El acuerdo que trajo la democracia a Venezuela en 1958 y que Maduro aún odia: «Fue una dictadura»

El pacto de «Punto Fijo» fue un acuerdo entre los partidos políticos de Venezuela tras el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Se legalizaron los partidos, se liberó a presos políticos y se celebraron elecciones, pero Chávez y el actual presidente bolivariano lo han criticado siempre

Maduro, en una rueda de prensa en Caracas el viernes pasado, en la que pidió a los «países amigos» hacer un grupo para apoyar un diálogo inclusivo de cara a las elecciones de este año. EFE

Israel Viana

A día de hoy, parece difícil que los venezolanos vean una escena parecida a la que presenciaron en el aeropuerto de la Carlota, en el corazón de Caracas, el 23 de enero de 1958. Aquella noche histórica, a las 3 de la mañana, el Douglas C-54 «Skymaster» levantó el vuelo con el general Marcos Pérez Jiménez a bordo, junto a su familia y a sus colaboradores más cercanos. La dictadura llegaba a su fin y se abrían las puertas de la etapa democrática más larga de la historia del país, hoy sumida en una grave crisis por la negativa del presidente Nicolás Maduro a dejar voluntariamente el poder.

Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez parece no tener el más mínimo problema en blanquear lo que ocurre en Venezuela, a pesar de la presión internacional. El «Delcygate» , además, lleva varias semanas protagonizando la actualidad politica española. «Usted bloquea hasta la verdad, señor presidente. Por eso ayer tuvimos que recurrir a un juzgado de guardia para que no se destruyan las pruebas de la reunión entre el señor Ábalos y la ministra de la dictadura venezolana», apuntó este miércoles Pablo Casado a Pedro Sánchez, sobre el supuesto encuentro secreto entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Mucho más consenso hubo en 1958 cuando Pérez Jiménez huyo del país. Y eso que intentó mantenerse en él a toda costa, al igual que Maduro. De hecho, estaba previsto que su mandato concluyera en 1958 pero, a finales de 1957, en lugar de una elección presidencial, convocó por sorpresa un plebiscito sobre su continuidad, algo que era contrario a la constitución. Su objetivo era perpetuarse en el cargo hasta 1963, pero la oposición alegó que este carecía de carácter legal y llamó a la población a no participar. El general anunció haber sido reelegido, pero el resultado no fue reconocido por, según decían, estar «amañado».

La supuesta victoria no le sirvió al dictador, que no pudo hacer frente a los problemas que atravesaban su Gobierno y los mandos afines de las Fuerzas Armadas. La gran movilización organizada por los partidos políticos opositores y las multitudinarias manifestaciones civiles, que acabaron en fuertes disturbios, hicieron el resto, a pesar del toque de queda y de las amenazas del Ministerio de Defensa de abrir fuego contra las protestas. Pero aquello tampoco logró aplacar al país y el presidente acabó huyendo en su Douglas C-54 «Skymaster». «El destituido general Marcos Pérez se ha refugiado en Ciudad Trujillo», informaba ABC al día siguiente .

Rómulo Betancourt, en 1958 ABC

Se acaban de cumplir, pues, 60 años del fin de la última dictadura militar de Venezuela. Un aniversario que en los últimos años se ha usado en las calles para expresar el repudio o el apoyo de la población a Chávez y Maduro. ¿Por qué? Porque, curiosamente, los dos presidentes siempre tuvieron palabras de desprecio contra la Junta de Gobierno que sustituyó a aquella dictadura y contra el llamado «Pacto de Punto Fijo». Un acuerdo que firmaron las nuevas formaciones políticas para garantizar la sostenibilidad de la recién instaurada democracia y para asegurar que los militares no volvieran a ejercer el poder.

Fue una de las primeras acciones de la Junta Provisional de Gobierno, en la que se integraron por primera vez juristas, empresarios y otros representantes de la sociedad civil antes vetados por los mando del Ejército. Lograron en poco tiempo promover la legalización de los partidos, la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, la celebración de elecciones libres y la instauración de un gobierno constitucional, además de establecer una serie de medidas de emergencia económica.

Rómulo Betancourt

El pacto fue firmado el 31 de octubre de 1958, un mes antes de que se celebraran esos primeros comicios presidenciales mediante el voto universal, directo y secreto de todos los venezolanos mayores de 18 años. Salió elegido Rómulo Betancourt . Su objetivo fue también garantizar el respeto a los resultados de las urnas y a la participación equitativa de todos los partidos en el gabinete ejecutivo de la formación ganadora.

Hugo Chávez asumió el poder en 1999 negando la validez de los cuarenta años de gobiernos democráticos que siguieron a este pacto hasta su llegada, y que que trajeron la estabilidad al país. Los acusaba, entre otras cosas, de «traicionar» la rebelión popular que había derrocado al general Marcos Pérez Jiménez al estilo, según él, de la revolución protagonizada en Cuba por Fidel Castro y el Che Guevara. Pero, sobre todo, criticaba haber dejar fuera al Partido Comunista Venezolano y a las clases más desfavorecidas.

