Igualdad evita evaluar los efectos de la autodeterminación de género de la nueva 'ley trans'

Todos ellos se cumplen en el caso de la nueva 'ley trans' que, además de establecer la autodeterminación de género, incluye una sección destinada a medidas en el ámbito de la familia, la infancia y la juventud. Pero, según ha podido saber ABC, el Ministerio de Igualdad argumentó que «por la naturaleza y contenido de esta norma, no se considera necesario introducir mecanismos específicos de evaluación», ni someter al texto a la evaluación ex post dentro del Plan Anual Normativo. Y el Ministerio de Presidencia lo aceptó para no abrir un nuevo debate sobre la ley con posterioridad a su aprobación.

El citado real decreto añade otros cuatro criterios motivantes de que una ley sea evaluada a posteriori pero todos ellos más enfocados a leyes de carácter económico. Desde que el coste o ahorro presupuestario de la nueva ley sea significativo, a que conlleve un incremento o reducción de cargas administrativas significativo, pasando por que tenga impacto económico o efectos significativos sobre la unidad de mercado. En este contexto, cabe destacar que Igualdad también presume de que la nueva 'ley trans' reducirá las cargas administrativas al a eliminar la exigencia de requisitos para la rectificación registral del sexo. Esto se debe a que desaparece la necesidad de presentar informe de médico o psicológico en el que se diagnostique disforia de género, y a que dejará de exigirse el informe de tratamiento médico, durante al menos dos años, para acomodar las características físicas de la persona que quiera cambiar de sexo a las correspondientes al sexo reclamado.

Ante la falta de controles sobre los efectos que tendrá el nuevo texto, fuentes de Igualdad intentan justificar que la norma sí prevé «una evaluación de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas LGTBI, de carácter cuatrienal, así como una evaluación de la Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans, también de carácter cuatrienal».

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Pero ninguna de esas evaluaciones responden a lo que establece el real decreto que regula el Plan Anual Normativo. Para empezar por que esas evaluaciones tendrán lugar cada cuatro años y para continuar porque estarán centradas en la discriminación o inclusión de un colectivo en la sociedad y no en todos los efectos que la nueva ley puede conllevar. No en vano, la evaluación regulada debe medir la sostenibilidad de una ley a futuro, es decir, los efectos no previstos que puedan comprometer su viabilidad. Y este es un punto clave en el texto trans ya que numerosos expertos han advertido que, tal y como ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, puede conllevar efectos negativos.

Además, la evaluación oficial también incluye la medición de sus resultados, su eficacia (en qué medida ha conseguido los fines pretendidos) y su eficiencia (la identificación de las cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias. Igualdad solo señala que «cabe esperar» que sus evaluaciones cuatrienales «permitirán evaluar el impacto de la ley».