El PP pide que los jueces del TSJM no sean propuestos por los partidos políticos

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid quiere que las cámaras regionales dejen de tener voz en la elección de los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia y se cubran por concurso. Así consta en una proposición de ley –registrada el pasado viernes– en la que solicita la modificación de dos leyes para avanzar en lo que define como «despolitización de la Justicia». La medida, de alcance nacional, significa que en el caso concreto de la Comunidad los partidos políticos con representación no tendrían ningún peso en la designación de los magistrados de las salas de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La proposición, que debe remitirse a la Mesa del Congreso de los Diputados, llega en paralelo al debate sobre el modelo del Poder Judicial en España y las supuestas injerencias del poder político. La moción pide la modificación del apartado 4 del artículo 330 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial; y la del artículo 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Los cambios remiten a la potestad de la Asamblea de Madrid y el resto de parlamentos regionales para el nombramiento de ciertas plazas. No obstante, no es la cámara quien los designa, sino el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en base a una terna presentada por estas. El CGPJ, sin embargo, no está obligado a aceptar los candidatos propuestos.

«Una de cada tres plazas se cubrirá por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la Comunidad autónoma, nombrado a propuesta del CGPJ sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa», dice el párrafo cuarto del artículo 330. Según el PP, este extremo supone una «participación extraña» del poder legislativo que «genera la duda o la apariencia de politización».

Así, el Grupo Popular sugiere reescribir este apartado, eliminar la competencia de las cámaras legislativas e incluir que se designen por concurso: «En las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial cubrirá por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma».

El segundo cambio va en la misma línea, habida cuenta de que regula los nombramientos según lo recogido en el artículo 330. El citado 13.2 señala: «De los demás magistrados de su Sala Civil y Penal, al menos uno de ellos, en el caso de ser dos, o dos de ellos, en el caso de ser cuatro, serán nombrados a propuesta en terna de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma». Lo que sugieren es que se elimine de la ecuación al parlamento y, por ende, a los partidos políticos. «Serán nombrados de entre los magistrados cuyo acceso haya sido el establecido para juristas de reconocido prestigio en la forma prevista por el artículo 330».