La subasta de licencias televisivas pone en pie de guerra al Gobierno de Tsipras y a la oposición

Kiriakos Mitsotakis denunció ayer que el país sufre «una degeneración institucional sin precedentes»

Trabajadores de televisiones privadas protestan ayer ante el Parlamento Griego en Atenas EFE

BEGOÑA CASTIELLA

En el pleno del Parlamento griego ayer a mediodía el líder de la oposición griega Kiriakos Mitsotakis denunció que el país sufre «una degeneración institucional sin precedentes». Se refería al proceso establecido por el Gobierno de subastas de licencias televisivas y a los esfuerzos para conseguir que los jueces miembros del Consejo de Estado rechazaran las apelaciones presentadas por seis canales televisivos contra dicho proceso, que consideran inconstitucional. En el debate debía participar Alexis Tsipras, aunque finalmente no compareció al tener que viajar a la cumbre europea que comienza hoy.

Mitsotakis afirmó que había «avisado al primer ministro de que el país se enfrenta a una crisis económica y que no aguanta una crisis democrática. Pero desgraciadamente se confirma lo que dijimos. El país vive una degeneración democrática sin precedentes”. Añadió que «el sistema judicial es la última barrera institucional contra el autoritarismo del poder ejecutivo».

El ministro de Estado, Nikos Papás , contestó que si el Consejo de Estado considera anticonstitucional la ley sobre licencias televisivas «volveremos a un régimen anticonstitucional», refiriéndose a los 27 años en los que las licencias de televisión privada se habían ido renovando a corto plazo en un marco poco transparente, con relaciones estrechas entre empresas privadas y políticos . El Gobierno radical prometió cambiar la situación (denuncia siempre la estrecha y corrupta relación entre los medios, los políticos y los bancos, que denomina «triángulo de la corrupción») con la subasta de licencias televisivas privadas del sistema radiotelevisivo griego. Se efectuó aplicando una ley bautizada como «Ley Papás» por el ministro que la presentó, considerandose que sólo se podrían subastar cuatro licencias nacionales. La subasta se efectuó para los derechos de emisión durante los próximos diez años a principios de septiembre. En principio los cuatro canales pagarán un total de 246 millones de euros en total, cantidad que Tsipras anunció será entregada a los más necesitados. Uno de los canales tuvo que ser sustituido por el siguiente de la subasta al no cumplir las condiciones de la concesión. Este canal en concreto era un proyecto de Yanis Vladimiros Kalogrítsas, un empresario hijo de un constructor relacionado con los radicales.

Apelaciones al Consejo de Estado

El martes por la noche se había dado a conocer que el Pleno del Consejo de Estado con 16 votos a favor y 9 en contra aceptó las apelaciones presentadas por varias cadenas televisivas en contra del proceso aplicado para las cuatro nuevas licencias televisivas. Al tratarse de solicitudes admisibles, comenzará el examen a fondo de la denominada «ley Papás» sobre la concesión de las licencias y zanjará si es o no constitucional.

Todas las asociaciones judiciales griegas han condenado por su parte el chantaje efectuado a un miembro del Consejo de Estado , nada menos que su vicepresidente. Para «obligarle» a votar a favor de no aceptar las apelaciones, se publicó parte de su correspondencia digital personal en distintas «web basura», como se conocen en Grecia. Tras la primera reunión del Consejo de Estado, donde el juez no cambió de opinión, se publicó su nombre tanto en los medios digitales como en parte de la prensa escrita. El periódico «Avgi» (Amanecer), cercano a los radicales, fue uno de los medios que publicó el nombre del juez en su portada de ayer, con un artículo sobre su investigación disciplinaria. La Unión de Jueces y fiscales y la Asociación de Jueces griegos denunciaron con indignación «un fenómeno especialmente inquietante que recuerda los métodos utilizados por los regímenes fascistas» así como los «intentos de extorsión de la Corte Suprema». El respetado catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Derecho de Atenas describió el chantaje efectuado, defendió la honestidad del juez y afirmó que «ha demostrado que en este país hay gente con coraje».

El ministro de Justicia Nikos Paraskevópulos había encargado una investigación disciplinaria del juez, algo que también ha indignado a los magistrados griegos al considerar que no se protegen los datos personales al tratarse de mensajes personales publicados sin el permiso de quien los escribió. Y la Fiscalía de Atenas ha encargado una investigación urgente sobre la interceptación de correos electrónicos, cuyos datos y contenidos personales no fueron respetados al publicarse sin permiso en los medios.

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