Colombia exige al Gobierno respuestas y sanciones por el espionaje del Ejército a periodistas
No es la primera vez que el país se ve sacudido por una polémica de este tipo, tras casos en 2009 y 2014
Es un escándalo nuevo y a la vez tremendamente viejo: las llamadas «chuzadas» (escuchas) por parte de miembros de la inteligencia militar colombiana a periodistas nacionales e internacionales , congresistas, sindicalistas, políticos, juristas y más de 130 personas, incluido un asesor directo del presidente Iván Duque - «de su riñón», como se dice aquí- no son novedad en este país. En los últimos 15 años, el Ejército ha protagonizado verdaderos escándalos no solo por desconocer la Constitución, sino porque para ellos ha desviado recursos previstos para actividades legales; dos o más delitos en uno.
Todo siempre se termina sabiendo, como lo han demostrado en varias ocasiones medios de comunicación como la revista Semana y los diarios estadounidenses The New York Times y el Wall Street Journal, cuyos periodistas en el país en varias ocasiones han estado en la mira y los oídos de los militares . Lo que nunca queda claro ni se traduce en consecuencias judiciales es quiénes son los que piden estas informaciones, para quién trabajan estos oficiales de alto rango, y el uso final de la información o «perfilada», que así le dice en el argot militar a tener toda la información posible de una persona, su familia, amigos y demás datos que violan su intimidad, sin una orden judicial; es decir ilegalmente recolectada y utilizada.
Tampoco es inusual que casi siempre las miradas se inclinen a la derecha para buscar los responsables . Pero el silencio se mantiene, ninguna investigación en la Fiscalía avanza. Se conocen las víctimas, pero siguen ocultos los verdaderos responsables, peces más gordos que los mandos medios o altos que obedecen órdenes o actúan por intermedio de contratistas externos que se prestan para espiar ilegalmente a los ciudadanos. Esa es la historia que se repite y la preocupación de fondo en este oscuro episodio.
Como lo señala Jairo Libreros, experto en temas de seguridad nacional, catedrático y analista internacional, ni los ministros de Defensa ni los militares al mando «le colaboran a la Fiscalía. Separan del servicio a las personas , pero no va a suceder nada. La solidaridad de cuerpo es difícil de vencer por la justicia. Por eso, el tema es realmente político, no militar».
Hoy como ayer
Hace prácticamente un año, el 20 de mayo de 2019, esto dijo el presidente Duque y así fue publicado por Abc: «Todas las fuerzas militares y de Policía han tenido instrucción clara de parte mía, desde el primer día del Gobierno, y es obrar siempre con la Constitución y la ley , en estricta defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario».
Se refería entonces al regreso de los llamados «falsos positivos» (asesinatos extrajudiciales sucedidos entre 2006 y 2009, donde civiles inocentes fueron presentados como bajas de la guerrilla para «mejorar» los resultados del Ejército).
En ese entonces la víctima fue un desmovilizado de la guerrilla de las Farc -que se sumaba a varios más que habían muerto en circunstancias extrañas-, hecho al que trataron de echarle tierra y desviar la atención, pero sin éxito pues precisamente el corresponsal del diario The New York Times, Nicholas Casey, fue quien lanzó la primicia, el mismo periodista que ha estado en el centro de este nuevo capítulo de las escuchas ilegales publicadas el pasado fin de semana por la revista Semana, y por el cual el respetado diario estadounidense ha escrito una carta de protesta y preocupación al gobierno colombiano.
En el mismo sentido van las molestias de senadores de Estados Unidos, que cuestionan que la ayuda de cooperación entregada a Colombia y proveniente de las arcas públicas de ese país sea utilizada para actividades ilegales que, además, atentan contra la libertad de prensa. Mientras se especula si esto tendrá impacto en la ayuda estadounidense al país, miembros del Congreso colombiano llamarán rendir cuentas al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lo que no sería raro excepto que en esta ocasión son senadores de la propia coalición de gobierno los que están exigiendo explicaciones al funcionario.
Por su parte, los congresistas de la oposición, que aseveran estas «perfiladas» se enfocan en personas y entidades que han cuestionado al gobierno o que se han declarado en oposición, no se limitarán a los controles locales, que consideran no han dado resultado alguno. Le enviaron una carta al presidente Duque avisándole que «ante la ausencia de respuesta a estos repetidos hechos acudiremos no solo a las instancias judiciales nacionales, sino que enviaremos información detallada a todas las instancias internacionales encargadas de la protección de los derechos humanos, y al Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos».
Los sospechosos de siempre
A pesar del mensaje presidencial de hace un año atrás, no solamente los métodos ilegales se repiten, sino los nombres de algunos protagonistas, entre ellos generales recientemente retirados, como Nicasio Martínez –cuyo nombramiento como representante de Colombia ante la Otan fue suspendido el lunes por el presidente Duque, quien en diciembre lo despidió con bombos y platillos a pesar de los cuestionamientos que ya tenía-, y quien fue llamado a rendir indagatoria por la Fiscalía General pues era el comandante general del Ejército cuando sucedieron las escuchas.
Si bien el ministro Trujillo ha evitado dar los nombres de los 11 militares involucrados, la prensa se ha encargado de que se sepan. El pasado 1 de mayo, mientras un país inmóvil celebraba el día del trabajo, las marchas forzadas en el Ministerio no se detenían pues sabían que el sábado se haría público el escándalo: Trujillo firmó dos resoluciones donde retira del servicio activo a cinco coroneles, dos mayores y al general Eduardo Quiroz. A ellos se sumó el general Ernesto García Luna, cabeza de los servicios de inteligencia del ejército, quien pidió el retiro.
En este nuevo escándalo también ha vuelto a repetirse la vieja sospecha de intereses oscuros por parte de personas que no necesariamente están vinculados al Ejército pero que tiene influencia o pudieron tener línea de mando. Como bien lo dijo la periodista María Alejandra Villamizar, de Caracol Radio, también acosada por las escuchas, «el Ejército no se manda solo» y hay responsabilidades políticas.
Tiene razón: es la vieja batalla entre el ala más radical y guerrerista del Ejército, apoyada por militares retirados y el flanco más de derechas del partido de gobierno, entre otras fuerzas muy conservadoras del país , y las nuevas generaciones o visiones entre las propias fuerzas armadas colombianas, que pretenden un ejército moderno, a tono con la sociedad y los anhelos de los colombianos. La misma línea divisoria que subsiste entre una mirada de guerra o de paz para Colombia.
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