Vía polémica por sus peajes
La transferencia de la AP-9 a Galicia dará con éxito su primer paso en el Congreso este martes
La aprobación a trámite de la propuesta de ley del Parlamento gallego se hará con el apoyo de PSOE y PP
Será este martes cuando llegue al Congreso de los Diputados el debate de la proposición de ley aprobada en el Parlamento gallego para la transferencia a la Xunta de la AP-9. Una vía polémica, con una nueva subida de peajes con el comienzo de 2021, lo que provoca que recorrerla íntegra sean más de 22 euros solo en esos peajes, y con 55 millones consignados en los presupuestos estatales para, por fin, comenzar a rebajar el paso por la autopista que vertebra Galicia , y ahora, con muchas posibilidades de que sea la propia autonomía la que pueda gestionarse la infraestructura. Aunque sea dentro de unos años.
Serán el vicepresidente primero del Parlamento gallego, Diego Calvo, la líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, los que defiendan en el Pleno de la Cámara Baja la propuesta. Llega a Madrid en un camino que ya recorrió en 2018 y que acabó con la aprobación en el Congreso con el voto favorable de todos los grandes partidos salvo Ciudadanos, que se abstuvo. Y este martes volverá a quedar admitida a trámite gracias a la votación a favor de los diputados del PSOE y el PP, que suman una cómoda mayoría absoluta. A ellos se unirán otras formaciones como el propio Bloque. Queda la duda de qué hará, por ejemplo, Vox.
A partir de ahí tendrá que continuar un largo camino, como el que recorren miles de ciudadanos a diario, con la repercusión económica en sus bolsillos que ello supone. El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha señalado este lunes en rueda de prensa, donde confirmó el voto afirmativo de la bancada popular, que no se trata de una transferencia «fácil» dado que la «propia inercia» de la Administración general del Estado dificulta cada paso, recoge Ep.
Precisamente que este sea un tema sobre la mesa desde hace años, provoca a veces escepticismo sobre si finalmente será esta la ocasión en la que se produzca esa transferencia que apoya de manera unánime O Hórreo. Es la tercera ley en este sentido que parte de la Cámara gallega. Las otras dos no fueron apoyadas por el Gobierno, que en aquel momento ostentaba el PP con Mariano Rajoy al mando . Pontón ha afirmado también este lunes que aguarda que sea «la definitiva» y que se pueda hacer esa transferencia «de la manera más rápida posible». Pontón tendrá este martes cinco minutos en la tribuna del Congreso para dar voz a la propuesta del Legislativo gallego.
También los tendrá Gonzalo Caballero, representando al PSdeG. El socialista ha criticado este lunes que Diego Calvo, y no el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, el que vaya a la capital de España. Ha disparado ante Feijóo y su partido, ya que no irá a «reconocer» que será un Gobierno socialista el que «cede» el traspaso de la AP-9 y el que facilitará la «rebaja» de peajes, recoge Ep.
Según recoge el texto aprobado y que aparece en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, una vez se de luz verde la Comunidad tendría autorización para « la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes , así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista», para supervisar e inspeccionar el funcionamiento correcto de la AP-9 o la potestad para sancionar »incumplimientos« de la concesionaria, modificaciones que afecten «al régimen económico-financiero de la concesión», haciendo hincapié «en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de la tarifas y peajes».
Será principalmente de programas de descuento que pueda proponer la concesionaria como «la aprobación normativa de los obligatorios a instancia del órgano competente en materia de carreteras de la Comunidad para colectivos específicos por motivos económicos o humanitarios». Por último, se podrán redactar y aprobar «convenios, o adendas a los actuales, para contemplar nuevas condiciones relativas al régimen de la concesión así como ampliaciones o reducciones de la actual ».
El Gobierno central conservará a su cargo, «respecto de la sociedad concesionaria de la autopista, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que fuesen motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que tuvo la competencia».
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