La Fiscalía concluye que Getafe ha contaminado el río Manzanares durante 24 años
La actual alcaldesa, del PSOE, está imputada por un delito contra el Medio Ambiente por estos vertidos
Getafe ha contaminado el río Manzanares durante los últimos 24 años con vertidos fecales. Así lo refleja un informe de la Fiscalía General del Estado, basado en las muestras recogidas por la unidad del Seprona de la Guardia Civil, que concluye las importantes afecciones para la flora y la fauna del entorno, ubicado en una zona protegida, pero sobre todo para la salud. Las aguas residuales, procedentes del barrio de Perales del Río, todavía no se han solucionado y han propiciado la i mputación de la alcaldesa de la localidad , Sara Hernández (PSOE), por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
El escrito, fechado el pasado 29 de marzo, remite a la investigación que desarrolla actualmente el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad, iniciada tras una denuncia de Impulsa Getafe , un partido de nueva creación en la localidad y que concurre a las elecciones por primera vez el próximo domingo. El grueso de las conclusiones se sustenta en las diferentes muestras recogidas por el Seprona en el río, que señalan que el origen de los vertidos es urbano, procedente de un colector sin autorización en una estación de bombeo abandonada en Perales del Río, una zona situada a espaldas del Cerro de Los Ángeles.
El Seprona considera probado que las aguas fecales se han arrojado de forma continuada al río desde 1995, siendo el Ayuntamiento de la localidad responsable de esta negligencia durante los más de veinte años. Si bien apunta a que «parece que hay un proyecto para el acondicionamiento de las Estaciones de Bombeo», destaca igualmente que «a fecha de hoy el vertido continúa». Getafe, actualmente gobernado por el PSOE, ha estado dirigido por los socialistas durante el periodo que indica el informe, con la única excepción de la etapa 2011-2015, cuando mandó el PP.
Las muestras del Seprona revelanla importante afección para la salud y el ecosistema del río
El actual equipo de Gobierno, a la espera de que el juzgado cierre la fase de instrucción y determine la situación procesal de Hernández, aprobó recientemente el proyecto para arreglar las estaciones de bombeo. Lo hizo la semana pasada, a poco más de una semana del 26-M y después de cuatro años de mandato.
Analizadas las analíticas desde el año indicado hasta ahora, el informe –al que ha tenido acceso ABC– sentencia que se detecta, «además de un consumo de oxígeno, importantes impactos en la salud humana ». Añade que esta afección se refleja especialmente en una de las bacterias encontradas en el Manzanares, la E.Colli, que puede generar nauseas, vómitos, cólicos, diarrea o fiebre.
Los vertidos, continúa el Seprona, son susceptibles de afectar al hombre por el «incremento desmesurado de bacterias de carácter fecal que se vierten sin control alguno», pero también de perjudicar al medio. La zona, ubicada dentro del Parque Regional del Sureste , protegida medioambientalmente, recibe un daño «continuado a la calidad de las aguas y la realización de una actividad prohibida por las normas reguladoras, susceptibles de alterar el equilibrio de los ecosistemas». Así, el residuo contaminante puede ocasionar episodios mortales para los peces y alterar la calidad del aire por la emisión de los gases generados de la descomposición de la materia. El informe definitivo, no obstante, está a la espera de la información solicitada a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que a su vez se elevará al juez.
Sanciones económicas
El Ayuntamiento de Getafe, no obstante, es plenamente consciente de las irregularidades cometidas en el último cuarto de siglo. Tanto, que el propio Consistorio ya aportó al Seprona un resumen de los diferentes expedientes sancionadores que la Confederación Hidrográfica del Tajo les ha impuesto. Según constan en el escrito de la Fiscalía, desde 2005 se ha sancionado al Consistorio por mala praxis en ese sentido, con multas que oscilan entre los 3.000 y los 49.993,8 euros . En uno de los casos, incluso, el expediente llevó aparejada la obligación de indemnizar los daños ocasionados al dominio público hidráulico, por valor de 14.998,15 euros.
