41 AÑOS DESPUÉS
Radilla, el campesino desaparecido que pone en jaque al Gobierno de México
La PGR acaba de ofrecer una recompensa de un millón y medio de pesos por información que permitar encontrar al activista y líder social detenido por los militares en 1974
En la mañana del 25 de agosto de 1974 el autobús de línea que iba de Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, en el que viajaba el campesino Rosendo Radilla Pacheco , de 60 años, acompañado por su hijo de once años, fue detenido por un retén militar que mandó bajar a todos sus ocupantes. Según contó después su hijo, cuando Radilla fue reconocido como un líder social de Guerrero fue separado del grupo y detenido. «¿De qué me acusan?», preguntó. «De cantar corridos», le contestaron. Aunque aquello no era delito, tal vez para los militares si lo fuera que compusiera canciones para Lucio Cabañas , conocido guerrillero, líder del grupo armado Partido de los Pobres, con quien mantenía una estrecha relación, y que moriría pocos meses después en un enfrentamiento con tropas militares. (Al propio Radilla también le dedicarían corridos años después).
La única condición que puso el campesino para acompañar a los militares fue que dejaran libre a su hijo , al que dio dinero para poder regresar a su casa y contar a su familia lo sucedido. Radilla fue visto por última vez en el Ex. Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez Guerrero.
Entre los pocos datos que existen de aquella detención ilegal se encuentra el testimonio de Maximiliano Nava Martínez que coincidió con él en ese lugar clandestino en el que fueron torturados o desaparecieron 470 personas, según relatan diversas fuentes. Nava Martínez recordaba al campesino cantando corridos, entre ellos uno dedicado a la masacre del 18 de mayo de 1967. Aquello enfureció a los militares que sacaron a Radilla del cuartel y lo golpearon, relató. Tras varias semanas detenido, Radilla se sumaba a la lista de desapariciones forzadas (alrededor de 800) que tuvieron lugar durante la conocida como «guerra sucia» en los años 70 del siglo pasado en México, especialmente en la zona de Guerrero.
Una recompensa 41 años después
Desde entonces han pasado más de cuatro décadas durante las cuales los descendientes de Radilla han llamado a todas las puertas posibles -organismos estatales, federales e internacionales- reclamando información sobre el campesino y activista, y sobre todo pidiendo justicia. Esta lucha sin descanso por conocer su paradero dio como fruto la primera condena de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) contra el Gobierno de México por violación de los derechos humanos. Una condena realizada en 2009 que exigía al Ejecutivo cumplir una serie de peticiones.
Esta sentencia fue un hito que dio visibilidad a los miles de casos de desaparecidos en este país (la lista suma más de 25.000 en los últimos siete años -a razón de 13 diarias-) y promovió algunas reformas estructurales. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido a día de hoy todas las peticiones que le requería el CIDH. Entre las medidas incumplidas se encuentra la de «adoptar las reformas legislativas pertinenes para compatibilizar el Código de Justicia Militar, y el Código Penal Federal, con los estándares internacionales en la materia, y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos». Un punto esencial en el caso de las desapariciones forzadas en las que de alguna manera han participado o tiene relación grupos militares. (En el caso de los desaparecidos de Iguala los militares no han podido ser interrogados).
Otro de los puntos pendientes acaba de ser llevado a efecto. Se refiere al de «continuar, de manera clara y pública con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Padilla Pacheco, o en su caso, de sus restos motrales». Para sorpresa de todos, la Procuraduría General de la República (PGR) hace unos días ha ofrecido de manera oficial y pública una recompensa de un millón y medio de pesos (algo más de 80.000 euros) «a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve para la localización de Rosendo Radilla Pacheco»; y de hasta medio millón «para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de desaparición forzada de personas y los que resulten, en agravio de la víctima».
Una recompensa que no será aplicable «a servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales», según publicó hace unos días el diario «Excelsior».
¿Por qué ahora?
Esto se produce pocos días después de que el presidente Peña Nieto anunciara la creación de una Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como respuesta a las peticiones de los familiares de los 43 normalistas de Iguala. Un departamento que, según apuntan algunos medios mexicanos, recicla la Unidad Especializada para Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en 2013 .
El anuncio de la recompensa también ha coincidido con la última visita de una delegación de la CIDH a México , que ha puesto un particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.
La delegación ha visitado, entre el 28 de septiembre al 2 de octubre , seis estados. El informe con los datos recabados verá la luz a finales de año, pero antes de marcharse del país algunos representantes de la CIDH hicieron un pequeño balance, muy negativo, en el programa que dirige la periodista Carmen Aristegui . «México está viviendo su peor crisis de derechos humanos», aseguró James Cavallo, vicepresidente de la CIDH , que explicó durante la entrevista, en la que estuvo acompañado por Emilio Álvarez Icaza , secretario ejecutivo de dicha organización, que algunos de los miembros de la delegación «volvieron muy impactados» tras recoger «decenas de testimonios» sobre desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y casos graves de tortura. Álvarez Icaza indicó que la visita había sido producto de una invitación del Gobierno mexicano, que debería tomar nota de las «recomendaciones» de la CIDH.
Grave crisis de DD.HH. en México
Sin embargo, la reacción del Ejecutivo de Peña Nieto ha sido un tanto abrupta tras recibir una primera impresión de la delegación, mostrándose en desacuerdo con el informe , que «no puede reflejar la situación general del país» tras visitarlo durante cinco días. «Las soluciones de México tenemos que encontrarlas los mexicanos», indicó un portavoz del Gobierno.
Por su parte, tanto Cavallo como Álvarez Icaza subrayaron que esta «no ha sido una visita puntua l . Manejamos mucha documentación que comprobamos después sobre el terreno». Señalaron además que la CIDH lleva décadas trabajando en México.
A modo de resumen, y a la espera de que se publique el informe definitivo, adelantaron algunos de los puntos que aborda el texto, en él se refieren a la falta de tipificación de las tortura y las desapariciones forzadas en algunos estados, lo que ha provocado una «impunidad estructural» en el país. Señalaron además que tres de cada cuatro desaparecidos son de Guerrero, donde se concentró la «guerra sucia». Y que es precisamente «en este contexto» en el que se ha producido la desaparicion de los 43 de Iguala . «Eso pasaba aquí porque había una normalización de la violencia, en la que los servicios públicos participaban de los actos violentos», concluyeron.
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