Urkullu se evita un final de legislatura incómodo
De cara a la galería, Urkullu defendió que su decisión es consecuencia del bloqueo político de un Parlamento en constante precampaña, pero hay otros factores que han inclinado la balanza en favor de las urnas
Iñigo Urkullu sorprendió a algunos de sus propios consejeros cuando les propuso hacer una reflexión sobre el adelanto de las elecciones , previstas en un principio para otoño. Aquello ocurrió en el Consejo de Gobierno ordinario del pasado 4 de febrero. Aunque hacía meses que en los pasillos del Parlamento se especulaba con las urnas, el lendakari no había dado todavía un paso en firme en esa dirección. Hasta ese día. La mera consulta a su equipo constituía una declaración de intenciones, pues se trata de una formalidad técnicamente indispensable de cara a la disolución de la Cámara de Vitoria.
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El presidente vasco se decantó finalmente por el 5 de abril , domingo de Ramos, algo que comunicó de primera mano a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Quim Torra y, curiosamente, también a María Chivite. De cara a la galería, Urkullu defendió que su decisión es consecuencia del bloqueo político de un Parlamento en constante precampaña, pero hay otros factores que han inclinado la balanza en favor de las urnas. Entre ellos, el asunto catalán , dado que el PNV quería evitar que coincidieran las elecciones de ambas Comunidades ante el riesgo de que se produjeran interferencias en los debates.
La crisis de Zaldívar enturbia la campaña
Lo que Urkullu no podía calcular es que horas antes del anuncio de las elecciones se produjera una tragedia como la del vertedero de Zaldívar (Vizcaya) , que el jueves 6 de febrero colapsó sepultando a dos de sus trabajadores. El caso terminó convirtiéndose en un arma arrojadiza contra el Gobierno, cercado por la oposición debido a su polémica gestión de la crisis. Partidos y sindicatos cuestionan que se permitiera instalar un vertedero que recibe residuos peligrosos como el amianto en la ladera de la AP-8, una de las principales arterias del País Vasco, y recriminan al Ejecutivo que no actuara de inmediato cuando tuvo constancia de las deficiencias del centro. Tampoco se entendió que el lendakari tardara seis días en personarse en la zona afectada: «No se trata de estar allí por estar» , respondió visiblemente molesto cuando fue consultado por ello el pasado lunes.
El desastre de Zaldívar será, sin duda, uno de los vectores de la campaña electoral, y eso es algo que incomoda al Ejecutivo, que ha llegado a acusar a los grupos de la oposición de practicar un «carroñerismo» político para sacar rédito de la desgracia. Por el contrario, los nacionalistas cargan toda la culpa de lo sucedido sobre Verter Recycling, la empresa que gestiona el vertedero, a la que han abierto ahora un expediente sancionador. Ante la falta de autocrítica, han sido los partidos los que han forzado al presidente autonómico a dar explicaciones en la Diputación Permanente del Parlamento en una comparecencia que tendrá lugar la mañana del próximo martes.
Sospechas más allá del «Caso De Miguel»
Tema aparte es el de la corrupción. En 2019 se constató que el «oasis vasco» del que hablaba el PNV no era tal, y de hecho la formación nacionalista se ha visto salpicada por diversos escándalos relacionados con la gestión de algunos de sus dirigentes en el ámbito público. El caso más flagrante es el de la trama orquestada por su exnúmero dos en Álava, Alfredo de Miguel, que fue condenado a 13 años de cárcel junto a otros excargos del partido por servirse de su influencia para adjudicar contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Pero hay otros ejemplos recientes. Sin ir más lejos, en marzo el que fuera consejero de Salud, Jon Darpón, se vio empujado a dimitir por el escándalo de las filtraciones a aspirantes concretos en las oposiciones del Servicio autonómico de Salud (Osakidetza).
En las últimas semanas han aflorado otras sospechas que amenazaban con amargar a los nacionalistas estos últimos meses de legislatura. El foco se ha posado sobre los contratos que organismos dependientes del Gobierno de Urkullu como el Instituto Vasco de Memoria (Gogora) adjudicaron supuestamente «a dedo» a un grupo empresarial administrado por Aitor Elorza, un cargo del PNV de Guipúzcoa. Esta presunta red se habría embolsado más de 800.000 euros. La oposición acusa al lendakari de «huir hacia adelante» para evitar el control del Parlamento sobre este tipo de cuestiones. «No ha querido afrontar con altura de miras la crisis que se le está viniendo encima», resumió Lander Martínez, secretario general de Elkarrekin Podemos.
A por la mayoría absoluta con el PSE
Apenas un escaño ha impedido esta legislatura a la coalición de PNV y PSE ser mayoría en el Parlamento vasco. Esa debilidad ha sido una losa constante para el Gobierno, que se ha dejado en la nevera casi una treintena de propuestas legislativas. Con la maquinaria totalmente engrasada, los nacionalistas afrontan las elecciones con el objetivo de condensar una mayoría absoluta que les permita sacar adelante su programa con la tranquilidad de no tener que depender de acuerdos puntuales con otros partidos. Ante la imposibilidad de obtenerla mediante un Gobierno monocolor -«sabemos que eso no es posible en Euskadi», reconocía el propio Iñigo Urkullu-, los nacionalistas verían con buenos ojos una reedición de la alianza con el PSE de Idoia Mendia. También esta última envía señales de que el próximo Ejecutivo volverá a ser «plural»: «Los acuerdos son necesarios», apuntó esta semana la secretaria general de los socialistas vascos.
Falta por saber qué papel desempeñará Podemos en esa ecuación. La formación morada ha adquirido un nuevo rol tanto en la política nacional como en la vasca , donde ha sido clave en la aprobación de los Presupuestos de 2020. Incluso tendió la mano a Urkullu para permitirle avanzar en su calendario legislativo y agotar así la legislatura. En algunos sectores del partido, sin embargo, se apuesta por impulsar una alianza de izquierdas entre Podemos, Bildu y el PSE, una fórmula semejante a la que hay en Cataluña con ERC y PSC.
También los batasunos han lanzado «guiños» a los socialistas vascos, aunque por el momento su lucha es otra. EH Bildu aspira a desgastar a un PNV al que ataca con fiereza por el fracaso de la ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco, en la que había depositado la esperanza de impulsar un nuevo Estatuto de marcado acento independentista. Con Maddalen Iriarte en sustitución de un Arnaldo Otegui que sigue inhabilitado para cargo público, los radicales tratarán de asentarse como segunda fuerza política del País Vasco.
La incógnita del centro-derecha
Otra de las incógnitas de la futura legislatura es el peso que tendrá el centro-derecha en el Parlamento. A tenor de las encuestas, el PP continúa siendo la única referencia de este lado del espectro político, aunque su presencia es cada vez más exigua. Los populares vascos abordaron el pasado verano un proceso de búsqueda de su propia identidad ante las reservas de Génova, que guardó silencio hasta el último momento sobre quién sería su apuesta para candidato a presidir el Gobierno autonómico.
Para la mayoría de los populares del País Vasco no había otro que Alfonso Alonso, que aborda sus segundos comicios como líder de esta formación. Su deseo es el de «aglutinar fuerzas» con Ciudadanos para conformar una alianza de derechas no nacionalista que evite la fuga de votos hacia otras formaciones, incluido el PNV.
