La Federación Profesional del Taxi de Madrid pide 2.500 millones de indemnización por daños de la ‘Ley Omnibus'

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) va a pedir indemnizaciones por más de 2.500 millones de euros a la Comunidad de Madrid por los daños derivados de lo que considera una «modificación encubierta y sin comunicación» de la Ley de Transportes, cambios que se han introducido a través del anteproyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, la llamada Ley Ómnibus.

Concretamente, el Gobierno regional creará una habilitación autonómica asociada a las autorizaciones de VTC nacionales, para permitir que estos puedan seguir prestando el servicio de transporte urbano como hasta ahora. La Federación del Taxi se siente dañado por esta decisión, y está dispuesto a pedir 150.000 euros de indemnización por cada una de las 15.700 licencias del taxi en la región.

Desde el Gobierno regional recuerdan que no les ha quedado más remedio que regular las VTC porque así lo ordenó el real decreto ley de 2018, conocido como Ley Ábalos . «La Comunidad de Madrid se ve obligada, como el resto de comunidades» a hacerlo porque dicha ley establece «un plazo límite por el que las autorizaciones VTCdejarían de estar habilitadas para el transporte urbano, lo que supondría, en la práctica, la desaparición del sector en el año 2022», explican fuentes de la Consejería de Transportes, que dirige David Pérez.

El anteproyecto de la Ley Ómnibus, que recoge esta regulación de las VTC además de otras muchas en materias tan diversas como Cultura, Sanidad o Medio Ambiente, sobre 34 leyes, tres decretos legislativos, cuatro nuevas regulaciones de rango legal y cuatro decretos, fue aprobada el pasado 22 de diciembre. «A última hora y por la puerta de atrás», acusa el presidente de la FPTM, Julio Sanz, para quien «la Comunidad y el Gobierno del PP incumple la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019, de no regular las VTC y demuestra de nuevo que antepone los intereses de tres empresas con autorizaciones VTC frente a las más de 20.000 familias que dependen de un servicio público como el taxi».

En la Consejería de Transportes aclaran que ya trabajan en la modificación del reglamento del taxi para «eliminar, en la medida de lo posible, las restricciones normativas que supongan un lastre para la competencia y el desarrollo futuro del sector », y para la que «se contará con la participación» de las asociaciones de taxistas. Se comprometen a mantener «el statu quo» tanto entre las VTC como en el taxi, según la situación actual.