Madrid pide al Gobierno «mayor implicación» para atajar los botellones y las fiestas privadas

Atajar los botellones y, sobre todo, las fiestas privadas en domicilios es una de las prioridades para frenar el avance del Covid-19 en Madrid. El Ayuntamiento de la capital, desbordado por la situación, ha reclamado este jueves al Gobierno central una «mayor implicación» para combatir este extremo, habida cuenta del déficit de efectivos en la Policía Municipal. «Madrid tiene las dimensiones que tiene y es muy difícil estar en todas partes, es muy importante un refuerzo de otros cuerpos y fuerzas de seguridad», ha dicho la portavoz municipal y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz , en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Las palabras de la concejal popular se producen unos días después de un fin de semana especialmente complicado en la capital, con más de 250 intervenciones en domicilios por fiestas ilegales, según las cifras que maneja el Consistorio. Así, como ha informado ABC, entre el 9 y el 18 de octubre, primera semana del estado de alarma, se tramitaron un total de 2.748 propuestas de sanción por consumo de alcohol en la vía pública, 3.108 por no usar mascarilla y 1.624 por reuniones de más de seis personas. Además, se desalojaron hasta una treintena de celebraciones en viviendas.

Sanz ha detallado que estos comportamientos «incívicos» suelen repetirse tanto en los botellones como en los eventos privados, en ocasiones con sanciones de entre 1.000 y 2.000 euros por acumulación de infracciones. «Hacemos un llamamiento a la responsabilidad, pero necesitamos más implicación del Gobierno para atajar estos conductas», ha declarado la portavoz.

Así, ante las nuevas restricciones y el aumento exponencial de estos episodios, el Ayuntamiento de la capital ha pedido a la Delegación del Gobierno que incremente el número de efectivos para apuntalar el dispositivo. Hasta ahora, según el desarrollo del plan en el último fin de semana, el acuerdo entre las administraciones era que la Policía Municipal se encargaba del trabajo interior, con control de uso de mascarilla, botellones o fiestas, y la Policía Nacional y la Guardia Civil de la vigilancia perimetral.