Voto unánime del Parlamento
Vigo pone fin al discurso del agravio con la nueva ley para su Área Metropolitana
Caballero avanza que la primera petición será ampliarla hasta los 28 municipios
El Parlamento de Galicia escribió ayer una página más en la historia de la Comunidad tras aprobar la ley del Área Metropolitana de Vigo, más de veinte años después de que esta iniciativa se planteara por primera vez desde la ciudad olívica. Desde aquel lejano 1992 en que la recién nacida Mancomunidad de Vigo ya reclamaba su creación hasta el día de ayer, pasando por la Declaración de Soutomaior de 1999 , que oficializó esta demanda de la comarca olívica, un logro colectivo que agota los argumentos de quienes —cuarenta años después— sostienen todavía el discurso del Vigo agraviado por la historia y la construcción de la autonomía gallega.
Conscientes de su trascendencia, el texto legal —que reforma la primera ley ya aprobada hace cuatro años— salió adelante con el voto favorable de todos los grupos de la Cámara después de alcanzar un alto grado de consenso en el debate en ponencia y comisión, aunque el debate parlamentario estuvo marcado por la confrontación entre PP y PSOE. Los dos grandes partidos cruzaron reproches sobre la paternidad de los cambios en el articulado y los liderazgos de Alberto Núñez Feijóo y Abel Caballero.
En virtud del texto aprobado, Vigo tendrá consideración de capital de provincia , y liderará el Área que conformará junto a otros 13 municipios de su contorno. Este nuevo ente administrativo, al que voluntariamente se han incorporado cada uno de los concellos, tendrá competencias de la más diversa índole —transporte, servicios sociales, turismo, cultura, emergencias, etc—, y requerirá de cesiones por parte de las entidades locales y de la Diputación de Pontevedra.
«Lo más difícil viene ahora, cuando tengamos que ponerla en marcha», afirmó el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda , desde la tribuna de la Cámara, «hoy se hace historia pero hay que seguir haciéndola» . «No es un día para mirar atrás ni de buscar responsables por ninguna situación», añadió. Su petición no fue tenida en cuenta.
Cruce de reproches
El debate parlamentario estuvo dominado por el cruce de críticas entre el socialista Abel Losada y el popular Javier Dorado . El primero lamentó que la ley original pretendiera «gobernar Vigo desde fuera» y recibiera la contestación ciudadana a través de la mayoría absoluta obtenida por Abel Caballero en las pasadas elecciones municipales. «Lo que no ganaron en las urnas intentaron ganarlo en este Parlamento», incidió Losada, «han sido cuatro años de un fracaso anunciado». Rueda le recordó tácitamente que si la ley sale adelante es gracias a los 41 diputados del PP en la Cámara.
Por su parte, Dorado replicó que los retrasos en la puesta en marcha del Área Metropolitana sólo vinieron derivados por el afán «del alcalde de Vigo de priorizar sus intereses a los de los ciudadanos» . Para el diputado popular, la que está a punto de acabar ha sido «la legislatura de Vigo», tras ponerse en marcha proyectos como el hospital de Beade, la nueva depuradora, la consolidación del naval o Citroën, la rehabilitación del casco antiguo o la futura ciudad de la justicia. «Este no es el área ni de Feijóo ni de Caballero, sino de todos los vigueses» , finalizó Dorado.
Ampliación inmediata
El alcalde de Vigo asistió como invitado a un debate que, a su juicio, culmina «uno de los grandes días de Galicia desde el punto de vista de la ordenación territorial». «Esto es lo más importante que ha aprobado este Parlamento», y por ello expresó su «satisfacción». Además, Abel Caballero avanzó que la primera solicitud que planteará a la Xunta desde la presidencia del Área —que ejercerá por su condición de alcalde de Vigo— «será la ampliación a 28 o 29 municipios », para lo que se necesitará un decreto legislativo autonómico. «Estamos inmensamente felices», insistió.
Sus homólogos populares se expresaron en idéntica sintonía. La regidora de Mos, Nidia Arévalo , manifestó que todos los concellos del área «conformaremos el Gran Vigo» , y con la nueva figura administrativa permitirá «mejores servicios y menores costes» para los 480.000 ciudadanos que, en un primer momento, se beneficiarán de su entrada en funcionamiento.
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