Vigo veta las protestas ciudadanas entre gritos de «dictadura pura»

Se acabó la exhibición de carteles a los que la ciudadanía recurría para quejarse en los plenos de Vigo o apoyar, las menos de las veces, al equipo de Gobierno. Pero lo más grave, al menos así lo ve la oposición, es que el nuevo reglamento orgánico aprobado ayer pone coto a la entrega de expedientes o, lo que es lo mismo, limita la labor de fiscalización y control de la oposición. Se les facilitará esta documentación siempre y cuando no afecte a la eficacia administrativa, reza la norma. También se regula la presencia de los medios de comunicación en el salón plenario , que deberán contar a partir de hoy mismo con el permiso expreso del alcalde, Abel Caballero, para acceder.

«Un claro atentado a la democracia» , en opinión de PP y la Marea, que ayer volvían a coincidir en su argumentario contra una normativa aprobada mediante el rodillo de la mayoría absoluta: solo contó con el apoyo de los concejales socialistas.

Y por si el cruce de acusaciones entre bancadas no fuera suficiente, representantes de la plantilla de la empresa Linorsa y del colectivo Xuntos, presentes entre el público, censuraron el reglamento al grito de «dictadura pura y dura» y «alcalde tirano» . Destacados miembros de la plataforma ciudadana de denuncia de corrupción, escenificaron su rechazo de espaldas al pleno y con la boca tapada.

Muy distinta fue la versión que el portavoz del Gobierno, Carlos López Font , ofreció en su defensa a un texto «ajustado a las necesidades actuales» . En este sentido, destacó entre los «importantes avances introducidos» que «refrenda el carácter público del pleno a la vez que garantiza la labor de los concejales». Un ejemplo de «transparencia y buenas prácticas».

«Gravísimo» es en opinión del PP que el equipo de Caballero haya aprobado en solitario un texto que «lo que busca es callar a la ciudadanía y a la oposición», en palabras de Elena Muñoz , quien lamentó que «se confunda mayoría con tiranía».

La portavoz municipal de los conservadores vigueses acentúo en su turno de intervención que la norma restringe los derechos de acceso a la información y los sitios reservados al resto de grupos municipales, «en un ejercicio de hipocresía política y a través de un documento más antidemocrático y menos transparente de este país» . Extremo este último en el que coincidió con Rubén Pérez , en representación de la Marea, quien denunció que «masacra derechos democráticos de los ciudadanos». En este sentido, lamentó que la polémica se centre en la prohibición de carteles cuando más grave es, si cabe, que se merme el derecho de los grupos a «acceder a expedientes». Asimismo, censuró que las enmiendas presentadas «fueran resueltas en cinco minutos en una comisión informativa».