Especial Universidades
Un cambio pendiente para avanzar al ritmo de los nuevos tiempos
Para adaptarse al siglo XXI la universidad se enfranta a grandes desafíos. Entre ellos, configurar un nuevo sistema de gobernanza, contar con suficiente financiación y elevar la tasa de empleabilidad de los egresados.
En un mundo en constante evolución es lógico apostar por un sistema universitario que refleje esos cambios y que sea lo suficientemente flexible para poder acompañarlos. Precisamente es la falta de flexibilidad uno de los mayores problemas que tienen las universidades españolas cuyos retos pasan también por una modernización en las estructuras de gestión, una recualificación de las plantillas o un mayor contacto con las empresas. Queda por saber a qué problemas dará realmente respuesta la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), largamente esperada.
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«Uno de los problemas que tiene la universidad pública es la obsolescencia de sus procedimientos de gobernanza que se basan en la trasposición de un método político al ámbito de las instituciones universitarias y de esta forma se introducen mecanismos perversos. Se debe modificar y adaptar al nuevo contexto de la gobernanza universitaria», defiende Francisco López, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). En este sentido, Eva Ferreira, vicepresidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universidad del País Vasco, cree que el «objetivo debe ser agilizar y reducir el tiempo dedicado a la gestión, y favorecer la transición hacia un modelo de uso 24x7, que es lo que reclaman los nuevos tiempos y uno de los objetivos marcados en nuestra estrategia Universidad 2030». Por su parte, Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), cree que en España se confunde la autonomía universitaria con el autogobierno y es necesario «ir a los modelos de éxito de otros países europeos con un órgano de gobierno único y sistema de designación del rector por concurso de méritos».
Suficiencia financiera
Desde Crue recuerdan que las universidades están pidiendo tener la debida suficiencia financiera mediante unos planes plurianuales que «garanticen una financiación basal a la que se añada la derivada de resultados y objetivos alcanzados». Esto supondría un avance en su autonomía y haría posible «adoptar aquellos cambios –con la debida rendición de cuentas– que las propias universidades entiendan que necesitan para su mejor servicio a la sociedad y que, en muchos casos, ya están implementado algunas de las mejores universidades de nuestro entorno», resalta.
Los expertos subrayan que es esencial mejorar la percepción de la sociedad sobre la trascendencia de la universidad
Ante un momento de cambios Francisco López, que ha ocupado distintos puestos en el sistema educativo español (entre ellos director general de Centros Educativos del Ministerio de Educación y presidente del Consejo Escolar del Estado), cree que se debe reflexionar sobre el modelo que se quiere pensando que «la universidad es una pieza esencial para preparar el futuro de un país. La educación, en general». En una investigación llevada a cabo en la cátedra que dirige los datos apuntan a que solo el 12% de los alumnos de 15 años dicen que ejercerán una posición STEM cuando tengan 30 años, «y en el caso de las alumnas, tan solo un 4%». Estos números, en su opinión, nos avisan de que tenemos un problema cuantitativo en el proceso de generación de conocimiento nuevo y preparación para el empleo.
Si echamos la vista atrás, estos dos últimos años han supuesto ya de por sí todo un reto para el sistema universitario, forzado por la pandemia. «Ha implicado indudablemente un movimiento de aceleración de los cambios hacia la transformación digital que en el caso de la universidad va más allá de lo que es una enseñanza híbrida», indica López. «Se trata de introducir el potencial de lo digital como herramienta de apoyo a la enseñanza», añade. Todo ello no quiere decir que haya que prescindir de los expertos encargados de transmitir el conocimiento, sino que «supone ese cambio cultural que soporta toda transformación profunda y una adaptación del profesorado a las nuevas tecnologías, respondiendo a cuestiones de orden generacional». En su opinión, «lo ideal es combinar la fuente de formación más tradicional con la más rompedora». En este sentido, la vicerrectora de Crue recuerda que la aprobación por parte del Gobierno del Plan de Digitalización del Sistema Universitario, dotado con 142,5 millones permitirá acelerar la transformación digital de las universidades.
El Plan de Recualificación del Sistema Universitario, por su parte, que ha contado con la labor de Crue, está dotado con 361,5 millones que permitirá mejorar las competencias del profesorado. «Como en todas las organizaciones en el siglo XXI, las universidades están especialmente atentas y preocupadas por la formación continua de todo su personal», afirma Eva Ferreira.