En Venezuela, sin embargo, no hubo guerrilleros en las montañas, sino manifestaciones masivas en las calles de Caracas y en otras ciudades. Poco antes de escapar, el dictador había acentuado la represión y llenado la cárcel de presos políticos. Cerró liceos y reprimió el movimiento estudiantil, pero no le sirvió de nada. El movimiento popular siguió en ascenso. Profesores, intelectuales, abogados, médicos e ingenieros se incorporaron activamente a la lucha y suscribieron manifiestos de denuncia contra el régimen hasta que Pérez Jiménez huyó a Costa Rica.

«Pacto de élites»

A pesar de eso, hasta su fallecimiento en 2013, el presidente de Venezuela cuestionó siempre el Pacto de Punto Fijo, al considerarlo un «pacto de élites» que habría negado el acceso del pueblo al poder. Durante sus primeros años de gobierno, de hecho, hizo lo posible para que la fecha del 23 de enero, tan destacada por los ejecutivos anteriores, se diluyera en la memoria. Los dirigentes chavistas, incluido Nicolás Maduro, se referían a él de manera despectiva, obviando que permitió la estabilización del sistema político venezolano durante cuatro décadas y que trajo consigo las primeras elecciones democráticas en 11 años.

En 2011, en el 53 aniversario del fin de la dictadura, Chávez se refirió a este periodo como «la dictadura del Pacto de Punto Fijo» o «la última dictadura de Venezuela», en un discurso transmitido por el canal de televisión público. Defendió que los gobiernos socialdemócratas y democristianos «se repartieron la torta» desde entonces y hasta que llegó él a la presidencia en 1998. Y remarcó que «la democracia bolivariana de hoy tiene más amigos en el mundo que nunca antes». Obvió, por supuesto, que la participación en aquellas mismas elecciones de 1958 superó el 92%.

El pasado 31 de octubre, Maduro publicaba el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter : «Se cumplen 60 años de la firma de un acuerdo antidemocrático que traicionó la esperanza de nuestra Patria, el “Pacto de Punto Fijo”. Época signada por la exclusión y la oscuridad. Con la llegada del comandante Chávez, el pueblo despertó y se liberó de semejante adefesio. ¡No Volverán!». Y el 2 de febrero de 2017, esta vez en su muro de Facebook , incidía con otra efeméride: «Hoy celebramos los 18 años de primer juramento de Chávez. Tras ser electo por una mayoría contundente del pueblo venezolano y derrotar a los partidos del Pacto de Punto Fijo, el comandante se juramentó en el extinto Congreso Nacional, sobre la moribunda constitución de 1961».

La «satanización»

«El Pacto de Punto Fijo se satanizó debido a la corrupción que había en el país, pero esta no le llegaba ni a los pies de lo que hay ahora», declaraba el escritor y periodista venezolano Doménico Chiappe , en una entrevista a ABC, en 2016, con motivo de la publicación de su libro «Largo viaje inmóvil» (Ed. Círculo de Tiza). «Todos esos males se magnificaron y se exponenciaron a partir de la llegada del chavismo. ¿Por qué? Porque el poder se concentró y se hizo absoluto. Pero en 1958 era una democracia joven y consolidada que venía de una dictadura. Venía de la dictadura de Pérez Jiménez, que cae y surgen unos líderes democráticos», añadía.

En el libro « Historia de Venezuela Contemporánea » –uno de los que el Gobierno entrega de forma gratuita en las escuelas públicas desde 2011, y en el que aparecen Chávez y Maduro como editores–, no solo se compara a Estados Unidos con el Tercer Reich, también se describe a Betancourt y a todos los gobiernos democráticos anteriores al chavismo como los principales responsables de la tragedia nacional. Una tragedia que sería contenida con la llegada del primero al poder.

Estas son las lecciones que reciben los alumnos venezolanos del cuarto año de bachillerato, en un manual que se ha reeditado en varias ocasiones, donde se sataniza todo aquello que no comulga con los intereses chavistas. Del Gobierno de Betancourt se destaca como acontecimiento principal la supuesta represión de los grupos de izquierda que eligieron el camino de la lucha armada contra el general Marcos. Y vuelve a calificar de «traición» la firma del Pacto de Punto Fijo y el apoyo posterior de Venezuela a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OAE), criticando las fricciones internas que esa decisión ocasionó en la coalición de Gobierno.

En el texto incluso se entrecomillaba la palabra «democracia» en referencia al famoso pacto, de acuerdo con las críticas que Chávez expresó en vida sobre ese proceso iniciado en 1958. Todo el libro es, en realidad, un amplio ajuste de cuentas con los gobiernos anteriores a la época bolivariana. De la legislatura de Raúl Leoni (1964-1969) destaca su apego político a la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos y la agudización de la política de torturas y desapariciones forzadas, «cuya lista sería harto difícil citar aquí». Las presidencias de Rafael Caldera (1969-1974), Carlos Andrés Pérez (1974-1979), Luis Herrera Campins (1979-1984) y Jaime Lusinchi (1984-1989) son despachadas bajo el prejuicio de la corrupción que agudizó la crisis económica. De Rafael Caldera (1994-1999) incide también en su presunta subordinación a Washington.

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