Denuncian que Vitoria adjudicó a dedo a la empresa de un cargo del PNV la colocación de una carpa por 6.000 euros
La popular Leticia Comerón asegura que no se cubren «los mínimos requisitos indispensables de contratación»
Se estrecha el cerco sobre el PNV en el caso de los contratos que adjudicó presuntamente «a dedo» a empresas del grupo Montai , liderado por un dirigente nacionalista. Las sospechas no solo se ciernen sobre el Gobierno vasco, que por el momento niega toda acusación, sino también sobre otras administraciones que dirige el partido. Incluido el Ayuntamiento de Vitoria, que en 2016 pagó casi 6.000 euros a la compañía Stali La Karpa , una de las cuatro sociedades que integran Montai, por instalar una tarima para una exposición del Instituto Vasco de la Memoria (Gogora).
Esta nueva polémica, que ha aflorado apenas meses después de que la Diputación de Álava condenara a varios excargos del PNV por el «caso De Miguel», se enmarca dentro de los contratos que organismos dependientes del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, incluido Gogora, adjudicaron supuestamente «a dedo» a Montai. Se trata de un grupo de cuatro empresas administrado por Aitor Elorza, integrante de la formación nacionalista en Guipúzcoa. La presunta red, destapada por eldiario.es, se habría embolsado más de 800.000 euros.
Según el expediente que ha hecho público este miércoles el PP de Vitoria, el Ayuntamiento desembolsó la cantidad de 5.989,50 euros a Estali La Karpa para una exposición que hubo en la plaza de la Virgen Blanca entre el 18 y el 24 de abril de 2016. «Es un proyecto de participación ciudadana que busca recopilar y exponer testimonios de lo acontecido en Euskadi en las últimas décadas con el fin de construir una memorial plural y compartida», señala en el documento la entonces concejala delegada de alcaldía y relaciones institucionales, Blanca Guinea. En esta operación intervinieron también el Gobierno vasco y la Diputación de Álava, que junto al Consistorio alavés pagaron un total de 28.835,61 euros por este evento.
Según ha denunciado esta mañana Leticia Comerón , portavoz del PP en el Ayuntamiento, la actuación de la administración es sospechosa por diferentes razones. La primera de ellas es que lo primero que aparece en el expediente que han solicitado al Gobierno municipal «es directamente la factura de Estali La Karpa», cuando debería haber aparecido era la información sobre un concurso público «global de toda Euskadi» o como mínimo «un concurso para el caso de Vitoria» y un convenio entre las instituciones que organizan el evento.
Tal y como consta en el Programa de Contratación y el Interventor Municipal del Ayuntamiento de Vitoria, todos los departamentos deben pedir un mínimo de tres presupuestos en contratos menores de menos de 15.000 euros, y en caso de que no se reclamen, «se debe rellanar un documento de justificación de por qué se contrata con una empresa concreto», ha apuntado Comerón.
La lectura que realiza el PP es que la administración contrató «a dedo» a esta empresa, dado que no se cubren «los mínimos requisitos indispensables de contratación». «Ningún técnico participó en este expediente en el que se cometen irregularidades, solo la parte política ha decidido contratar a esta empresa y pagarlo», ha señalado la popular.
Los conservadores señalan que, en total, las adjudicaciones a las empresas del grupo Montai solo por esta exposición de Gogora sumaron casi 800.000 euros. De los 28 contratos, 23 se hicieron «a dedo» , entre ellos el que selló el Ayuntamiento de Vitoria. En este sentido, Cómeron ha denunciado el «clientelismo» que desprende un «modus operando tan sospechoso […] en la contratación pública».
«Para la organización de esta exposición no hubo un concurso público global por la cuantía total de los 800.000 euros —ha explicado Comerón—. Sino que se troceó en 28 contratos diferentes. Esta ilegalidad ha pasado en Vitoria y en otras muchas ciudades».
El PNV lo niega
Tanto el PNV como las diferentes administraciones que gobierna niegan que se hayan producido irregularidades en los contratos al grupo Montai, dirigido por el nacionalista Aitor Elorza. Interpelado por la oposición en el Parlamento vasco, el lendakari, Iñigo Urkullu , incidió en que su Ejecutivo «no va a perjudicar ni a beneficiar a nadie a través de la contratación pública», y subrayó que ya se puso en marcha una investigación interna para aportar «información veraz».
Recientemente trascendió que la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco no había detectado «irregularidades de ningún tipo» en los contratos a Gogora, aunque sí se advirtió «algún error técnico de carácter procedimental y administrativo».