HRW pide al Gobierno colombiano emplearse a fondo para acabar con el asesinato de líderes sociales

Poly Martínez

10/02/2021
Actualizado a las 20:17h.

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Hay un refrán muy popular en Colombia, pero especialmente cierto en cuestiones de gobierno, que dice: «Del dicho al hecho hay mucho trecho». Aunque suene muy básico, resumen perfectamente la trágica conclusión que arroja el informe de Human Rights Watch, presentado hoy por el director de dicha organización que defiende los derechos humanos en el mundo, José Manuel Vivianco .

En las 136 páginas del documento «Líderes desprotegidos, comunidades indefensas» , la organización presenta la cruda realidad sobre estas muertes violentas que desde la firma del Acuerdo de Paz (2016) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), suman 421 casos comprobados , es decir siete líderes sociales asesinados al mes durante los últimos cinco años. Quedan varios casos por esclarecer, que se calcula podría elevar la cifra a más de 550 homicidios.

Así, el impacto y violencia contra el tejido social, especialmente en las regiones más apartadas o que históricamente han vivido cruzadas por las guerras entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común, no ha tenido tregua, en buena parte por la falta de efectividad del Estado en hacer presencia, tener el control real del territorio, y estructurar con recursos y sostener los programas propuestos para atacar este flagelo.

Ello se traduce en el surgimiento de nuevos grupos armados desgranados de los antiguos grupos paramilitares de extrema derecha, el avance de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc-EP (que cargan con parte de la responsabilidad de esta nueva ola de asesinatos), el fortalecimiento de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además y de facciones del narcotráfico que se disputan rentas y territorios. Algunos asesinatos, además, pero en menor proporción, han sido cometidos por miembros de la fuerza pública. En medio, los líderes sociales que se oponen a todo tipo de violencia, y unas comunidades indefensas.

Vivanco reconoció el aporte de información del Gobierno Nacional, la colaboración de las autoridades autónomas de vigilancia y el aporte de la sociedad civil. Esta apertura y disposición es muy relevante, así como también reconoció que el presidente Iván Duque ha sido consistente en condenar los casos que se han dado a lo largo de su mandato. Sin embargo, cuestionó que de las palabras a los hechos hay un vacío, que las buenas ideas para combatir esta crisis humanitaria no se concretan y que, por el contrario, las promesas parecen disolverse con el tiempo, así como las investigaciones a profundidad de estos crímenes.

Este documento hace un estudio muy juicioso de los casos. Para su elaboración, entre abril de 2020 y enero de este año, HRW entrevistó a más de 130 personas en 22 de los 32 departamentos del país, «para identificar las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos y para examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenir estos asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia», explica.

Así, HRW reitera y sustenta lo que es conocido ya, pero nunca suficientemente denunciado: las zonas de mayor violencia y riesgo son Norte del Cauca; Catatumbo, en Norte de Santander; Pacífico Sur, en Nariño; Bajo Cauca, en Antioquia; Alto y Bajo Caguán, en Caquetá; y el Piedemonte de Arauca. Además, retomando datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, HRW señala que, en proporción, son los líderes indígenas los más afectados por esta violencia, a la fecha 69 asesinados (16% de los 421 casos estudiados). A ello se suma el incremento en el asesinato de lideresas sociales, con 46 defensoras de derechos humanos asesinadas desde 2016, una cifra que tiende a aumentar cada año.

Ante semejante desangre, el informe insiste en que el gobierno colombiano cuenta con los mecanismos para reducir estos asesinatos, pues HRW también hizo un análisis de los programas y mecanismos dispuestos para ello. Sin embargo, la atención a veces pareciera más enfocada en diferencias de procedimiento y seguimiento, que en dar protección efectiva a líderes y comunidades, con un enfoque comunitario y no solamente de protección deficiente a individuos, cosa largamente solicitado por las comunidades y poco atendida.

A esto se añade la deficiente implementación de proyectos de desarrollo la firma del Acuerdo de Paz que beneficiarían a las comunidades, dándoles alternativas reales para progresar económica y socialmente, con enfoque territorial y aporte estatal. El 51% de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se han dado en esto territorios que deberían ser beneficiados.

De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho y mucha sangre derramada. Pero, «esto no es una fatalidad. No estamos ante un desastre natural, algo inevitable o caído del cielo. La responsabilidad directa es del Gobierno colombiano. Es posible abordar esta triste realidad. Las políticas pueden lograr resultados si no se dejan abandonadas o en punto muerto», dijo Vivanco.

Por eso HRW insta al gobierno y hace un llamamiento al presidente Duque para implementar reales mecanismos de protección, reforzar los presupuestos y recursos para que las entidades encargadas cumplan con su labor, así como fortalecer las instancias judiciales y que cuenten con el personal y soporte que les permitan esclarecer los hechos y hacer justicia, todo ello con la participación de la sociedad civil, que con demasiada frecuencia encuentra las puertas cerradas para las soluciones y queda al descampado frente a la violencia.

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