Solo la mitad de los graduados universitarios desarrolla un trabajo acorde con su formación
Otro de los retos pendientes es lograr una mayor tasa de empleabilidad de los jóvenes egresados. En 2015 el Ministerio de Educación impulsó un estudio en el que se confrontó la base de datos de la graduación universitaria y la de la Seguridad Social. «Y en él se decían cosas muy interesantes. Entre ellas, que solo la mitad de los graduados universitarios desarrollan un trabajo acorde con su nivel formativo dos años después de haber terminado sus estudios. La otra mitad, no tiene nada que ver y está por debajo de su formación», destaca el docente de la UCJC. Además, «una cuarta parte de los universitarios graduados realizan trabajos manuales que no necesitan cualificación previa». Estos dos datos, entre otros, muestran que existe un gran desajuste entre el mercado laboral y la naturaleza de los titulados. «Si a eso le sumas los desafíos del futuro, indica que tenemos un problema muy grueso», puntualiza.
Un desajuste histórico
Es cierto que la formación universitaria no tiene como único propósito el empleo, «pero es uno de ellos y no puede vivir de espaldas. Creamos infelicidad en los graduados y hay riesgo de fracaso», matiza López. En su opinión, «la proliferación de títulos adoptada por el sistema obsoleto de las instituciones, centrado en ella misma, y no en los alumnos, nos lleva al desorden». Eva Ferreira cree que «la baja empleabilidad de los jóvenes es una cuestión que, en mayor o menor medida, afecta e implica a todo el país. Las universidades no podemos solucionar en solitario el problema de un sector formado en más de un 90% por pymes y micropymes que, desgraciadamente, tiene un impacto negativo en la tasa de demanda de empleo cualificado en el mercado laboral español».
El presidente del CCS habla de «un momento crucial e histórico del sistema universitario. Entre todos debemos ser capaces de hacer un pacto, una nueva ley orgánica universitaria que permita a la universidad pública española hacer frente a los retos de la educación del siglo XXI». Para Abril, uno de los grandes desafíos es el de «mejorar la sensibilidad de la sociedad por la trascendencia de la educación y de la universidad en particular. Hay poca preocupación por la excelencia de la universidad pública», señala. Prueba de ello es que la LOSU no ha generado el debate público que se esperaba. Para hablar de los retos del sistema universitario se remite a la «Hoja de ruta para mejorar la cooperación entre universidades, investigación y empresa en España», elaborada por la OCDE, que aboga por el fomento de la transferencia de los resultados de la investigación del sector público a la empresa.
Abril indica además que España cuenta con las universidades públicas menos internacionalizadas de Europa por tener poca flexibilidad y resulta muy difícil contratar a profesores extranjeros, «lo cual les da ventaja a la universidad privada». Desde la CCS quieren contribuir a la internacionalización de las universidades para integrarlas completamente en un sistema global de transferencia de conocimiento y de captación y retención de talento. «La universidad debe ser más productiva socialmente y más competitiva a nivel internacional», subraya.
Trasvase del conocimiento
Desde la Fundación Universidad–Empresa (FUE) trabajan creando redes entre las universidades y las pymes y startups. «Creemos que esta es la parte crítica y podemos dar valor añadido», comenta Carmen Palomino, directora de Operaciones de la FUE. «Las empresas nos traen los problemas y buscamos en los equipos de investigación posibles soluciones», añade. Palomina apunta a la necesidad de reforzar el papel de la investigación e impulsar esa colaboración con pymes y startups, que «no está bien desarrollada, no hay buen encaje entre ambas partes». Si bien las grandes y medianas empresas españolas sí trabajan con la universidad, «una pyme no tiene capacidad para investigar y tenemos que seguir tejiendo esa red porque sin innovación no llegan los cambios».
Sentencia que la transferencia del conocimiento desde la Universidad a la empresa es muy débil. Y recuerda que uno de los objetivos de la nueva ley debería ser crear más redes de colaboración y alianzas estratégica entre distintas instituciones. Siente que hay un cambio de mentalidad y que las universidades sí son conscientes de las necesidades del mercado, pero avisa de que el éxito de las medidas que se quieren implementar «va a depender de las políticas que tenga cada universidad, que tienen autonomía». Deberes pendientes para lograr que la sociedad avance al ritmo de los tiempos.
