El PSOE se desgasta en sus principales bastiones de Madrid

Ignacio S. Calleja

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03/12/2018 a las 02:14h.

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Prevaricación administrativa, cercenar los derechos de la oposición, delitos contra el medio ambiente, contra el patrimonio y contra los derechos cívicos, sospechas de pagos «black» en las nóminas, luchas internas... Esta amalgama de delitos, irregularidades y conflictos es la punta del iceberg de la gestión socialista en varios municipios la Comunidad de Madrid, reflejo de cómo los históricos bastiones del PSOE se han convertido en su talón de Aquiles. Alcalá de Henares, Getafe, Leganés, Coslada o Móstoles representan la deriva del partido y su comprometido futuro.

El caso de Alcalá (194.310 habitantes) es paradigmático. Con la marca municipal de Podemos (Somos Alcalá) como socio de Gobierno, los escándalos se han sucedido desde que recuperaron el bastón de mando en 2015. El alcalde, Javier Rodríguez , está procesado por prevaricación y cuatro ediles de Somos están imputados por el mismo delito tras dar subvenciones a asociaciones afines. Pese a que Podemos a nivel regional suspendió de militancia a estos concejales, el PSOE no ha movido un dedo.

Como ha venido informando ABC, Rodríguez irá a juicio por una maniobra considerada como corrupción . La juez, que ve «indicios racionales, objetivos y fundados de infracción criminal», le imputa un delito de prevaricación administrativa y otro contra los derechos cívicos reconocidos en la Constitución. Se sentará en el banquillo por convocar un pleno por la vía de urgencia sin justificar, de un día para otro y a sabiendas de que dos concejales del PP no podían acudir por encontrarse fuera de España. El regidor socialista se ha afanado en las últimas semanas en evitar el juicio , incluso con un recurso en el que pedía un trato de favor por su situación personal y política, pero no lo ha conseguido y su horizonte político es complicado. Sus esfuerzos no buscaban otra cosa que evitar el juicio oral, habida cuenta de que el código ético de la formación le obliga a dimitir en el mismo momento en que reciba la notificación del juez, que llegará en las próximas semanas.

El Gobierno de Alcalá, sin embargo, no es una excepción en el Corredor del Henares. Este histórico caladero de votos socialistas también se desgasta en Coslada, cuyo alcalde, Ángel Viveros , tiene cuentas pendientes con la justicia. Su gestión económica, además, ha sido cuestionada por la Intervención municipal. Está investigado por un delito contra el patrimonio, al querer construir un centro comercial sobre un yacimiento neolítico, y el interventor detectó gastos «black» en el pago de las nóminas del pasado mes de septiembre. El órgano fiscalizador señaló que había abonos de horas extras y vacaciones sin justificar. Según consta en el informe, como adelantó este periódico, Viveros estaba al tanto de esta presunta irregularidad.

Si comprometido está el futuro electoral de los socialistas en el Corredor, no lo será en menos en el conocido como «cinturón rojo» del sur de la región. Hasta tres municipios gobernados históricamente por el PSOE atraviesan una situación complicada , salpicados por situaciones de diversa naturaleza. En Getafe, que solo ha sido gobernado por el PP entre 2011 y 2015, la alcaldesa está imputada por un delito contra la ordenación del territorio y el Medio Ambiente. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad ha citado a declarar como querellados a Sara Hernández y a su edil de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez , por la gestión de los vertidos de aguas fecales sin tratar arrojadas al Manzanares desde el barrio de Perales del Río.

En Leganés, lejos de las imputaciones, hay sentencias condenatorias. El Ayuntamiento, dirigido por Santiago Llorente , ha sido condenado varias veces por negar sistemáticamente información a la oposición, un extremo considerado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como una vulneración del derecho fundamental de participar en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución. La negativa de Llorente, reprobada el pasado verano, remitía a un tema urbanístico en el polígono de San Jose de Valderas.

Si bien en todos los precedentes existe un componente delictivo, o al menos presuntamente, en Móstoles es bien distinto. En este caso, los problemas tienen que ver con la deslealtad de Noelia Posse hacia sus socios de Gobierno, Ganar Móstoles (Podemos) e IU, y los propios vecinos. E l tripartito de izquierdas quedó sentenciado después de que Posse autorizara sin consultar a nadie un macrofestival en un parque. La alcaldesa, pese a la enorme oposición vecinal, hastiada por los ruidos a apenas 400 metros de sus casas, aprobó vía decreto la autorización del evento. Lo hizo a espaldas de su equipo e ignorando a la Asesoría Jurídica, que subrayó la falta de unos informes indispensables para la puesta en marcha del festival. El desencanto en la formación es tal, que un sector de la militancia ha pedido a Ferraz que celebre primera s frente al «dedazo» de Posse como candidata a las próximas elecciones.

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