La mayor trama corrupta del País Vasco salpica al PNV en plena precampaña

En aquel momento, De Miguel acaparaba poder y cargos en Álava. Era el número dos del PNV en la provincia y diputado foral de Administración Local, el que tiene las competencias de urbanismo. Además, tenía un puesto en el consejo de Caja Vital y otro en el Parque Tecnológico de Álava.

Fue precisamente en el seno del PNV donde se forjó su gran amistad con Ochandiano y Tellería. La buena sintonía que tenían les llevó a trasladar su influencia política a los negocios privados. Fue así como formaron 'la cuadrilla de Kataia'. En realidad, no se trata de ninguna sociedad gastronómica de las que proliferan en el País Vasco; es el nombre que idearon para la principal empresa pantalla de su red corrupta a través de la cual ingresaban las mordidas que recibían a cambio de los contratos que adjudicaban de forma irregular. La palabra es el resultado de sumar las iniciales de sus nombres y el de sus mujeres.

La investigación ha demostrado que Kataia Consulting SL, que figuraba a nombre de sus respectivas esposas, no es más que un eslabón más en un entramado corrupto que llegó a tener hasta once ramificaciones. También crearon Errexal SL y Muga S «bajo una titularidad simulada». Una de ellas figura a nombre de Josu Azkarraga Montes, empresario cultural también condenado en la trama, y la otra, de Iñaki San Juan Bilbao, ex concejal del PNV en la localidad vizcaína de Lejona.

Los magistrados consideran probado que De Miguel, Ochandiano y Tellería se valieron de «su posición política» en la ejecutiva del Araba Buru Batzar (la dirección del PNV en Álava) para realizar adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Después, utilizaban ese entramado de sociedades pantalla para facturar servicios ficticios a los adjudicatarios que estaban pagando comisiones ilegales. De esta manera, dice la sentencia, conseguían un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

El Parque Tecnológico de Miñano, entidad dependiente del Gobierno vasco, terminó por convertirse en epicentro de la trama corrupta. De hecho, Ochandiano recayó allí como contable después de haber sido director del Instituto Foral de Bienestar del Gobierno vasco. En el año 2010, cuando estalló el caso, Tellería también era el encargado del semillero de empresas de ese centro tecnológico, después de haber ejercido como concejal en Vitoria o director foral de Medio Ambiente en la Diputación.

Según consta en la investigación, el entonces generante del parque, Alfonso Arriola, un nombre que sonaba en la terna de candidatos del PNV a la alcaldía de Vitoria, contactó con De Miguel para ampliar las instalaciones. Dicen los jueces que ambos «hicieron uso de sus relaciones personales y suposición en el mundo de la política» para interceder en la adjudicación del contrato a la constructora de Jon Iñaki Echaburu, también militante del PNV. Echaburu se comproemetió apagar a cambio de la «ilícita adjudicación» 600.000 euros.

Sin embargo, la constructora no fue todo lo bien que esperaban y terminó por entrar en concurso de acreedores. A partir de ese momento Ainhoa Alberdi, en un inicio socia de Echaburu, se hizo con las riendas de la empresa y descubrió los pagos irregulares. De Miguel incluso le llegó a solicitar pagos pendientes, lo que demuestra la sensación de impunidad con que actuaba la trama. Alberdi no solo no accedió, sino que grabó las reuniones y utilizó las grabaciones para denunciar el caso en la Fiscalía.

La investigación demostró que lo ocurrido en Miñano no era más que la punta del iceberg de un entramado que cobraba sistemáticamente mordidas a cambio de contratos. Así ocurrió en un macroproyecto para desarrollar un polígono industrial de 120 hectáreas en la localidad alavesa de Zambrana. De Miguel y sus socios exigieron a los empresarios catalanes una comisión de 322.000 euros. En el sumario también consta una veintena de contratos irregulares con el Departamento de Cultura vasco. Los condenados maniobraban para fraccionar las tareas y así conseguían licitar contratos considerados menores que pueden adjudicarse sin contrato público. Incluso abonaron cantidades «sin comprobar si los trabajos habían sido realizados».

El hecho de que tanto los cabecillas de la trama como los dirigentes de las empresas involucradas fueran afines al PNV ha puesto en evidencia la red clientelar que ese creó en Álava en aquellos años. El tráfico de influencias llegó hasta tal punto, que los jueces subrayan el hecho de que, por lo general, no era De Miguel quien buscaba las operaciones, sino que éstas le llegaban gracias a la intervención de otras personas «dado que militaban en el mismo partido».

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría para un PNV que se encuentra ya inmerso en el ambiente de precampaña que flota en el ambiente. De hecho, la reacción tanto de la dirección el partido como del lehendakari ha sido muy diferente a la que escenificaron cuando se conoció la sentencia en diciembre de 2019. Entonces, Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar hicieron una comparecencia en la que cabizbajos y con semblante serio pidieron públicamente «perdón» a la sociedad vasca. En esa ocasión, sin embargo, se han limitado a reaccionar con un comunicado en el que recuerdan aquellas palabras.

Una respuesta excesivamente tibia para una oposición que no ha escatimado en críticas hacia el PNV. EH Bildu, que en algunos territorios las encuestas electorales le sitúan cerca del PNV, ha mostrado públicamente sus dudas acerca de la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco. «Es difícil de creer que no supiera que sus dirigente sestaban manipulando contratos», advertía Unai Urruzuno, portavoz de la coalición independentista. El PP, por su parte, se pegunta«¿Dónde está el dinero?» y pide aclarar las incógnitas que aún esconde el caso.