La Fiscalía denuncia al alcalde de Moralzarzal por prevaricación administrativa continuada
El Ministerio Público investiga contrataciones sin expediente administrativo previo y con informe desfavorable cometidas entre 2016 y 2017 por Rodríguez Osuna y su edil de Urbanismo
Juan Carlos Rodríguez Osuna llegó al Ayuntamiento de Moralzarzal en las elecciones de 2015 con Vecinos por Moralzarzal Participa. Este año, revalidó su cargo como alcalde gracias al apoyo de Ciudadanos, el Partido Alternativa Independiente de Moralzarzal (PAIM) y el PSOE. La Fiscalía lo ha denunciado ahora por un delito continuado de prevaricación administrativa previsto en los artículos 404 y 74 del Código Penal tras apreciar irregularidades cometidas tanto por él como por su concejal de Urbanismo, Susana Villareal Bárcena, tan solo un año después de obtener el bastón de mando.
Entre las irregularidades se encuentran contrataciones sin expediente administrativo previo y con informe desfavorable del secretario municipal, adjudicaciones con informe desfavorable o acciones sin expediente administrativo o informe previo que fueron puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal por el Partido Popular, en la oposición.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, se recoge que «durante los años 2016 y 2017 el Ayuntamiento de Moralzarzal llevó a cabo la celebración de numerosos contratos menores sin que, en muchos casos, se cumpliera lo dispuesto al respecto por la Ley de Contratos del Sector Público». En este sentido, la Fiscalía asegura que en 2017 consta que se celebraron un total de 2.716 contratos menores, es decir, un 59,8 por ciento del total de contratos celebrados por el Consistorio de Rodríguez Osuna, a través de los que se dispuso de más de dos millones de euros , un 29,72 por ciento del importe total dispuesto por el Ayuntamiento a través de operaciones contractuales.
En concreto, el escrito apunta a que la edil de Urbanismo y responsable de Medio Ambiente encargó contratos menores por importe superior al fijado en la Ley de Contratos o que duraron más de un año, lo que derivó en la oposición de la Intervención Municipal. En los casos mencionados, el alcalde autorizó finalmente los créditos para abonar las facturas sin atender los reparos de los informes desfavorables .
Así, a través del área que dirige Villareal, la empresa Urbaser S.A. presentó para su cobro diversas facturas que fueron tramitadas por el Ayuntamiento como contratos menores, autorizándose el gasto correspondiente a cada una de ellas, pese a que la citada entidad era la concesionaria de los servicios públicos de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines , contrato por el que percibía ya la contraprestación correspondiente.
Al respecto, la Fiscalía constató que la empresa recibió la cantidad de 27.912,44 euros por el mes de diciembre de 2016, «sin que apareciera justificado que los conceptos correspondientes a aquellas facturas no se encontraban ya incluidos en el contrato principal».
En relación a una de esas facturas, por importe de 1.044,79 euros y de fecha del 23 de agosto de 2016, en concepto de «equipo de desbroce de zonas verdes», se emitió informe por parte del Interventor Municipal que se oponía a su abono, haciendo mención a que era la concesionaria del servicio, por lo que reclamaba un «informe justificaivo» sobre los servicios extraordinarios prestados.
Irregularidades
La Fiscalía aprecia también irregularidades en los contratos menores celebrados por la empresa Morajardín S.L. con otro informe desfavorable de la Intervención Municipal ante una factura por valor de 1.625 euros en concepto de mantenimiento de jardines del sector Las Hachazuelas en octubre de 2016. En este caso se alertaba de que el contrato menor no podía superar un año, al iniciarse en octubre de 2015 y venciendo en septiembre de 2016 «sin posibilidad de prórroga», pues suponía una vulneración de la Ley de Contratos Públicos .
Pese a ello, la Fiscalía asegura que el Ayuntamiento, «decidió que la citada empresa continuara prestando el servicio» con facturas emitidas en noviembre por similar importe. Ante esta discrepancia, el alcalde de Moralzarzal autorizó el crédito presupuestario para abonar estos trabajos.
También apunta a las sospechas de un contrato menor con la aseguradora MGS al abonarle 1.444 euros en concepto de «prima anual seguro accidentes innominados» correspondiente al ejercicio de 2017 con, de nuevo, un informe desfavorable del Vicesecretario Interventor .
Aparte, las diligencias del Ministerio Público detectan otras facturas por prestación de servicios en otro contrato menor por importe de 33.977,61 euros , es decir, «por encima del umbral económico» de 18.000 euros fijado para este tipo de contratos menores, en este caso con la empresa S. J. Ú.
El siguiente caso alude a una compra directa presuntamente irregular a Saneamientos Moral S. L. de suministro de material de saneamiento y depuración de la piscina municipal al abonarse, en 2016, 19.803,59 euros «sin ningún tipo de contrato». Aquí concluye la Fiscalía que este servicio es «periódico y continuado» con un plazo que debe ser superior al año y tramitarse mediante un expediente de contratación por procedimiento ordinario. Por ello, se considera «no ajustado a Derecho» esa compra. La Intervención municipal estima que «se han omito requisitos y trámites esenciales en el expediente».
También se comunicaron reparos por la Intervención Municipal ante contratos menores con la misma empresa de saneamientos con un total de 90 facturas entre agosto y septiembre de 2017, que se encontraban paralizadas al «gestionarse mediante compra directa sin ningún tipo de contrato».
Por todos estos casos, el Ministerio Público reclama que ambos ediles comparezcan en sede judicial en calidad de investigados y se pidan al Consistorio los expedientes de contratación de servicios públicos de limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines con la adjudicataria del servicio.
También solicita que comparezca el autor de los informes de la Intervención Municipal que ponían objeciones de legalidad a los contratos menores cuestionados, y que se realice un informe pericial sobre los mismos.
Tranquilidad en el Consistorio
Por su parte, desde el Consistorio han explicado en un comunicado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Colmenar Viejo ha solicitado, como parte de las diligencias previas, el envío de los expedientes sobre contratos menores de los ejercicios 2016 y 2017 en formato digital, que ya fueron remitidos en junio de este mismo año a la Fiscalía, como consecuencia de la denuncia del PP .
También se subraya que «en ningún momento» se ha comunicado «la investigación de los referidos ediles sino, que aparecen como denunciados en estas diligencias previas ».
Además, el texto asegura que la Secretaria General enviará al juzgado toda la información requerida y que tanto el alcalde como la concejal se «sienten muy tranquilos ante estos hechos , ya que todos los expedientes están supervisados por la Secretaría e Intervención Municipal y fueron enviados al Tribunal de Cuentas en tiempo y forma».
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