La ‘Ley Ómnibus’ de Ayuso, un quebradero de cabeza para el taxi

Como él, son muchos los profesionales del sector que desconocen los intríngulis del anteproyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de Madrid, la denominada Ley Ómnibus. Dentro de este extenso paquete de actuaciones, el Gobierno regional creará una habilitación autonómica asociada a las autorizaciones de VTC nacionales para permitir que este tipo de turismo puedan prestar servicios urbanos más allá del 1 de octubre de 2022, la fecha límite del bautizado como ‘decreto Ábalos’.

Una decisión clave para el transporte que gran parte de los propietarios y asalariados consultados prefieren dejar en manos de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), la asociación mayoritaria, cuyo presidente, Julio Sanz, ya anunciaba que pedirán indemnizaciones por más de 2.500 millones de euros a la Comunidad de Madrid por los daños derivados de lo que considera una «modificación encubierta y sin comunicación» de la Ley de Transportes. «Si llevan a cabo esta tropelía acudiremos a los tribunales», recuerda una semana después, consciente de la falta de información que atesoran.

«El pasado 3 de diciembre fue el día límite para presentar alegaciones. Caer en la justificación del periodo de urgencia después de tres años que lleva en vigor el ‘decreto Ábalos’ nos deja muy mal sabor de boca», resume, aún sorprendido por las fechas elegidas y la promesa incumplida del consejero David Pérez. «Hace meses, durante una visita a la sede de la Federación, insistió en que no se iba a hacer nada sin contar con las asociaciones», asegura el propio Sanz.

Como última vía, el presidente de la Federación no descarta «poner todo patas arriba», algo que de suceder tardaría bastante en llegar. «Dada la situación de pandemia en la que estamos, entendemos que no es el momento de que los usuarios paguen los desmanes de los políticos», aclara. La posibilidad, no por lejana, levanta menos contrariedades en la calle. «El parón de 2018 no sirvió para nada, si acaso para perder dinero», considera Fulgencio, refugiado en el sector desde hace siete años tras desembolsar 170.000 euros por la licencia, «coche incluido».

Ignacio, hostelero hasta 2008, obligado por la crisis a cerrar el restaurante, encontró acomodo como taxista en el momento más caro para hacerlo. 200.000 euros costó su licencia, un valor que ahora habría descendido a la mitad. «Lo único que conseguimos con la huelga fue dañar nuestra imagen. Nos costó mucho que la gente se volviera a subir en el taxi», revela, no sin reconocer que ciertos comportamientos incívicos restaron mucho a la fuerza del grupo.

Cuestionados, todos, por la llamada Ley Ómnibus, los taxistas coinciden en el hecho de que el ‘decreto Ábalos’ dejaba en manos de las comunidades autónomas la regulación del sector, lo que en la práctica lo convertía en «papel mojado» respecto a la prohibición de circular de los vehículos VTC dentro de las ciudades. «Es el Gobierno de Sánchez el que nos tenía que haber blindado en su día, pero nos dieron un paño de agua tibia y nos callamos», sostiene Ángel, uno de los veteranos, más de 20 años a la espalda.

El engaño, en palabras de los afectados, se acrecienta al comparar las condiciones a las que están sometidos ambos servicios. «Nosotros tenemos una limitación horaria de 16 horas, trabajamos 5 días de 7 y los fines de semana la flota está limitada a par e impar», describe Ángel. El ratio 1/30 exigido no solo no se cumple (en Madrid esta cifra es muchísimo más baja), sino que «los fines de semana los conductores VTC son mayoría».