Una empresa de ocio denuncia al alcalde de Alcalá de Henares por prevaricación
Los promotores de la sala Carola Morena sostienen que se les denegó la licencia por los intereses personales del regidor Javier Rodríguez, que vive en la zona donde se ubica el local
Los promotores de la sala de fiestas y eventos Carola Morena , en Alcalá de Henares, han denunciado al alcalde de la localidad, Javier Rodríguez (PSOE), y a otros diez cargos municipales –entre ediles y técnicos– por un presunto delito de prevaricación, al denegarles la licencia de actividad. El escrito, presentado en el Juzgado de Instrucción de la ciudad complutense, sostiene que la decisión del Consistorio es «arbitraria» y esconde «intereses personales» de Rodríguez, ya que él mismo y varios familiares viven en la zona donde se ubica el local de ocio, aún sin abrir.
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Si bien el supuesto interés personal del regidor ocupa parte de los argumentos expuestos, también denuncian un agravio en la comparativa respecto a la competencia, especialmente por los espectáculos en la plaza de toros. Así, aseguran que el Gobierno sí autorizó la actividad de espacios en el centro de la ciudad, –«absolutamente saturado»– con unos controles de ruido más laxos que en su caso. El impacto acústico , precisamente, fue uno de los extremos esgrimidos por los técnicos para denegar el permiso del local.
Contaminación acústica
Los promotores insisten, también en este punto, que no da lugar el argumento. «Se trata de un solar exento aislado; no existe peligro alguno de perturbación a vivienda alguna, sin contar además con las exhaustivas medidas para la elusión del ruido exterior que establecen las autoridades estatales y autonómicas», expone el denunciante. Alegan, además, que el Consistorio no ha incluido en el Plan Parcial ni en las ordenanzas limitaciones en las actividades contaminantes por ruido o vibraciones, así como la declaración de La Garena –donde se ubica– como de especial sensibilidad.
La problemática de la sala Carola Morena se remonta al año pasado, cuando los promotores compran el inmueble, dedicado entonces a bodas y banquetes. Según sus cálculos, la negativa del Ayuntamiento supone un perjuicio económico de al menos ocho millones de euros por la reforma del edificio.
