La Comisión Europea se juega su autoridad en el pulso con el presidente Pedro Sánchez

Después de muchos intentos de llegar a un acuerdo para evitarlo, a finales de abril, la Comisión Europea decidió finalmente poner en marcha por primera vez un procedimiento de infracción contra Polonia por la legislación que ha aprobado en los últimos años y que en su conjunto se considera que sirve para someter a los jueces a la voluntad del Ejecutivo, lo que significa un atentado grave contra el principio de separación de poderes. La reforma, que entró en vigor en febrero, «realiza cambios en el funcionamiento del sistema judicial, con grave riesgo de control político del sistema», afirmaba la comunicación de la Comisión antes de emprender un camino extremadamente grave dentro de los usos comunitarios. Entonces, la responsable de Transparencia y Valores en la Comisión Europea, la vicepresidenta Vera Jurova , ya advirtió que «este virus no puede matar la democracia», en referencia a la necesidad absoluta de frenar la propagación de una visión acomodaticia de los principios sobre los que reposan los cimientos de la Unión Europea. Sin ellos, sin la confianza permanente entre todos los gobiernos de los países miembros, no sería posible ni la cooperación judicial y policial, ni la libre circulación de personas ni el buen funcionamiento del mercado único.

Tal es la preocupación en Bruselas, que la comisaria Jurova había rebasado todos los usos tradicionales de prudencia en la diplomacia comunitaria y había llegado a hablar de países con una « democracia enferma» en referencia a Polonia y a Hungría . Lo que más temía el ejecutivo comunitario era que si dejaba pasar esa inflamación de populismo nacionalista y euroescéptico en estos dos países, esa tendencia se podría contagiar fácilmente a otros países de la zona con estructuras institucionales más débiles como Rumanía o Bulgaria, lo que planteaba un panorama en el que se pondría en peligro el propio funcionamiento de las instituciones europeas y la perspectiva de una división clara dentro de la UE.

Según fuentes europeas, lo que no esperaba en ningún caso la Comisión era que un problema de este tipo estallase en uno de los países grandes y con largo historial como miembro de la UE. Ante la evidente erosión de su autoridad que significa el hecho de que el Gobierno español haya decidido enredar en un asunto tan sensible , la Comisión no podía permanecer pasiva. Eso es lo que explica la rapidez y contundencia de una reacción como la que se produjo la semana pasada y que rompía incluso la práctica habitual según la cual el ejecutivo comunitario no se pronuncia nunca sobre una cuestión hasta que esta no sea firme.

La declaración del portavoz de la Dirección general de Justicia advirtiendo al Gobierno español de su preocupación ante el anuncio de la reforma sobre la ley de elección del Consejo General del Poder Judicial intentaba evitar lo que ya se ha producido: que el Gobierno polaco diga que lo suyo es una persecución por razones ideológicas y una injusticia porque no se aplica la misma regla para todos. El roto que le ha hecho Pedro Sánchez a la política de la Comisión es de dimensiones históricas. Aunque si el dirigente socialista se aviene a retroceder ahora, reconociendo su error, podría rendir el mejor servicio posible a la UE y a la Comisión.