Alerta en Uber y Cabify: las licencias VTC ‘caducarán’ en octubre si no se regulan
Un decreto de Ábalos de 2018 obligaba a las CC.AA. a legislar el sector en 4 años para evitar su desaparición
Cuenta atrás para la desaparición del sector de las VTC en España. Los permisos con los que trabajan Uber y Cabify quedarán sin validez para realizar trayectos urbanos el próximo mes de octubre, lo que supondrá la supresión de más del 90% de este negocio. Una hecatombe para las plataformas digitales que solo se evitará si las comunidades autónomas legislan por su cuenta el sector. A falta de menos de diez meses para que el plazo venza, ninguna lo ha hecho todavía.
La desesperada situación de las VTC (vehículos de turismo con conductor) tiene su origen en el conocido como ‘decreto Ábalos’ que el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó en 2018. Ante la presión de los taxistas y el incumplimiento de la ratio que marca la ley, que establece que debe haber una licencia de VTC por cada 30 permisos de taxi, Ábalos desarrolló una norma que, en la práctica, traspasaba las competencias a las comunidades y los ayuntamientos, dándoles una moratoria de cuatro años para que regulasen el sector.
El decreto establece que si una vez transcurrido este plazo no existe una legislación autonómica vigente, los permisos de VTC caducarán y no podrán realizar trayectos urbanos . Una limitación que, en la práctica, supone la ruina de este negocio, porque las conexiones interurbanas representan una proporción ínfima de la actividad de las plataformas digitales y las empresas que operan con estos permisos.
Las patronales de VTC han advertido en un informe reciente de que su cierre supondría la destrucción de 60.000 empleos directos e indirectos
A nivel económico se perderían 2.500 millones, teniendo en cuenta el empleo destruido, la recaudación perdida y las inversiones no acometidas.
Ya han pasado más de tres años desde que se aprobó el polémico decreto y el número de comunidades que han legislado las VTC es... cero. También se rumoreó con una solución gubernamental, pero nada de sabe ahora de ello. Es por ello que Cabify, Uber y las patronales del sector se están movilizando. Hace tan solo unos días el fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, explicó en un acto con los medios de comunicación que «es difícil de entender que cuando la sociedad va en la dirección de sacar a los vehículos privados de las calles, algo tan demandado como las VTC tenga tantos problemas». El directivo, que recordó que algunos tribunales están tumbando parte de la legislación de 2018, pidió a las regiones que diesen un paso al frente.
Asociaciones como Aseval y Unauto también han comenzado su particular campaña. Hace poco más de un mes publicaron un informe en el que advertían de que la desaparición de este negocio dejaría en la calle a 60.000 personas que, de forma directa o indirecta, trabajan hoy en este negocio de movilidad. A nivel económico, el informe destaca que están en juego 2.500 millones , teniendo en cuenta el empleo destruido, la recaudación perdida y las inversiones que no se realizarían. Asimismo, las patronales recordaron que las regiones que no legislen se pueden enfrentar a indemnizaciones compensatorias que alcanzarían, en total, los 1.377 millones de euros.
Presión sobre las regiones
«No tendría ningún sentido dejar caer las VTC, porque estos servicios se han convertido en un eje fundamental de la movilidad», explica el presidente de Unauto, Eduardo Martín . El líder de Aseval, Ignacio Manzano, destaca por su parte a ABC que «se ha remitido un manifiesto a las comunidades en el que se explica la importancia del sector para otras actividades como la hostelería o el turismo».
De cara a su posible regulación, el sector pone en valor además el hecho de que se haya firmado recientemente el primer convenio colectivo de las VTC, lo que deja «muy claro las reglas del juego».
Pese a ello, lo cierto es que no todas las comunidades tienen una buena imagen de estos permisos. Si bien algunas regiones como Madrid se están abriendo a regular , otras como Cataluña mantienen su rechazo. La Generalitat, de hecho, aprobó en 2019 un decreto que obligaba a contratar estos servicios con 15 minutos de antelación y que provocó la salida de Uber de Barcelona. Cabify, en cambio, utilizó un vacío legal para saltarse esta imposición.
Manzano pide que la regulación se produzca «en todas las comunidades», pero también reconoce que Madrid, Barcelona y Málaga son hoy por hoy mercados indispensables para las VTC. Según los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en España están vigentes 17.657 licencias , de las cuales 8.194 se encuentran en Madrid, 3.276 en Andalucía y otras 2.907 en Cataluña. Es decir, entre las tres regiones aglutinan más del 80% de los permisos operativos en España.
Aún así, al igual que el resto de asociaciones del sector, el presidente de Aseval tiene poca confianza en que las tres regiones aprueben sus propias legislaciones , en parte por la presión de los taxistas. Lo cierto es que el gremio también comienza a movilizarse para evitar una cascada de normas que garantice la supervivencia de sus rivales. Tras años de tregua, ambas partes se preparan para librar una nueva guerra del taxi en 2022.
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