Vecinos de Goya llevan al Ayuntamiento ante el juez por no deshacer la obra ilegal de una sala de fiestas
La demanda, admitida a trámite, pide al Consistorio que ejecute la restauración que el empresario elude desde hace dos años y que genera grietas en sus casas
No hay armarios suficientes en la sala de juntas de la comunidad de vecinos de Fuente del Berro , 29 donde guardar toda la documentación que los residentes han acumulado en los dos últimos años. En las estanterías de este cuarto se apilan las numerosas denuncias que han presentado ante todas las instancias posibles para que el Ayuntamiento de Madrid reconstruya las obras ilegales que realizó una empresa promotora de eventos sobre los cimientos del antiguo cine Felipe II , a escasos cinco metros del Palacio de Deportes . Cansados de lo que tachan de «inacción» e «impunidad» del empresario durante todo este tiempo, se han visto obligados a demandar al Ayuntamiento ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo para que el Consistorio actúe de forma subsidiaria y así volver, cuanto antes, a la normalidad.
La demanda fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Madrid el pasado abril. En este momento el local «carece de título habilitante que permita la actividad que se denuncia», tal y como explicó a ABC la propia Agencia de Actividades . Pero, para evitar que esta realidad no cambie hasta que los tribunales dicten sentencia, los vecinos han reclamado que, hasta que se falle sobre el fondo del asunto, se apliquen medidas cautelares para impedir que el Ayuntamiento « tramite o conceda licencia alguna sobre el edificio ». El mismo juzgado también ha valorado esta petición y ha abierto una pieza separada para analizarlo.
El «tormento» de los vecinos comenzó en agosto de 2017, cuando comenzaron las obras de demolición en el interior del local. El derribo del forjado de la planta baja y la entreplanta, ejecutado sin el permiso preceptivo, ha provocado grietas visibles y en aumento en las viviendas, que temen que ya afecten «a la estabilidad de los cimientos» del complejo, alrededor del que habitan seis comunidades de vecinos con más de 150 residentes implicados.
La situación es tal que en octubre de 2017 los vecinos -en su mayoría jubilados- tuvieron que ser desalojados de urgencia y atendidos por el Samur por la «inhalación de productos químicos». Pese a que la Agencia de Actividades (ADA) había denegado los sucesivos permisos para implantar su actividad, los promotores empezaron las obras y aplicaron un pegamento adhesivo de contacto para colocar las placas de insonorización del local. Este producto era, según consta en el expediente rubricado por el subdirector general de Salud Pública al que tuvo acceso ABC, «una mezcla peligrosa clasificada como irritante ocular y dérmico, tóxico para determinados órganos».
Los inquilinos, la sociedad limitada The Blue Fun Box, quieren implantar un «auditorio de música y eventos». Para ello presentaron hasta seis declaraciones responsables -un documento firmado por la empresa para poder ejercer una actividad en el que rubrica, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos-. Todas ellas fueron denegadas.
A partir de la tercera solicitud, la Agencia de Actividades llegó a sancionar a la compañía con no poder presentar más en un plazo de un año, ya que podrían incurrir en «fraude de ley» . Pese a este hecho, la promotora solicitó tres más y, a pesar de la propia resolución del ADA que impedía solicitar nuevos permisos, la Agencia las volvía a estudiar.
Local precintado
El incumplimiento de la paralización de las obras, decretada por Urbanismo, provocó que se ejecutase «el precinto de las obras con fecha del 11 de octubre de 2017», apenas cuatro días después del desalojo por intoxicación. Hasta el 28 de mayo de 2018 la Agencia de Actividades no ordena la reconstrucción de los trabajos. «Dado que no se ha ejecutado la orden de reconstrucción se iniciaron los trámites para la imposición de multas coercitivas como procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos, imponiéndose la primera multa con fecha 6 de febrero de 2019 », argumentan a este diario desde el ADA .
Sin embargo, los residentes de Goya consideran que la «multa coercitiva no es un medio adecuado» para que se ejecute la restauración del edificio. En su demanda alegan que la Ley del Procedimiento Administrativo Común prevé cuatro fórmulas, siendo el segundo -y el «más idóneo para los vecinos»- la «ejecución subsidiaria repercutiendo el coste en el infractor».
Justo una semana después del registro en los tribunales de la demanda presentada por la comunidad de vecinos de Fuente del Berro, 29, los promotores de la sala de fiestas han vuelto a solicitar licencia urbanística. Ante estos hechos y antes de que el Juzgado de lo Contencioso se pronuncie, los residentes han vuelto a alegar ante el ADA que no conceda ese permiso por motivos que, a su juicio, son «contundentes».
Según subrayan en la reclamación registrada en la Agencia de Actividades el pasado 12 de abril, en el proyecto presentado no se menciona la restauración de los forjados derribados -a pesar de que el ADA decretó su recuperación en una resolución firme hace ya casi dos años-; no se pueden implantar nuevos usos en patios de manzana -según marca la Ley del Suelo-; no se hace referencia a la dotación de plazas de aparcamiento necesaria; y el local está ubicado a menos de 150 metros de una residencia pública de ancianos, «con expresa oposición» de los usuarios, entre otras cuestiones.
Aún sin licencia
Por su parte, el ADA recalca en declaraciones a este diario que, por el momento, el local carece de «título habilitante que permita el ejercicio de la actividad». «Por parte de la Administración Municipal se están ejerciendo sus competencias en los plazos normativamente establecidos al efecto», insisten desde la Agencia de Actividades, que subrayan que han actuado así «con la dificultad añadida de haberse presentado diversos procedimientos administrativos tendentes a la legalización de las obras, resultando todos ellos ineficaces o denegatorios hasta la fecha».
Si no se aplican las medidas cautelares solicitadas por los afectados, el asunto se dilatará hasta enero de 2020, cuando se ha fijado la celebración de la vista. Para entonces, ya habrán pasado dos años y medio sin que se restituya la obra ilegal.
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