Los taxistas, con el agua al cuello: «Hay más miedo al banco que a coger el coronavirus»
El sector, considerado esencial, ha reducido su flota hasta el 40%, pero en la práctica no circula más del 10%. Piden ayuda, aunque con discrepancias
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En un día, literalmente, de perros, la lluvia caída ayer en Madrid era el menor de los problemas de los pocos taxistas que buscaban con anhelo la subida de clientes. La alerta sanitaria por el avance descontrolado del coronavirus ha sumido al sector en una profunda depresión, anclado entre la consideración de servicio esencial y la consecuente imposibilidad de optar a la prestación de cese de actividad marcada por una caída del 75% en la facturación, algo difícil de demostrar al estar «operativa» el 40% de la flota. En la práctica, coinciden los conductores que mantienen aún el taxímetro activo, no circulan más de un 10% de vehículos. Profesionales que, pese al vertiginoso descenso de viajes, no pueden permitirse el lujo de quedarse en casa. «Hay más miedo al banco que a coger el bicho», resumían cuatro de ellos, fiel reflejo del sentir general.
Con seis años de experiencia en el taxi, Andrés advertía con elocuencia de la caída de ingresos: «Antes, en un día normal hacía de caja entre 150 y 200 euros; ahora, con suerte, llego a 60». El número de carreras marca un desplome nunca visto por los profesionales. «Si de media recogíamos a 15 clientes, ahora estamos en tres o cuatro. Y a veces ni eso», continuaba este padre de familia, después de siete horas al volante y solo dos traslados completados. En base al máximo de turismos permitidos en la capital, los trabajadores solo pueden salir a la calle alrededor de 12 días, unos diez menos que en los meses anteriores.
Por ello, no comparten la reclamación de la Federación Española del Taxi (FPTM) de solicitar al Ayuntamiento una reducción de la actividad al 20% para que todos los conductores –cerca de 15.000 titulares de licencias y 8.000 asalariados– tengan garantizado el derecho a la prestación acordada para los autónomos que sufran bajadas de ingresos superiores al 75%. «Si rebajan los días que podemos salir, al final todos nos quedaremos en casa», incidía Julián, otro afectado, provisto de guantes y mascarilla y un plástico semirrígido para separar el espacio entre conductor y pasajeros: «Lo puse cuando empezó la alarma. Hay que intentar que todos estemos protegidos».
De los más de 500 taxis que podían llegar a juntarse en Atocha para abordar el desembarco de pasajeros de los trenes de media y larga distancia, ayer apenas superaban la veintena. Lejos de los aglomeraciones que ocupaban todo el aparcamiento inferior de la estación y parte de la calle de Méndez Álvaro, los trabajadores que aguantaban lo hacían enredados en el teléfono móvil o enfrascados en la resolución de crucigramas y otros pasatiempos similares. Emilio, el último en presentarse, mostraba sin reparos el arsenal de productos de limpieza y desinfección que guarda en el maletero: un bote de jabón, otro de gel desinfectante, varios rollos de papel higiénico y un pequeño barreño con bayetas y toallas.
«Cada vez que se baja una persona, limpio el asiento, el cinturón de seguridad, el pomo de la puerta y todo lo que vea que ha podido tocar», recalcaba, con la inseguridad de tener que hacer frente a una pandemia desconocida. Aunque el miedo está muy latente, Emilio anteponía también la cuestión económica a los riesgos del patógeno: «Mi mujer es estanquera y gana mil euros. Tenemos dos hijas que están colaborando de voluntarias para fumigar las calles. Pero también debemos pagar una hipoteca de más de 2.000 euros entre el taxi y la casa. Si me quedo en casa no llegamos». Un duro revés que, como el resto de compañeros, ya sufrió el año pasado con la huelga que paralizó todo el sector durante dos semanas. «Pero aquello fue diferente, cuando acabó volvimos a recuperar la normalidad», añadía impotente: «Esto, en cambio, no sabemos el tiempo que va a durar».
Desde FPTM incidían ayer en la necesidad de «proteger a los compañeros que están prestando servicios solidarios» y pedían al Consistorio que «sea flexible a la hora de atender las demandas de prestaciones». El colectivo considera que haría falta una inyección de 16 millones de euros para abonar el 70% de la base de los trabajadores en la Seguridad Social –la mínima, en torno a los 300 euros–, lo que se traduciría en unos ingresos individuales de 700 euros en el mes de abril. «El Ayuntamiento es el encargado de garantizar el servicio, pero entendemos que bajando al 20% la actividad, este no se vería resentido al estar cubierta la demanda actual con el 10% de la flota», sentenciaba su vicepresidente, Jesús Fernández.
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