que constituyó su principal compromiso electoral al acceder al cargo a comienzos de 2020. La ley había sido criticada por la oposición y 800.000 firmas avalaron intentar su revocación parcial mediante referéndum. El «no» a la derogación de 135 de los 476 artículos de la conocida como Ley de Urgente Consideración (LUC), defendido por el Gobierno, se impuso con el 49,9% de los votos, frente al 48,8% de los partidarios del «sí», que pedían la revocación.
El debate que en su día tuvo la tramitación de la LUC en las dos cámaras del Congreso, donde quedó aprobada en julio de 2020, y la larga discusión mantenida en la campaña del referéndum contrastan con el carácter expeditivo con que en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha querido dotarse de poderes excepcionales para hacer frente a un incremento de la violencia. Esta, en el caso salvadoreño, tiene que ver además con tratos oscuros previamente mantenidos por Bukele con las maras . Si bien la aprobación del estado de excepción fue realizada por la Asamblea legislativa y su figura está prevista en la Constitución, el grado de institucionalidad y solidez democrática con que proceden diferencian un país del otro.
En 2018 Uruguay registró un récord de homicidios , con un incremento del 46% en un solo año, acercándose a una tasa de 12 por 100.000 habitantes. Eso dio pie a que en la campaña de 2019 Lacalle Pou centrara buena parte de su programa electoral en un plan de choque para la reforma del código penal, de forma que la Policía estuviera en mejores condiciones para combatir el crimen.
Lo que se conoció como LUC estableció sentencias más fuertes, limitó los permisos penitenciarios y amplió la autoridad para disolver protestas , declarando ilegítima toda manifestación que impidiera la libre circulación de personas, bienes y servicios independientemente de si se desarrollaba en lugares públicos o privados. Además, creó la Secretaría de Estado de Inteligencia Estratégica, consolidando varios departamentos de inteligencia de los ministerios de Interior y de Defensa.
La ley fue criticada desde el opositor Frente Amplio. El expresidente José Mujica la calificó de «verdadero terremoto» que amenazaba la estabilidad institucional del país. También desde organismos de derechos humanos de la ONU se expresó cierta inquietud, con argumentos que han vuelto a salir en el debate público previo al referéndum. Por su parte, el bloque oficialista (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente) recordó que ya en la amplia discusión de la ley celebrada antes de su aprobación se modificaron muchos artículos, cambiando su redactado original para acoger algunas objeciones presentadas. Lacalle Pou ha indicado que «los perjuicios que se anunciaban de manera grandilocuente, a bombo y platillo, no han sucedido», al tiempo que el crimen se ha reducido.
En todos los estudios sobre salud democrática e institucional, Uruguay suele encabezar el ránking de América Latina , mientras El Salvador se sitúa en la franja inferior. Y así se manifiesta en la presente crisis de violencia.
También Bukele llegó a la presidencia con la promesa de una reducción de los homicidios , especialmente elevados en Centroamérica a consecuencia de las maras y del narcotráfico, pero en su caso buscó una puerta de atrás: un presunto pacto secreto con esas pandillas (las más importantes son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, cuyos líderes controlan la actividad desde prisión). Los homicidios se redujeron, pero un desencuentro ahora entre Bukele y esos grupos ha vuelto a disparar la violencia: la semana pasada se produjeron 89 homicidios en apenas tres días.
A iniciativa del presidente, la Asamblea aprobó la madrugada del domingo el estado de excepción, que en principio durará hasta el 27 de abril. Con ello, entre otras medidas, se suspende el derecho de asociación, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y del derecho a la defensa en caso de detención. También se ha establecido la «emergencia máxima» en las prisiones, donde los encarcelados, ya muy hacinados, no podrán salir de las celdas.
La organización Human Rights Watch ha advertido que « e n lugar de proteger a los salvadoreños , este amplio régimen de excepción es una receta para el desastre que pone en riesgo sus derechos».
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