Archivan la causa que investigaba a ex altos cargos de Sanidad por un concurso sobre las ambulancias
Ambulancias Alerta perdió la licitación y acusó a la Consejería de prevaricación
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha archivado provisionalmente la causa por presunta prevaricación en el concurso de ambulancias del Summa en la que se estaba investigando a cuatro ex altos cargos de la Consejería de Sanidad , tras una querella de Ambulancias Alerta.
Los citados por supuesta prevaricación administrativa son el ex viceconsejero, Manuel Molina; el antiguo director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, César Pascual; el entonces secretario general Técnico, Javier Fernández Abad, y el exdirector de Gestión del SUMMA, Santiago Cortes.
En un auto al que ha tenido acceso ABC, y contra el que cabe recurso, el Juzgado de Instrucción decreta el archivo provisional de esta causa, admitida a trámite en enero de 2018, tras la querella penal interpuesta por la empresa Ambulancias Alerta que perdió la licitación.
Los pliegos recurridos se referían al transporte sanitario en ambulancias que tenían «como destino u origen los servicios de urgencias hospitalarias » y los de «transporte sanitario programado», licitados en los años 2015 y 2016.
Ambulancias Alerta quedó descartada debido a «la inviabilidad técnica y económica» de su oferta para cumplir con el servicio contratado , ya que acumulaba incidencias por incumplimientos anteriores, según explicó en su día la Consejería de Sanidad .
Sin embargo, la empresa presentó la querella penal, al considerar que se había prevaricado al adjudicar el servicio de traslado de pacientes en ambulancia a otra empresa.
La querellante incidía en que el retraso en el pago de sus servicios la colocó en una situación «de asfixia económica », lo que le obligó a renunciar al contrato para cuya adjudicación había sido propuesta.
En el auto, la juez de Instrucción decreta el archivo y comparte el criterio de la Fiscalía. La magistrada subraya que hay argumentos que desmontan la versión de los hechos de la querellante, y señala que no se ha probado que los investigados intervinieran para retrasar los pagos o provocar dilaciones .
También dice que las pruebas desmienten que esa empresa estuviera en mala situación económica . Y añade que se requirió un plan de viabilidad económica a esta empresa tras ser propuesta como adjudicataria del servicio y que nunca lo hizo. «Esto tiene una importancia crucial a la hora de entender el devenir de los hechos que se relatan en la querella», se recoge en el auto.
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