La Xunta no se cree el plan industrial de Ferroatlántica y deniega la segregación
La compañía recurrirá la decisión, que «frena una inversión de 100 millones de euros»
La Xunta frenó ayer en seco las pretensiones de Ferroatlántica al anunciar que no autorizará la segregación de sus centrales hidroeléctricas en la Costa da Morte de la actividad de ferroaleaciones en Cee-Dumbría, dos negocios unidos por una misma concesión administrativa. La compañía había solicitado la nulidad de la cláusula que impedía esta segregación, tras la cual pretendía vender las centrales y obtener la liquidez necesaria para emprender un plan industrial, que se ramificaba a Galicia.
Es precisamente la falta de credibilidad de este plan lo que sostiene la decisión del gobierno autonómico —expresada a través de Augas de Galicia, el organismo competente— de denegar la segregación. A través de una escueta nota, la Xunta asevera que, con la documentación facilitada por la compañía, «se dictaminó que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios que fija la legislación para eliminar la condición esencial prevista en la concesión, que consiste fundamentalmente en garantizar el mantenimiento de la actividad industrial» de la planta de ferroaleaciones.
Precisamente, este era uno de los argumentos fuerza de Ferroatlántica. La empresa defendía que parte de los ingresos derivados de la venta de las centrales se reinvertiría en Cee-Dumbría y en la mejora de las instalaciones de Sabón, donde se contemplaba incluso la construcción de una planta de silicio solar. La inversión ascendería a 100 millones de euros.
Para reforzar la solvencia de su propuesta, Ferroatlántica llegó a poner encima de la mesa el compromiso de garantizar los 30 puestos de trabajo de los saltos hidroeléctricos por un plazo de siete años. Pero no ha sido suficiente para torcer el criterio de la administración autonómica, cuya resolución se ha basado en informes de la asesoría jurídica de la Xunta. «No se dan las condiciones necesarias ni se cumplen los requisitos legales para suprimir la condición actualmente vigente en la concesión» , que une indisolublemente el negocio energético con las ferroaleaciones. Ferroatlántica, por su parte, defendía la postura contraria: el contexto actual en nada se parece al que existía en 1992 cuando se autorizó la concesión de explotación conjunta.
En su nota, la Xunta subraya su «apuesta por la máxima transparencia —aunque la resolución no ha sido hecha pública por el momento— y el diálogo permanente», y en ella enmarca la comunicación que ayer hizo a alcaldes y trabajadores de la comarca con el sentido de su decisión. Alberto Núñez Feijóo telefoneó personalmente a los alcaldes de Cee y Dumbría, mientras que el conselleiro de Economía, Francisco Conde, hizo lo propio con el presidente del comité de empresa de la Costa da Morte.
Además, el gobierno gallego recuerda que en el análisis de la solicitud de Ferroatlántica se han tenido en cuenta los dictámenes jurídicos que empresa y trabajadores presentaron, avalados cada uno por firmas de prestigio del ámbito académico.
Recurso anunciado
Ferroatlántica respondió al pronunciamiento de la Xunta adelantando que recurrirá esta decisión, primero en el ámbito administrativo, y posteriormente ante los tribunales, por entender que «es flagrantemente contraria a Derecho». Además, desbarata su plan industrial, por lo que «perjudica gravemente los intereses de Galicia al despreciar la creación de 200 empleos directos y 300 indirectos en Sabón, Cee y Dumbría». Incluso desliza otra consecuencia: no está garantizada la estabilidad de los trabajadores de la Costa da Morte y no se descarta «adoptar medidas reorganizativas en sus instalaciones», así como recortes en la labor de mecenazgo social en la comarca.
La tercera parte en este conflicto son los trabajadores de las centrales de CeeDumbría, que desde un principio se opusieron a la pretensión de la empresa. Para Alfonso Mouzo, uno de sus portavoces, «es una victoria de la movilización social» de los obreros y los alcaldes de la zona. Ante la amenaza de la multinacional de recurrir la negativa de la Xunta hasta en los tribunales, Mouzo consideró que «es una batalla ganada», después de que «hace 25 años la empresa ya recurrió a la justicia, llegando al Tribunal Supremo, y perdió».
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